Dos profesores de la UMU abogan por «transformar el sistema para garantizar una educación inclusiva»

Pilar Arnaiz Sánchez es catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación del departamento del mismo nombre en la Universidad de Murcia. Imparte materias referidas a Educación inclusiva y dirige el grupo de investigación 'Educación inclusiva: una escuela para todos', nacido en 1993 y formado por una decena de investigadores

Salvador Alcaraz es profesor titular del mismo departamento y pertenece al citado grupo de investigación. Desde su grupo de investigación han trabajado con los centros educativos de la Región de Murcia con el fin de valorar distintas medidas extraordinarias puestas en marcha para el alumnado con necesidades educativas especiales.

En noviembre terminaron una investigación cuyo fin era estudiar qué cosas se están olvidando de la educación inclusiva en la Región de Murcia. La educación inclusiva, nos dice Pilar Arnaiz, es lo que hoy en día organismos oficiales como la Unesco, Save the Children y el Banco Mundial recomiendan para la educación de todos los alumnos, pero a veces no es fácil su puesta en práctica.

La investigación del grupo 'Educación inclusiva: una escuela para todos' ha posibilitado que se realice el mapa de la exclusión en la Región de Murcia, que permitirá aportar mejoras en la educación y también que esta educación vaya dirigida a todo el alumnado.

Otra investigación, comenzada recientemente, estudiará la situación de los centros de educación especial en la Región. Se trata, según comenta Salvador Alcaraz, de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que forma parte del plan estatal de investigación denominado proyecto Rol Especial. El proyecto va encaminado a estudiar el rol de los centros de educación especial en la encrucijada de la inclusión, así como propuestas de innovación y mejora. El estudio se hace con motivo de la celebración de los 30 años de la declaración de Salamanca, considerado el primer tratado internacional en el que se insta a los distintos estados y gobiernos a llevar a cabo la educación inclusiva en sus sistemas educativos. Han transcurrido 30 años de esta trascendental declaración, y aún hoy se puede afirmar que ningún sistema educativo puede ser definido como inclusivo.

Con este proyecto pretenden profundizar en cuál es la función que hoy desempeñan los centros en el sistema educativo de la Región de Murcia, e incluye a todos los agentes implicados: administración, equipos directivos, profesorado, alumnado y familias. «Queremos recabar toda la diversidad de pareceres para determinar el valor que se otorga a los centros, con el ánimo de crear, entre todos, un mapa de prioridades que se pueda difundir entre toda la comunidad educativa, y también, obviamente, en la administración», afirman.

Aseguran que la inclusión es un proceso largo, pero que hay que ir recorriendo sin tregua. Esos pasos son los que quieren reconocer e identificar, pero no desde el despacho de una facultad, sino que quieren hablar de realidades. Por esta razón están visitando todos los centros, con el fin de escuchar sus realidades de primera mano. Solo así, sus propuestas, nos dicen, serán realistas. La idea es también establecer proyectos de innovación entre los centros de educación especial y los ordinarios para que puedan tejer redes de colaboración. El proyecto se extenderá a lo largo de tres años, y en estos momentos están en el primero de ellos.

Asegura Pilar Arnaiz que dar voz a las distintas partes, asociaciones de padres, administración, comunidad educativa…, es una característica que procuran siempre tener presente en sus trabajos de investigación: «No son investigaciones basadas exclusivamente en documentos, sino que bajamos al terreno siempre». Según afirman: «Escuchamos sus voces y les damos participación, incluso a alumnado con dificultades para hablar», a los que proveen de técnicas para que se puedan comunicar con los investigadores.

Afirma Arnaiz que, a pesar de que gozamos de leyes inclusivas, la realidad que encuentran en los centros es que no se ponen en práctica, pues se necesitan más recursos. Esta escasez de recursos lleva a veces a que aquellos modelos que caracterizaban la educación especial más tradicional, que tendrían ya que estar eliminados de la práctica, permanezcan todavía en uso. Lo que conlleva, según Pilar Arnaiz, que tengamos unas leyes sobre educación inclusiva del siglo XXI, pero que en nuestras aulas se siga ofreciendo una educación del siglo XX: «Necesitamos una reforma radical de los sistemas educativos si queremos salir de estos caducos esquemas».

Con el modelo de educación inclusiva se produce, según los investigadores, una curiosidad: que la norma ha ido por delante de la práctica. La ley establece que la educación inclusiva tiene que caracterizar el sistema educativo, pero cuando nos aproximamos a la realidad se ve que se llevan a cabo prácticas que poco o nada tienen que ver con la noción de educación inclusiva.

Asegura Alcaraz que la educación inclusiva es un proyecto poliédrico, y añade que el concepto se entiende de manera distinta según los países, algo que, en su opinión, dificulta la comprensión de las políticas y las prácticas educativas. Esta situación, a su juicio, constituye una de las barreras, para avanzar en educación inclusiva.

La Lomloe hace una apuesta clara por la educación inclusiva, asegura Arnaiz, definiendo cómo debemos trabajar en las aulas, proponiendo la inclusión como principio y fin de la educación, decretando que esta tiene que ser inclusiva, de calidad, equitativa… no hay ninguna duda si observamos la exposición de lo que dice la ley, pero falta la actitud y el cambio de mentalidad que tiene que llevar a un cambio metodológico en el trabajo en el aula. Y es que, la educación inclusiva requiere un modelo ecológico, sistémico y multiagencia sobre el que trabajar en lugar de este modelo en el que estamos anclados ya tanto tiempo, afirma Pilar Arnaiz.

La investigadora realiza un recorrido por la historia de estos conceptos: primero se hablaba de educación especial, después llegó el movimiento de la integración escolar, en el que empezaron a venir los alumnos a la escuela ordinaria, y ahora hablamos de educación inclusiva, «pero a menudo todo se queda en un cambio de términos y palabras y no de fondo», comenta con resignación. «La educación inclusiva es una educación para todo el alumnado, debe ser de calidad, equitativa y que ponga en marcha la justicia social», remarca Pilar Arnaiz.

Según un documento reciente de la Unesco, la educación inclusiva es un proyecto educativo en el que todos los alumnos se tienen que beneficiar de una educación de calidad, pero especialmente los más vulnerables, los que tienen más problemas, y otra vez estamos tratando de asimilar que la educación inclusiva es algo que tiene los mismos objetivos que la educación especial, cuando en realidad se trata de un paradigma diferente y que afecta a todos los alumnos.

«No podemos acomodarnos a que cientos de alumnos de nuestro sistema estén sometidos a discriminación y a unas prácticas de exclusión. Aunque la cantidad, en términos estadísticos, sea reducida, merece la pena transformar todo el sistema para posibilitar la educación de un solo alumno», comenta la catedrática de la UMU, Pilar Arnaiz.

La educación inclusiva se va definiendo como lo que debe ser: un proyecto social, participativo, y en el que se derriben los muros de las escuelas, de lo que está fuera de ellas, que finalmente es la vida.

«La educación inclusiva necesita de todos, no solamente de los expertos en educación y de los docentes. Es la actualización del viejo proverbio africano que afirma que para educar a un niño necesitamos de toda la tribu. Hay que establecer las sinergias entre la comunidad social y la escolar», dice Alcaraz.

Comenta Arnaiz que, hoy en día, se ha derribado el muro de Berlín, ha caído el apartheid, «pero estamos viendo que a lo mejor hay un niño que no puede ir a la escuela ordinaria y está siendo escolarizado en un centro específico o en un aula especializada, y no se pone la mirada en qué recursos tendría que tener esa aula ordinaria para que ese niño pudiera ir allí». Hay todavía muchas barreras que es necesario derribar para que este paradigma de la inclusión se convierta en una realidad, reflexiona.

«Necesitamos unas administraciones que no persigan operaciones cosméticas en educación, sino que apunten firmemente por la educación inclusiva, que financien y apoyen con recursos para hacer efectiva la educación inclusiva, porque al final puede haber un cierto descreimiento, una desafección que genera esa apatía institucional que quizás se esté viviendo ahora», comenta Alcaraz.

La propia Lomloe, apunta Pilar Arnaiz, propone un plazo de diez años desde su promulgación para que la inclusión se convierta en una realidad. Sería muy interesante, añade, que para el 2030 viéramos un avance mucho mayor que el que hemos visto en los 30 años desde que se promulgó la declaración de Salamanca. Una fecha paradigmática que coincidiría con el final de la agenda 2030 y que supondría un magnífico colofón para culminar el objetivo cuarto de los ODS, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

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