Portmán, otro año en blanco

Se trata de un problema de complejidad técnica pero también económico, porque remover los estériles contaminantes que cegaron la bahía de La Unión durante treinta años supone un esfuerzo económico tan grande (entre 80 y 90 millones de euros) que Hacienda debe dar el visto bueno. Al menos para ejecutar el plan que exigen los vecinos y el Ayuntamiento: retranquear la línea de costa en 190 metros.

El Gobierno central sí vería viable una opción más sencilla, pero también menos ambiciosa ambientalmente. Quizá pese en el bolsillo estatal el compromiso de más de 484 millones hasta 2026 para el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor. Esta legislatura no será fácil y habrá más que palabras por el reparto del dinero.

La laguna salada aguantó las olas de calor y no entró en anoxia -falta de oxígeno en el agua- ni se agravó su estado de eutrofización pese a los récords de temperatura del pasado verano. Ningún milagro. La Comunidad Autónoma destinó millones a retirar biomasa de las orillas para evitar su putrefacción, una respiración asistida criticada por plataformas sociales y conservacionistas, que consideran estos trabajos 'soluciones de fin de tubería', pero defendida por el Gobierno regional.

En este 2023 que se escapa el Miteco presumió de haber puesto en marcha todas las medidas exigidas por el Parlamento Europeo para la recuperación del humedal, entre ellas la clausura de casi 9.000 hectáreas de regadíos ilegales.

Queda pendiente la aprobación del reglamento de la ley de personalidad jurídica, una norma pionera que ya ha invocado un juez de Cartagena. Y ver en qué queda la nueva ley del Mar Menor que el vicepresidente Antelo (Vox) asegura estar preparando y de la que el Gobierno regional se desmarca.