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Meses después de que Pedro Antonio Sánchez se convirtiese en el primer presidente regional en ser condenado por corrupción -en el 'caso Auditorio'-, la Justicia ... murciana prepara ya otro banquillo de altura. A Ramón Luis Valcárcel, quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región, no le queda mucho tiempo antes de tener que responder ante la diosa de los ojos vendados por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras. La espada de Damocles que pende sobre su cabeza no es, además, nada desdeñable. El fiscal reclama hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014. No tiene ninguna duda a la hora de colocarlo al frente de la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora. Valcárcel llegó a paladear el sobreseimiento pero la Audiencia impuso su criterio y la instructora lo apunta con claridad como impulsor del proyecto. Este será el principal hito de un nuevo año judicial que se prevé aún más cuesta arriba y que arrancará el próximo 11 de enero con el macrojuicio de 'El Karateca'. Las hasta 35 sesiones de la vista contra Pedro S. G. y una treintena de presuntos miembros de su organización criminal, dedicada a la producción y venta de marihuana a gran escala, se aplazó por la pandemia y ha tenido que esperar más de dos años para encontrar un nuevo hueco en una agenda que no da más de sí. Los efectos de las sucesivas huelgas en esta administración han convertido a la Justicia murciana, atenazada desde hace años por la elevada litigiosidad y la falta de medios, en la más lenta del país. El catedrático de Medicina Legal y Forense de la universidad portuguesa de Coimbra Duarte Nuno Vieira ya lo advertía recientemente en una entrevista en LA VERDAD: «La justicia caliente no es justicia, pero tampoco la que llega veinte años después».
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