El fin de la impunidad

En el mejor de los casos, o en el peor, pues todo depende de la perspectiva desde la que se mire, el asunto se saldará con penas que no motivarán el ingreso en prisión de estos sospechosos de la comisión de delitos contra el medio ambiente, así como con la fijación de indemnizaciones que nunca llegarían a superar globalmente los 20 millones de euros.

Sirva todo esto a modo de advertencia, pues sabido es que, quien poco espera, rara vez se sentirá decepcionado.

El principal efecto social y hasta ambiental de este procedimiento judicial, iniciado a raíz de una denuncia de la Fiscalía Superior de la Región, radica en que ha servido para acabar con la vergonzante sensación de impunidad que durante décadas se asentó en torno a la actividad agrícola de la comarca del Campo de Cartagena. Y es que, si algo ha quedado de manifiesto con esta investigación, es que tanto para los gobiernos que presidió el popular Ramón Luis Valcárcel como para la CHS, a cuyo frente se han ido alternando en las dos últimas décadas dirigentes del PSOE y del PP, el bienestar ambiental del Mar Menor siempre fue algo prescindible e irrisorio frente al descomunal caladero de dinero y de votos que constituía el campo murciano. Y eso, al fin, se ha terminado.