El Mar Menor, bajo la ley

Al menos se produjeron avances legales: el 22 de julio se aprobó en la Asamblea Regional la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, después de siete meses de tramitación, aunque con críticas de ecologistas y colectivos sociales, que la consideran permisiva con los cultivos pese a que la nueva normativa establece una franja de protección de 1.500 metros donde solo se permite la «agricultura ecológica y sostenible de precisión» y nunca a menos de 500 metros del agua. El sector agrario también la rechaza por sentirse criminalizado y perjudicado económicamente. El Tribunal Constitucional examinará la norma tras un recurso de Vox: el partido ultraconservador la ve «contraria a la propiedad privada».

El año se cerró con la confirmación de que el Ministerio descarta la principal infraestructura del Plan de Vertido Cero, el gran colector presupuestado en 70 millones, para apostar por soluciones basadas en la naturaleza: filtros verdes, reforestaciones y recuperación de humedales.

La mejora del Mar Menor pasa también por la restitución del dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa de La Manga ocupado por Puerto Mayor, que deberá abordarse en 2021 después de que la Comunidad Autónoma haya declarado caducada la concesión administrativa otorgada en 1975.

La frustrada compra de Cabo Cope por la Asociación de Naturalistas del Sureste también produjo un llamativo fogonazo informativo en 2020.