Llegó el fin del bipartidismo: ¿Y ahora qué?

En la última década el mundo está viviendo una serie de acciones sociales, como el movimiento 15M que en España dio lugar a la aparición de nuevas formaciones políticas y supuso el fin del bipartidismo que hasta ese momento se disputaban PP y PSOE. Claro que los efectos van más allá. La radical transformación obrada por las sucesivas elecciones generales y autonómicas celebradas a lo largo de 2015 y 2016 en la composición de las Cortes Generales y de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, marcada por el descenso de los dos grandes partidos mayoritarios y la irrupción de nuevas formaciones políticas (determinantes ahora de la gobernabilidad) ha afectado profundamente al ejercicio de todas las funciones parlamentarias, y muy particularmente, a la que constituye la función principal y genuina de aquellas Cámaras, la potestad legislativa.

En la Región de Murcia, los comicios celebrados el 24 de mayo de 2015 tuvieron dos novedades importantes: el PP gana, pero pierde la mayoría absoluta que ostentaba durante veinte años, y se incorporan con una presencia notable dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos. En el nuevo contexto político, el desencuentro -cuando no el directo enfrentamiento- entre el Parlamento y el Gobierno, o más exactamente, entre la oposición parlamentaria al Gobierno y éste y su mayoría, se ha convertido en el denominador común de la actividad legislativa regional.

Esta situación ha permitido a David Parra, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, desarrollar el trabajo 'Consecuencias del nuevo escenario político en la actividad legislativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia', que le ha valido el Premio de Investigación Jurídica 'In memoriam Dr. Antonio Reverte Navarro'.

Entre las conclusiones principales del mismo destaca que «uno de los principales síntomas del desencuentro legislativo Gobierno-Asamblea que trajo consigo el insólito escenario parlamentario regional es que el Consejo de Gobierno ha asistido con resignación a un gran incremento numérico de las iniciativas legislativas presentadas por los grupos de la oposición. Así, si en la VIII Legislatura (2011-2015) la mayoría de las proposiciones de ley presentadas en la Asamblea murciana lo fueron por el grupo parlamentario popular (el 65,45 % de las mismas), en la IX Legislatura (2015-2019) lo han sido por los grupos de la oposición (el 62,85 %)».

Por otro lado, del trabajo de Parra se desprende que «a la vez, el Ejecutivo regional ha encontrado serias dificultades para sacar adelante muchas de sus iniciativas legislativas, dificultades que se han trasladado, obviamente, a su grupo político en la Cámara autonómica. Tanto es así que, en contra de la práctica habitual propia de todos los sistemas parlamentarios, según la cual el número de proposiciones de ley que se convierte en ley es muy poco relevante si se compara con el de los proyectos de ley, la iniciativa legislativa del Gobierno y la de su grupo en la Cámara han visto reducido considerablemente su porcentaje de éxito».

El nuevo escenario parlamentario fraccionado ha traído también consigo todo un giro de 180 grados en la práctica de la prerrogativa de veto presupuestario del Gobierno, es decir, de su capacidad para oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas proposiciones de ley presentadas por la oposición que supongan aumento de créditos o disminución de ingresos, pues de su casi total desaparición se ha pasado a un uso frecuente de la misma. Vetos gubernamentales que, además, y en contra de lo que también era praxis acostumbrada, han sido en muchos casos rechazados por la Mesa de la Asamblea.

En efecto, según David Parra, «el Consejo de Gobierno, que en la anterior legislatura no hizo uso de su potestad de veto, ha formulado en la legislatura recientemente finalizada un total de 10 vetos a proposiciones de la oposición, de los cuales la Mesa de la Asamblea Regional ha rechazado 8 (en concreto, ha rechazado los vetos gubernamentales a 4 proposiciones del G.P. Socialista sobre medidas fiscales, igualdad del colectivo LGTB, parejas de hecho y gratuidad de libros; a 1 proposición del G.P. Podemos sobre atención temprana; a 2 proposiciones presentadas conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos sobre televisión regional y cambio climático; y a 1 del G.P. Ciudadanos sobre patrimonio cultural), aceptando solo 2 vetos (uno a proposición socialista sobre el Hospital Rosell de Cartagena y otro del G.P. Ciudadanos sobre tributos cedidos)».

Asimismo, el panorama parlamentario regional ha dado pie a otras dos importantes consecuencias en el desarrollo de la función legislativa. En primer lugar, se ha producido un tímido crecimiento de la labor de control parlamentario de los decretos-leyes (bien a través de su no convalidación y, por ende, derogación, bien a través de su tramitación como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia), y ello a pesar de que, en contra de lo que cabía esperar, el abuso del decreto-ley autonómico ha alcanzado, también en la Región de Murcia, proporciones alarmantes.

En segundo término -en palabras del profesor de la UMU-, «la facultad que el art. 87.2 CE reconoce a la Asamblea murciana para estimular la iniciativa legislativa del Gobierno de la Nación, lejos de situarse en el terreno de la colaboración entre instituciones en aras de una mejor integración política, ha sido actuada como mecanismo de oposición política, no ya, como en los tiempos de mayorías absolutas del PP, de esta mayoría frente a las fuerzas opositoras, a las que se les encaraba con el Gobierno central de su propio color, evidenciando, así, que era éste el que permanecía inerte y desentendido respecto del objeto cuya activación se le solicitaba, sino de la oposición ahora mayoritaria en la Cámara regional (PSOE, Podemos y Ciudadanos) frente al Ejecutivo popular».

En definitiva, David Parra cree que «la fragmentación política comentada propició 'ab initio' en el seno de varios Parlamentos autonómicos un debate de calado sobre la necesidad de reformar aspectos esenciales del respectivo sistema electoral. Debate que respondía, en cierto modo, a la demanda ciudadana -de la que se habían hecho eco los nuevos partidos en sus respectivos programas electorales- sobre la necesidad de contar con un sistema electoral más justo que diera igual valor al voto de los ciudadanos para elegir a sus representantes».

El paradigma de esta tendencia lo encontramos en la Región de Murcia, donde tras las elecciones de mayo de 2015 el pacto entre Ciudadanos y PP para investir a un presidente popular incluyó una reforma de la ley electoral en dirección opuesta a la que había defendido este último partido en la anterior legislatura autonómica, reforma que, al elevar la proporcionalidad mediante la rebaja la barrera electoral del 5 % al 3 % y la implantación de una única circunscripción, probablemente debilitará la representación de las fuerzas políticas tradicionalmente hegemónicas y facilitará la entrada de nuevos partidos en el Parlamento regional.