«La unidad de España debe ser inamovible»

La apertura del 'melón constitucional'. Tras 40 años de vigencia de la Carta Magna, el uso de esta expresión ha dejado de sonar solo como un rumor para convertirse en un objeto de debate central en la agenda política nacional. Pero un asunto tan delicado como la actualización del texto fundacional del sistema democrático español genera dudas y opiniones encontradas sobre qué cambios es necesario introducir y qué apartados no deben ser tocados bajo ningún concepto.

Treinta autoridades, personalidades y profesionales de la Región de Murcia apelan a varias ideas recurrentes al ser preguntados por estas posibles modificaciones. Una de ellas, en línea con las reivindicaciones de igualdad de género tan en boga socialmente, es la derogación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al Trono. Otra es la de revisar aquellos elementos del Estado autonómico, incluido el reparto competencial, que pueden haber generado diferencias en los derechos y obligaciones de los habitantes de las diferentes comunidades autónomas. Y es que, precisamente, la respuesta más repetida cuando se les pregunta por los elementos a preservar de la Constitución del 78 es la unidad de la nación española y la residencia de su soberanía en la totalidad del pueblo español. La otra gran cuestión a defender es el capítulo de los derechos sociales y libertades, aunque muchos muestran preferencias personales por ciertos artículos e incluso piden una mayor protección para otros, fundamentales o no.

Mención aparte merece el principio de separación de poderes, ya consagrado en el texto constitucional, ya que los encuestados no solo piden su mantenimiento incuestionable, sino que se ahonde en la defensa de su independencia, especialmente en el de la Justicia. Dichas apreciaciones vienen claramente marcadas por las polémicas que han salpicado a algunos órganos judiciales y al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en las últimas fechas.

En caso de que se abordase la modificación del texto de la Carta Magna, propondría elevar a categoría constitucional algunos derechos sociales fundamentales que hoy gozan de mayor reconocimiento que hace 40 años. La libertad es el principio básico e inamovible sobre el que gira nuestra Constitución.

Cambiaría el artículo 135 porque debe ser responsabilidad del Estado prestar ayuda a quienes la necesiten a través de políticas sociales. Y debería cobrar relevancia el 47, porque la crisis ha dejado a muchas personas sin hogar y las administraciones debemos trabajar unidas para garantizar una vivienda digna.

Es inamovible la igualdad entre españoles, pues todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con independencia del lugar que habitemos. Pero aún más el artículo 2, que recoge la solidaridad entre regiones, una máxima que quizá habría que reforzar de cara al futuro para que nadie pudiera obviarlo.

La adaptaría a un modelo federal como el que en la práctica tenemos, lo que evitaría tensiones y problemas innecesarios entre los distintos territorios. Debe ser innegociable el capítulo que recoge los derechos sociales y libertades individuales, garantizándolos frente a los sectores que los ponen en cuestión.

Eliminaría la preferencia del varón en la sucesión al Trono, los aforamientos, el Senado, las diputaciones y la provincia como circunscripción electoral. Cambiaría el modo de elección del CGPJ. Debería ser inamovible la unidad del Estado, así como los derechos a la educación y a la protección de la salud.

Cualquier cambio exige gran consenso y la igualdad entre hombres y mujeres es incuestionable, por lo que se debe reformar la sucesión a la Corona. Intocable es la soberanía nacional, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la igualdad de los españoles ante la ley.

La Constitución es lo mejor que nos ha pasado como pueblo en 40 años. Los cambios deben ser mínimos y tendentes a corregir lo que ha generado diferencias entre los derechos y obligaciones de los habitantes de las distintas autonomías. Se debe preservar la solidaridad interregional frente a los intereses particulares.

Reformaría todo aquello que se considere obsoleto o que no haya resultado útil, siempre que los españoles lo decidan mayoritaria, democrática y solidariamente. Lo que es incuestionable es la unidad de España y los derechos básicos, es decir, aquellos que se consideran derechos humanos.

La Constitución debe acomodarse a los tiempos y no permanecer anclada en su momento. Debería revisarse la independencia de la Justicia y el sistema electoral, para que sea más acorde con la representatividad de los ciudadanos. No movería el artículo 44, sobre el derecho a la cultura de los españoles.

Propondría incluir la obligación de aprovechar las elecciones para realizar consultas a los ciudadanos sobre asuntos de interés. Aunque resulte obvio, debe ser incuestionable que la soberanía nacional resida en el pueblo y garantizar efectivamente la independencia de los tres poderes del Estado.

No creo que sea tan necesario cambiarla como hacerla cumplir, por ejemplo en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión o a evitar un sistema fiscal de carácter confiscatorio, como en el caso de los autónomos. Debería ser inamovible un sistema de pensiones adecuado y la protección de la salud.

Veo reformable el reparto de competencias, con el consenso y sentido de Estado que vio nacer la Carta Magna. Es inamovible la configuración de España como Estado social y democrático de Derecho, fundamentado en una Nación indisoluble, bajo una monarquía parlamentaria y con derechos y libertades públicas.

Derogaría la obligación del Estado a priorizar el pago de la deuda pública, y garantizaría los derechos sociales recogidos en el Capítulo III. Por último, ampliaría la protección al medio ambiente, estableciéndola desde un punto de vista ecocentrista, en lugar de antropocentrista como está recogida ahora.

Los derechos sociales podrían convertirse en fundamentales y los fundamentales deben completarse, ya que el avance social los ha superado. Podría reformarse la propuesta del candidato a la presidencia del Gobierno. El reparto de competencias autonómico debe ser fijado claramente y revisado.

Es posible que, tras 40 años, haya cosas que cambiar. Pero si se modifica debe ser pausadamente y con conocimiento de las consecuencias. Hay que sopesar los pros y los contras de cada artículo antes de cambiarlo. De momento está bien, pero indudablemente el paso del tiempo hará que se revise.

Es posible que, tras 40 años, haya cosas que cambiar. Pero si se modifica debe ser pausadamente y con conocimiento de las consecuencias. Hay que sopesar los pros y los contras de cada artículo antes de cambiarlo. De momento está bien, pero indudablemente el paso del tiempo hará que se revise.

Creo en la integridad del territorio, tal y como dice el artículo 2, y en la convivencia de los españoles independientemente de las singularidades históricas, lingüísticas y culturales que tiene cada región. También entiendo que las sociedades evolucionan y habrá cuestiones, sobre todo sociales, que adaptar.

Hay cosas urgentes que revisar: la ordenación territorial con el fin de las diferencias abismales entre comunidades, la permanencia o no de la monarquía, un sistema electoral más justo (un hombre, un voto) y la prohibición de aforamientos políticos. No creo que nada deba permanecer inmutable.

Establecería más equilibrio entre las competencias que asume el Estado y las autonomías. Entre ellas, devolvería la Educación al Gobierno central y parte de la Sanidad, que ahora tienen las comunidades. Mantendría inamovibles los artículos referidos a los derechos fundamentales de igualdad y libertad.

Tras la crisis que hemos sufrido, cobra especial relevancia el artículo 47 que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las normas para hacerlo efectivo. Además, incluiría el derecho a unas ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

No modificaría ni una coma de los derechos fundamentales y libertades. De hecho, si fuera posible, los pondría en negrita. Sí cambiaría el Título VI, donde se regula el Poder Judicial. La Constitución debe garantizar la separación de poderes y la independencia judicial y la conformación actual del CGPJ lo imposibilita.

La indisoluble unidad de la Nación y la soberanía del pueblo español son principios claves e inamovibles de nuestra Carta Magna. Tras cuarenta años de la Constitución, es importante mantener estos artículos y enriquecer el texto con nuevas aportaciones que garanticen un sistema educativo único en España.

Se debe establecer la igualdad en la sucesión de la Corona, suprimir la inmunidad parlamentaria o modificar el nombramiento de cargos judiciales. Es inamovible, además de los derechos fundamentales y libertades, la concepción de España como monarquía parlamentaria aconfesional y la unidad territorial.

Mantendría la unidad del Estado. Las sinergias que se producen en cuanto a negociación y solidaridad son más fuertes en un país grande. Sí cambiaría la ley electoral, para dotarla de más estabilidad política, y plantearía la vuelta del 80% de competencias, como Educación y Sanidad, al Gobierno central.

Las diferencias entre los Estatutos de las comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Esta condición debe ser inamovible y procurar los medios para que sea efectiva. Por el contrario, debe eliminarse la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión monárquica.

Ha propiciado el progreso social y económico de España. Posiblemente, para seguir desempeñando esa misma función se aconseja alguna reforma. Por ejemplo, en relación con la estructura territorial del Estado. Y, muy claramente, para incorporar los derechos humanos de tercera y cuarta generación.

Consideraría que no se debe modificar de ninguna manera la proclamación de la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social. Por otra parte, creo que habría que reformar en la Constitución Española la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona.

Habría que cambiar el título referido a las autonomías, para añadir que «todos los españoles tenemos los mismos derechos educativos, sanitarios y asistenciales». Debería ser inamovible la unidad de España, subrayando que la soberanía no radica en ningún territorio, sino en el conjunto del pueblo español.

Los diputados y senadores deben responder ante la justicia como cualquier ciudadano. Eso debe cambiar, y lo que debe permanecer a toda costa es la indisoluble unidad de la nación, la residencia de la soberanía en el pueblo y la obligatoriedad de que todos hablemos el castellano como lengua oficial.

No modificaría la unidad de la nación española y derechos como la libertad, la justicia y el pluralismo político. Pero sí revisaría algunos derechos que no se están cumpliendo, como los de los artículos 35 o 47, porque es de primordial necesidad que todo ciudadano español tenga la dignidad básica.