Cartagena revela su deseo provincialista

En «defensa de Cartagena y de la sagrada unidad de España», diez mil ciudadanos convocados por el recién constituido Partido Cantonal se concentraron el 17 de abril de 1978 en la Plaza del Ayuntamiento para reclamar una provincia propia, escindida de la de Murcia. Eran momentos de efervescencia localista contagiada por un partido formado a finales de 1976, presentado en marzo de 1977 y desarrollado en 1978 al calor de la incipiente democracia, para «defender los intereses de Cartagena», en palabras del abogado Julio Frigard Romero de Germes, su cofundador junto al doctor Carlos Romero Galiana.

Aquella multitudinaria concentración fue uno de los grandes hitos de la Transición en una Cartagena que un día se despertaba con los gritos de protesta de los trabajadores de las empresas nacionales, que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales, y otro, con el ruido de sables en los cuarteles que tanta preponderancia tenían entonces en la vida local. Aun siendo convocada por cartageneros de identidad cantonal, la concentración estuvo desprovista de matices partidistas. Solo ondearon banderas de España y de Cartagena. Una del Partido del Trabajo de España (PTE) que asomó tímidamente en un instante de la concentración fue retirada de inmediato.

Ese día, el comercio anticipó su cierre para que los cartageneros pudieran estar a las ocho de la tarde ante su Palacio Consistorial. La plaza se quedó pequeña, según las crónicas de la época, que resaltan la presencia multitudinaria de gente también por las calles aledañas, como Mayor y Cañón, así como su comportamiento «cívico». En apenas una hora, los oradores José Bonet, Marta Gómez, Ángel Lorente Gallurt, Luis Ruipérez, Carlos Romero y Julio Frigard reclamaron la constitución de la provincia, dentro de la integración nacional. Hubo gritos de «¡Cartagena unida jamás será vencida!» cuando el empresario Lorente Gallurt dijo entre atronadoras ovaciones: «No somos separatistas, solo deseamos que se nos haga justicia y que se acabe el caciquismo. No estamos en contra del pueblo murciano, al que respetamos; pero estamos ya hartos de promesas. Cartagena será lo importante que nosotros queramos, con nuestro esfuerzo y sacrificio».

El tono épico envolvió cada una de las intervenciones. José Bonet no se quedó atrás en la retahíla de agravios soportados en la ciudad española «más antigua», a la que «se le ha negado toda participación directa política o administrativa, y de esta situación se han aprovechado otros buscando su absorción», dijo. Y proclamó ante la multitud: «Durante decenios, hemos dormido nuestro sueño de libertad escondido en lo más profundo del alma. ¡Cartagenero, ya es hora de despertar!»

El propio Ayuntamiento apoyó las reivindicaciones con la aprobación, en el Pleno del 31 de julio, de una moción a favor de la provincia, previa consulta «a la base de nuestro pueblo soberano afectado por este cambio de nuestro status administrativo», rezaba el texto. También hubo apoyo de instituciones de gran influencia, como la Cámara de Comercio.

El entusiasmo duró varios meses más. Los cantonales propusieron demandar la provincia al Rey. Aunque para eso hubo que esperar dos años y dejarlo en manos del primer alcalde democrático del municipio, el socialista Enrique Escudero de Castro.

Aquello no fue solo la emoción de un atardecer de primavera. En abril de 1978, el Banco de España tuvo que retirar de la circulación gran cantidad de billetes de pesetas con el rótulo de Cartagena Provincia, estampado en tinta carmesí. La propaganda política por esos medios era ilegal, pero cuando el regulador decidió intervenir medio país ya estaba al tanto de la aspiración cartagenerista.

Los anhelos de mayor independencia local respecto al poder murciano se vieron reforzados con la inesperada petición formal del alcalde, Bernardo García-Pagán, de reclamar la vuelta del obispo a la ciudad. Para ello remitió en nombre de la Corporación Municipal telegramas al nuncio apostólico en Madrid, Luigi Dadaglio, así como a los cardenales Tarancón y Bueno Monreal. No prosperó la iniciativa, porque la Conferencia Episcopal aclaró que el asunto era competencia del Vaticano. El obispo continuó a orillas del Segura.

Sí hubo relevo en la Capitanía General de la Zona Marítima del Mediterráneo, donde 'embarcó' el almirante cartagenero Juan Carlos Muñoz-Delgado Pintó, miembro de una célebre saga de marinos locales a la que también pertenecía el hermano mayor de la Cofradía Marraja, José María de Lara.

La influencia castrense estaba presente en cada rincón de la ciudad. Los reclutas entraban por millares cada dos meses a los centros de instrucción, como el de Marinería, donde convivían mandos nostálgicos del régimen franquista y demócratas.

Al antiguo acuartelamiento naval, hoy reconvertido en facultad de la Universidad Politécnica, llegó el 17 de noviembre el vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, para reunirse con más de mil militares entre generales, jefes, oficiales y suboficiales de los tres ejércitos, movilizados en toda el área mediterránea. Quería explicar los cambios políticos que se registraban en España y la importancia del inminente referéndum de la Constitución. Pero se encontró un recibimiento hostil por parte de quienes estaban hartos de los atentados diarios de ETA y no creían en la Carta Magna. «Esta es la Constitución del pueblo y no del Gobierno», defendió el ministro con poco éxito. El general jefe de la Tercera Zona de la Guardia Civil, Juan Atarés, se enfrentó a él al grito de: «La Constitución es una gran mentira». Por tres veces clamó: «¡Arriba España y viva Franco!», entre aplausos de un auditorio dividido.

Ese comportamiento le costó a Atares un arresto de seis meses y un consejo de guerra del que salió absuelto de la acusación de insultos a Gutiérrez Mellado. No volvió a ocupar ningún destino en el Cuerpo. El 23 de diciembre de 1987 fue asesinado por ETA en Pamplona.

El ambiente no solo era cargante en algunos cuarteles. En la calle, todo lo impregnaban los malos humos de las grandes fábricas petroquímicas y mineras. El Ayuntamiento llegó a aprobar antes del verano un expediente para declarar la ciudad como zona atmosférica contaminada. La fundición de plomo de Peñarroya y la planta de abonos de Río Tinto remoloneaban para aplicar las medidas correctoras que imponía una administración precaria de medios y expectante por los cambios.