El PP de Orihuela denuncia «falta de colaboración» del Ayuntamiento con la Policía en el caso de la venta de chatarra

La presunta venta ilegal de las palmeras de Muhler que ornamentaron el Rincón Hernandiano amenaza con extender las responsabilidades sobre varios cargos municipales. Ayer miércoles el Ayuntamiento mostraba «prudencia» en un comunicado institucional y ofrecía su predisposición a depurar responsabilidades una vez se esclarezcan más detalles de lo sucedido. Sin embargo, los populares van más allá y consideran que esto no quedaría solo en el robo de una obra de arte, «pues sería más bien la punta del iceberg que vendría a evidenciar la existencia de una auténtica red ilícita de comercio con la chatarra de nuestra ciudad».

Los hechos, recogidos en unos vídeos que el PP adjuntó a su denuncia, datan del 17 de marzo, sobre las 13.00 horas. En ellos se ve a un camión abandonando con el conjunto escultórico cargado el punto de acopio que posee la Concejalía de Infraestructuras en la carretera de Molins. En aquel momento el responsable de la concejalía era el edil de Ciudadanos, Ángel Noguera. Un mes más tarde, con motivo de la apertura de una nueva investigación judicial contra él por el contrato de mantenimiento de viales de Orihuela Costa, fue destituido de sus funciones en dicho departamento aunque, como él mismo reconoció, continúa trabajando y cobrando como concejal con puesto en la Junta de Gobierno y como teniente de alcalde. Las funciones de Noguera, mientras tanto, fueron asumidas directamente por alcaldía.

Aspecto este último que, desde el PP, critican. «La alcaldesa, Carolina Gracia, y Ángel Noguera, trabajan actualmente, codo con codo, y sin disimular lo más mínimo para gestionar la concejalía y repartiéndose sonrisas y trabajo en un área que desde hace ocho años controla el grupo Ciudadanos», ha señalado el portavoz del Grupo Popular, Rafael Almagro.

Según ha podido comprobar LA VERDAD, la Brigada Local de Policía Judicial requirió en varios escritos explicaciones al Consistorio, uno de ellos dirigido directamente a la alcaldesa. En él, Carolina Gracia (PSOE) desvía los requerimientos de la Policía Nacional para que identifique a la persona o personas que tenían acceso al almacén municipal donde sucedieron los hechos a la concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné (Ciudadanos), al entender que «son de su competencia, al tratarse de una solicitud sobre una relación de trabajadores municipales». Así también ordena a la edil que, en caso de que ella y sus técnicos desconozcan dicha información, la solicite urgentemente al concejal delegado del área en ese momento, es decir, a Ángel Noguera.

Boné remitió el 4 de abril un escrito a una técnica de Recursos Humanos que rechazó contestar. En un nuevo requerimiento el 6 de abril, la técnico se niega de nuevo a dar respuesta. En un tercer intento el 13 de abril, seis días después la técnico remite finalmente informe, que es a su vez enviado a la alcaldesa. Al alegar la técnico desconocimiento del asunto, se dirige un oficio el 20 de abril al exedil de Infraestructuras, Ángel Noguera, el cual no firma por no tener ya competencias en esa materia. La última en ser requerida fue otra técnico, esta vez del área de Infraestructuras, y remite su informe el mismo día que se le requiere.

Para el Grupo Popular estos periplos burocráticos colocan, por tanto, «como cooperadora de los hechos denunciados e investigados a la alcaldesa, Carolina Gracia, por ser la máxima responsable de la corporación desde hace un año y porque desde que retiró las competencias y la firma a Noguera es ella misma, y nadie más, la que debe dar cuenta de todo cuanto ha acontecido», ha señalado el portavoz popular.

Para Almagro es obvio que «ni la señora Gracia, ni la señora Boné, ni mucho menos el señor Noguera, estén dispuestos a prestar su nombre para hacer unas manifestaciones que luego se puedan volver en su contra en sede judicial, porque está más que claro que este asunto terminará en los juzgados de asuntos penales», ha apreciado sobre el comunicado hecho público ayer miércoles por el Ayuntamiento.

Añade que «basta ver la forma en que se echan la pelota de unos a otros y evitan realizar una auténtica averiguación de los hechos y señalamiento de los responsables». En la investigación de estos hechos, imagina el Grupo Popular, «que también se tendrá muy en cuenta la falta de colaboración de la alcaldesa y los concejales delegados directamente relacionados con ellos.

Es por todo esto que el PP considera perentorio empezar a depurar las responsabilidades en el ámbito interno municipal con la apertura de expedientes disciplinarios y con la solicitud de devolución de las cantidades indebidamente cobradas, de lo contrario, «la señora Gracia será responsable como cooperadora necesaria de estos hechos presuntamente delictivos», insiste Rafael Almagro.

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