Orihuela estudia encomendar a la empresa municipal Ildo la gestión de las zonas verdes de la costa

Todavía no está del todo decidida la manera en la que el Ayuntamiento saldrá del embrollo en el que se ha convertido la licitación del mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa. Tras seis años prestándose el servicio sin contrato y cubriendo apenas el 40% de los jardines del litoral, la licitación impulsada por Ciudadanos en el anterior mandato se ha convertido en un cruce de acusaciones entre técnicos municipales sobre presuntas coacciones e intereses. El equipo de gobierno quiere cortar por lo sano este asunto y la manera de pasar página es cuanto menos imaginativa: encomendar a la empresa municipal Ildo la gestión de este servicio.

Se trata sin duda de una decisión arriesgada, pero que permitiría en el medio plazo prestar el servicio con ciertas garantías. El problema es que, paralelamente, se abriría un nuevo y temido melón: el de las indemnizaciones. Tres empresas, STV-Evocivil, Actúa y Doalco-AVV, se presentaron al concurso y entregaron sus respectivas ofertas. Llevan esperando desde marzo a que la Mesa de Contratación tome un veredicto sobre quién de las tres es la mejor y ahora, con esta solución, podrían llevarse apenas un pellizco del cuantioso montante al que aspiraban, unos 10 millones de euros.

Existe un precedente reciente de este caso, de infausto recuerdo intramuros del Palacio del Marqués de Arneva. Fue cuando en 2012, tras los escándalos protagonizados por el empresario Ángel Fenoll en el caso Brugal, se llevó a licitar el contrato de las basuras, se valoró a Urbaser como la mejor y, después, 'in extremis', se decidió municipalizar y asumir la gestión directa del servicio. La empresa venció la batalla en los tribunales y el Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 4,4 millones de euros a Urbaser en concepto de 'lucro cesante'.

En el caso de las zonas verdes es similar, aunque con sus matices. Los problemas surgieron casi desde el principio. La Mesa de Contratación pidió un informe de valoración conjunto a tres técnicos. Dos de ellos se negaron alegando motivos diferentes y el tercero (también redactor de los pliegos) decidió 'motu proprio' emitir su informe y meterlo en el expediente. El resultado de ese estudio fue que la UTE formada por STV y Evocivil era la mejor valorada, además muy por encima de sus dos competidores directos.

Adjudicar a STV-Evocivil, sin más, sin embargo, resultaría también una opción arriesgada, más si cabe tras las múltiples dudas que se han levantado en torno al procedimiento. Por un lado, un técnico municipal acusa ante la Agencia Valenciana Antifraude que la Mesa de Contratación quiere hacer un informe 'ad hoc' encargando la valoración a un profesor universitario que, dice, no tiene la formación requerida. Por su parte, la Mesa de Contratación ha acusado a Evocivil ante Fiscalía de intentar coaccionar la Universidad Politécnica de Valencia para que dicho profesor no emita su informe. Y, para colmo, como avanzó este periódico, Evocivil ha pedido que se aparte a la Mesa de Contratación del procedimiento por «enemistad manifiesta». Con todo esto, no es descabellado pensar que a cualquier adjudicación en un sentido u otro le seguiría una cascada de recursos entre mercantiles que continuarían dilatando la resolución del concurso.

Pero, más allá de las posibles consecuencias políticas, económicas y jurídicas de la decisión, el asunto está en si la empresa municipal Ildo está preparada para asumir tamaño encargo. La respuesta es que todavía no. De ahí que el objeto del estudio sea cifrar los costes que supondría. Según el documento de justificación de necesidad, al que ha tenido acceso LA VERDAD, «es necesario el encargo a una empresa especializada en auditorías económicas para estudiar la viabilidad económica-financiera de la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes por la empresa municipal».

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 9.680 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución será de 20 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación y de la firma del contrato. Entre otros objetos a estudiar en este encargo se incluye el personal a subrogar del servicio actual, así como el coste del personal adicional a contratar. También se valorará el coste de los vehículos y maquinaria a adquirir y adscribir al servicio, por medio de renting, adquisición directa, y según las posibilidades económicas de Ildo; el alquiler o adquisición de las instalaciones; los seguros de vehículos y de responsabilidad civil necesarios; y los consumibles y combustible necesarios.

Todo el encargo, además, estará guiado por la propia Mesa de Contratación, a los que, con el secretario y la interventora al frente, el alcalde Pepe Vegara ha confiado la resolución de este entuerto pese a las dudas vertidas. Tal y como adelantó LA VERDAD, su confianza en los integrantes de esta es «absoluta».

A favor de Ildo cuenta que es una empresa que ya tiene experiencia en este tipo de encargos, de hecho, ya se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de las pedanías. La costa, en este sentido, supondrá un reto organizativo por su elevada población y extensión. El nuevo contrato en concurso contemplaba cubrir 2,5 millones de metros cuadrados (258 hectáreas) distribuidas en 213 zonas verdes, entre las que suman, por otro lado, unas 7.000 palmeras. Todo a repartir entre 30 operarios.

Ahora, lo que más preocupa es que la situación de las empresas municipales es calamitosa en lo económico puesto que sus presupuestos, al igual que el del Consistorio (prorrogado desde 2018), están desfasados y asumir esta nueva encomienda supondría un notable incremento de las partidas presupuestarias que debería inyectar el Ayuntamiento. Y todo ello no podrá cerrarse hasta que haya unos nuevos presupuestos. El ejecutivo local, tras descartar hacer unos para el presente año, promete que los tendrá este próximo.

Por otra parte, también es posible que, si finalmente se opta por Ildo, quizá sea necesario un cambio en el objeto de la sociedad municipal. Según sus estatutos, este es «la promoción y desarrollo de actividades de promoción, empleo, formación e inserción sociolaboral de personas discapacitadas».

El concejal de la Costa, Manuel Mestre (Vox), ya fue preguntado por este asunto en el pasado Pleno y no dio cuenta de esta posible solución que inmiscuye a Ildo. Apenas se lió en un extenso circunloquio para explicar el funcionamiento administrativo por el cual el Ayuntamiento está abonando a Actúa, anterior concesionaria del servicio, las facturas que le pasa sin contrato por medio de la conocida como «omisión de la función interventora». Un procedimiento que, aparte de muy criticado, alarga los pagos de las facturas durante un largo espacio de tiempo que la empresa puede aprovechar, en otro orden de cosas, para pedir intereses de demora. Si a eso se le suma que las partidas se agotan antes de final de año por estar los presupuestos prorrogados, esto obliga, como ya se ha hecho, a aprobar en el Pleno modificaciones de crédito con cargo a los remanentes de tesorería para poder pagar. O lo que es lo mismo, más tiempo.

Con suerte, si todo marcha como el equipo de gobierno PP-Vox espera, y los informes técnicos así lo avalan, puede que el próximo año el Pleno tenga que votar si aprueba la encomienda de gestión a Ildo de las zonas verdes de la costa. Eso sí, las críticas en la oposición por el coste 'extra' que ello pueda tener prometen ser enconadas.

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