El juez suma la malversación al 'caso Begoña Gómez' por la contratación de la asesora y ya apunta a Moncloa

Hasta ahora, las diligencias previas 1146/2024 en las que está imputada Begoña Gómez se centraban exclusivamente en los delitos de delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Ha sido en el marco de esta pieza separada que se ha abierto este lunes en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en la que ha sido citado el próximo 16 de abril a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Peinado, en la resolución en la que le cita y amplía la investigación a la malversación apenas argumenta el motivo del interrogatorio, ya que solo explica que se produce «a la vista de la documentación aportada y de las declaraciones prestadas» en el procedimiento.

En cualquier caso, Peinado ha citado al ministro después de que el pasado 24 de febrero tomara declaración, también como testigo, al exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que fue quien propuso el nombramiento de Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en 2018. González arguyó que él se había limitado a elevar la propuesta del nombramiento que le había llegado de su superioridad y señaló a Bolaños como su responsable por entonces, cuando era secretario general de la Presidencia. González afirmó que en verano de 2018, tras la moción de censura que ganó Sánchez, el nombre de Álvarez le llegó dentro de un listado de 80 nombres y que él no sabía nada de ella. Es más, que nunca llegó a ver su currículum ni supo si Cristina Álvarez se había sometido finalmente a un proceso de selección para el cargo.

La decisión de Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada para investigar la presunta malversación y no mantener este delito en el tronco central de la investigación no es baladí. Según explicaron fuentes del procedimiento, en el supuesto de que su investigación confirmara la implicación de aforados (como podría ser el propio Bolaños) en la supuesta contratación fraudulenta de Cristina Álvarez, el juez podría inhibirse a favor del Tribunal Supremo solo de esa pieza separada, sin perder la competencia sobre el resto de las diligencias previas en la que siguen imputados además de Gómez y la propia Álvarez, el rector de la Complutense Joaquín Goyache; el empresario Juan Carlos Barrabés; y el directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero madrileño Juan José Güemes.

María Cristina Álvarez, que tiene la condición de investigada desde el 28 de enero y que luego recurrió su imputación al considerarla «caprichosa», está en las últimas semanas en el foco de Peinado, quien ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un análisis del tráfico de llamadas de la investigada desde su nombramiento en 2018 hasta la actualidad.

El juez ha pedido en particular conocer todo el intercambio de comunicaciones que tuvo con números de la Complutense, del Grupo Barrabés, del Instituto de empresa, del África Center y de varias empresas que colaboraron con la cátedra como Google, Manpower, Telefónica, Fundación Caixa o Reale.

El nombre de Álvarez saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa). Pero esos correos lo que realmente constataron fue que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su testifical del 20 de diciembre, Álvarez sostuvo que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. Y que no lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.