El acuerdo entre PSOE y Junts para el traspaso a la Generalitat de las competencias de inmigración ha sacudido la jornada política de este ... martes. Podemos, cuyos votos son necesarios para que la proposición de ley regitrada salga adelante en el Congreso, ha rechazado el acuerdo, al que ha calificado de pacto «racista». En un mensaje en redes sociales, la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha criticado que los socialistas ya consensuado esta medida con los postconvergentes, a los que ha tildado de «partido anti inmigración» que «compite con la ultraderecha catalana».
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«No se hará con nuestros votos», ha subrayado Belarra para avanzar su rechazo en el Congreso a la medida. De hecho, ha enfatizado que lo urgente en esta materia es aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes irregulares, que lleva un año «esperando» en la Cámara Baja. La líder de Podemos defendió recientemente una iniciativa en la que instaba a desplegar ya esta regularización.
Mientras los diferentes partidos preparan su argumentario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aclara que esta vez sí conocia los términos de un pacto que califica de «una delegación de competencias compartida» que «no altera las competencias del Estado». Eso sí, la líder gallega ha eludido responder qué es lo que votará Sumar cuando la proposición de ley que contiene esta medida llegue a debate en el Congreso. «Habrá que esperar a las aportaciones que se realicen durante la tramitación parlamentaria», ha zanjado.
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En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, Díaz ha valorado como «importante» esta iniciativa, que ha defendido porque, ha señalado, esta cree «en el espíritu autonomista» y porque considera que «cuanto mayor cercanía» haya en las competencias «es previsible que se gestione mejor». La titular de Trabajo ha insistido es que debe ser «siempre respetando y velando por la titularidad del Estado», como en el caso de los permisos de residencia, que según el acuerdo se gestionarán a través de la Generalitat.
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«Quiero señalar para dar tranquilidad que se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que nos marcan las directivas europeas», ha explicado, para después añadir que «lo trascendente» es que el respeto a los derechos humanos «queda garantizado».
No era el único asunto de la jornada que atañe a las relaciones entre los dos socios del Gobierno de coalición. Hoy también se ha conocido que la Unión Europea tiene un plan para destinar 800.000 millones de euros al rearme del continente. Díaz ha insistido en la necesidad de una «profunda reflexión» respecto a esta cuestión y ha recordado que el compromiso adquirido por Pedro Sánchez ante la OTAN pasaba por elevar el gasto en defensa al 2% del PIB progresivamente, hasta 2030. «Si lo hacemos más rápirdo dependeríamos de la industria armamentísticas estadounidense», ha remarcado la líder gallega.
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