Sanciones, setos, límites en los cultivos o balsas: el sector agro vuelve a la carga para cambiar la ley del Mar Menor

Lo van a intentar por segunda vez. Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, junto a las patronales de las empresas agrícolas (Proexport) y las cooperativas (Fecoam), van a registrar este viernes en la Asamblea Regional una propuesta para modificar en torno a una veintena de artículos y disposiciones presentes en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Probaron suerte hace justo dos años y con el mismo trámite, pero los grupos parlamentarios no tuvieron en consideración sus ideas.

En plena parálisis de la iniciativa para cambiar la norma ambiental, que estaba en estudio en la comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico, los representantes del sector agrario quieren redoblar la presión sobre la esfera política. Lo hacen dejando claro que sus iniciativas se basan en la experiencia de cuatro años operando bajo las reglas de la ley del Mar Menor, por lo que estas están basadas en el rigor técnico y científico, defienden.

Todas las organizaciones firmantes de la propuesta habían comparecido ya ante los diputados, y venían avisando desde el mes de junio que regresarían con un documento técnico a la Asamblea para culminar el sueño de la reforma legislativa. Previamente, ya habían surgido contactos con algunas formaciones para analizar las sugerencias, pero el sector ha rechazado que las vieran de antemano: quieren ir a una y sin interferencias políticas.

El objetivo de suavizar las limitaciones a la actividad agraria y ganadera en el Campo de Cartagena pasa por suprimir o dar una nueva forma a algunos artículos que regulan la actividad en la franja de protección de los 1.500 metros, las barreras vegetales y su ubicación en zonas sin pendiente, la necesidad de contar con un operador agroambiental en las fincas, las mediciones de nitrógeno y fósforo, las restricciones en los ciclos de cultivo anuales y la posibilidad de aumentarlos o las limitaciones de fertilizantes orgánicos y químicos.

Sin embargo, la iniciativa con más empuje es la de reformar el régimen sancionador, con reducción en las cuantías de las multas o que una sanción leve no impida al productor acceder a ayudas de fondos operativos europeos. Las patronales habían puesto el acento en las cantidades de algunas sanciones, que alcanzaban los 3.000, 40.000 y hasta 100.000 euros. La cuantía impuesta a través de todos los expedientes abiertos desde 2020 ya supera ampliamente el millón de euros.

En lo que respecta a la ganadería, las cinco entidades agrarias buscan redefinir en la ley la obligación de impermeabilizar las balsas de purines con material artificial y que esta medida sea voluntaria. La propuesta pasa por no imponer a las granjas esa solución a la posible filtración en el suelo de los desechos si estas pidieron autorización ambiental antes de publicarse la norma hace cuatro años.

El documento cuenta con una introducción general donde organizaciones y patronales tratan de dar sentido desde el lado técnico y científico a sus propuestas. La regulación sobre el sector no acapara toda la iniciativa, ya que en ese apartado también se pide redoblar esfuerzos en temas como la redes de saneamiento y depuración de los municipios ribereños o sobre el tráfico marítimo de la laguna.

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