María Poza Cisneros, magistrada murciana de adopción –nació en Madrid en 1964, aunque pasó buena parte de su vida en la localidad del Segura– y una de las más destacadas juristas de las últimas décadas vinculadas a esta Región, falleció ayer a los 56 años de edad. María, como todos sus compañeros la conocían, llevaba muchos años luchando con una enfermedad que ha acabado por vencerla, aunque nunca consiguió hacerle hincar la rodilla.
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La noticia de su fallecimiento causó ayer una profunda conmoción en el mundo de la justicia y del Derecho en la Región, pues era una mujer que siempre concitó un tremendo respeto profesional y que, pese a la apariencia de cierta distancia que, sin pretenderlo, quizás aparentaba a consecuencia de su inalcanzable inteligencia, también fue muy querida por sus compañeros.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), su presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y su Sala de Gobierno dejaron ayer patente su dolor por esta pérdida.
María Poza tenía actualmente reservada una plaza en la Audiencia Provincial de Murcia, de cuya Sección Segunda era magistrada, aunque desde 2013 ejercía como adjunta al miembro nacional de España en Eurojust. Ingresó en la carrera judicial en 1990 y estuvo destinada en los juzgados de Mula, Algeciras, Cartagena y Murcia, antes de ocupar su cargo en la Audiencia Provincial.
Experta en cooperación internacional y miembro muy destacado de la Red Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), fue un referente en la materia para el Poder Judicial, que la llegó a designar como candidata a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En 2013, fue nombrada por el Consejo de Ministros como adjunta al miembro nacional de España en Eurojust, órgano de la Unión Europea para la cooperación judicial penal entre los Estados miembros, encargado de la coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales penales entre países. Por Real Decreto 852/2017, se le renovó en dicho destino por otros cuatro años.
María Poza se convirtió en protagonista de la actualidad nacional en agosto de 2005, al convertirse en la primera jurista que presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género –acabó interponiendo cuatro–, al considerar una violación del principio de igualdad que la misma conducta castigue más severamente a un hombre que a una mujer simplemente por razón de su sexo.
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Sus argumentos los plasmó en un documento de 58 folios que despertaron la admiración de muchos de sus colegas por su irreprochable técnica legal y la profundidad de sus razonamientos. Así abrió la brecha a la que se acabarían sumando más de un centenar de jueces de toda España, pero ello a su vez le valió convertirse en objeto de duras críticas por parte de colectivos feministas y de izquierdas.
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En aquel momento, en el que ocupaba el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza ya estaba considerada como uno de los miembros más brillantes de la Judicatura murciana –probablemente, la magistrada más brillante y con mayor proyección– y existía unanimidad en que estaba llamada a acabar en el Supremo. Pero la resolución del Tribunal Constitucional, avalando la Ley de Violencia de Género, le supuso una tremenda decepción profesional y personal. Nunca quiso volver a pronunciarse públicamente sobre esa cuestión.
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