Los funcionarios no estarán sometidos al veto parental en sus charlas en los centros

El polémico veto parental impuesto por Vox rebaja su intensidad tras semanas de agria polémica, enfrentamientos políticos y protestas ciudadanas, aunque lejos de desaparecer, el Gobierno regional lo consolidará normativamente y le dará permanencia. Después de cuatro meses aplicando unas instrucciones de principio de curso que obligan a todos los alumnos a llevar la autorización expresa de sus padres para participar en las charlas impartidas por personal ajeno al centro educativo, la Comunidad ha decidido modificar el Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para, según declaró a LA VERDAD la consejera Esperanza Moreno, dotar de permanencia a la autorización expresa de los padres y eliminar carga burocrática a los centros educativos.

La modificación que introducirá Educación en el decreto contempla dos novedades de calado. Las actividades complementarias -charlas, talleres, visitas...- que sean impartidas por funcionarios no serán consultadas a los padres ni podrán ser objeto de 'pin parental'. Así, los padres no podrán vetar la asistencia de sus hijos a los programas de prevención que desarrollan médicos y enfermeras de la Consejería de Salud en colegios e institutos; de policías y guardias civiles que instruyen a los chicos sobre el peligro de las redes sociales y el acoso y de los jueces que desarrollan el programa 'Educando en Justicia', por ejemplo, como ocurre ahora.

La modificación de la orden en la que está trabajando Educación establecerá pues que «la realización de las actividades impartidas por personal no docente y ajeno al centro requerirá de información previa a los padres». Pero a continuación añadirá la exención: «En el caso de que la persona encargada de impartir dicha actividad sea un empleado público que vaya a desarrollar una charla o taller sobre temática relacionada con su actividad profesional, no será necesaria autorización familiar para que el alumno asista a la misma».

La nueva orden establece además el silencio positivo, lo que significa que solo los alumnos que lleven la negativa expresa de sus padres quedarán fuera de las actividades. Así, todos los estudiantes estarán obligados a asistir y participar en la actividad complementaria desarrollada en el centro, a menos que exista un no expreso de los padres. Hasta ahora, los alumnos que no llevaban la autorización firmada por descuido o a conciencia se quedaban fuera de la actividad, lo que provocaba que decenas de estudiantes no pudieran asistir a charlas sobre reciclaje, cuentacuentos y prevención de trastornos de la alimentación, por ejemplo, por olvidar la autorización. En cualquier caso, especificó Moreno, «todos los alumnos llevarán la información sobre la actividad a casa, pero si el alumno no la devuelve firmada asistirá a la charla. Solo estará exento de hacerlo en caso de negativa expresa de las familias».

La normativa en la que trabaja Educación mantendrá la obligación de llevar la autorización en los dos únicos casos que se contemplaban antes en el decreto: cuando las actividades se realicen fuera del centro o conlleven un coste económico para las familias, «será imprescindible la autorización».

Educación no ha modificado las instrucciones de principio de curso, que según denunciaron sindicatos, padres y docentes, incumplían el Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que establece que las actividades son obligatorias y curriculares. En lugar de rectificar sus instrucciones, adaptará la orden a la que contradecían. Así las cosas, cuando se apruebe el nuevo decreto, las instrucciones, que eran solo para este curso y están recurridas en los tribunales, dejarán de tener efecto.

Según Esperanza Moreno, la modificación prevista no minimiza el 'pin parental', sino que lo consolida normativamente de tal modo que, en su opinión, se cumple con el acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox. Por su parte, la titular de Empresa y portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, señaló a LA VERDAD que su posición seguirá siendo la mantenida hasta ahora: favorable a que se impartan valores constitucionales en el aula, pero contraria al adoctrinamiento en los centros educativos. Su apoyo a esta modificación estará condicionado al examen detallado de los informes jurídicos que han sido solicitados sobre el 'pin parental'. El nuevo decreto, que fijará un veto parental hasta ahora provisional en la normativa regional, tendrá que recibir también los informes favorables de los servicios jurídicos, y ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Los sindicatos y el PSOE anunciaron ayer que en cualquier caso recurrirán el decreto.