Juicio a un supuesto pedófilo, en una imagen de archivo. EFE

La Fiscalía alerta de la dificultad de esclarecer los abusos a menores

El Ministerio Público tramita de media dos diligencias cada semana por tocamientos a niños y adolescentes

Miércoles, 8 de septiembre 2021, 02:48

Los casos se suceden día tras día. Las denuncias por presuntos abusos sexuales a niños y adolescentes son cada vez más frecuentes y ya han ... disparado todas las alertas. La Fiscalía, en la memoria judicial de un año marcado por la pandemia, el confinamiento y la paralización judicial, advierte, sin embargo, de la dificultad que entraña la lucha judicial contra los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando estos tienen como víctimas a menores de edad o personas especialmente vulnerables.

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La aparición de la Covid y las múltiples restricciones sociales marcaron irremediablemente la actividad judicial del pasado año. La institución que encabeza José Luis Díaz Manzanera explica en su última memoria –hecha pública esta semana– que las diligencias previas cayeron un 15,4% y la celebración de juicios más de un 31% tras varios meses en los que la Covid mantuvo los juzgados en punto muerto. El Ministerio Público, en su tradicional análisis, aprecia sin embargo un incremento en «la criminalidad de mayor gravedad». El repunte se dejó notar con especial virulencia en el caso de los delitos sexuales que afectan a los más pequeños. En solo un año se registraron hasta 104 diligencias por presuntos abusos sexuales a menores de 16 años, una media de dos cada semana y un 28,3% más que en el ejercicio anterior. Hubo otras 41 por agresiones sexuales a este mismo colectivo (en este caso la cifra es inferior). La corrupción de menores también repuntó, pasando de 15 a 21 casos.

La Fiscalía General del Estado también alerta en su memoria nacional sobre el preocupante aumento del acoso sexual a los menores de edad a través de internet. En 2020 se registró un aumento considerable de este fenómeno llamado 'child grooming' de hasta el 55% con respecto al año anterior, y de un 175% con respecto a los datos de 2018. En la Región de Murcia se registraron nueve casos frente a los cinco del año anterior.

El confinamiento trajo de la mano un repunte de las denuncias por amenazas y delitos de odio, aunque acabaron archivándose por no hallarse indicios

Ante este incremento de los delitos sexuales que amenazan la infancia, la Fiscalía advierte de que estas prácticas suelen ser cometidas frecuentemente en la intimidad o lugares ocultos, sin presencia de testigos. Una dificultad a la que se añade el hecho de que la prueba se suele fundar en el único testimonio de la víctima. Circunstancias, remarca la institución en su memoria, que suponen un obstáculo para su instrucción y que, en ocasiones, conduce al archivo de las causas. El Ministerio Público vincula, en parte, estas trabas con el incremento de hasta un 133% en los sobreseimientos interesados en el global de procedimientos.

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OTROS TITULARES

  • «Limitadísimos» recursos contra el fraude económico La Fiscalía lleva años advirtiendo de que, en materia de delitos económicos, la suya es una batalla claramente desigual. La falta de medios y la desesperante dilación de los procedimientos se encuentran detrás de la «escasa eficacia que las medidas penales tienen para la represión de los delitos económicos», según lamenta el fiscal especialista en esta área, Rafael Pita, en su informe. En él, el Ministerio Público alerta de los «limitadísimos recursos» con los que cuenta la institución para perseguir una delincuencia de enorme complejidad. Pese a las trabas, pone de relieve un incremento de las acusaciones por delitos relativos a fraudes de prestaciones de la Seguridad Social.

  • «Crisis humanitaria» por el repunte de las 'pateras taxi' El Ministerio Público pone además sobre la mesa la «crisis humanitaria de grandes dimensiones» que ha supuesto la conjunción de la pandemia con la cada vez más numerosa llegada de pateras a las costas de la Región. La Fiscalía explica que la llegada de inmigrantes se ha disparado hasta un 200% pasando de 1.541 en 2019 a los 4.309 del pasado año. Una realidad que, además, ha tenido que lidiar con los problemas añadidos de aislar a los posibles positivos de Covid. La fiscal subraya que las 'pateras taxi' son cada vez más utilizadas en el camino hacia el litoral murciano y que incluso se ha detectado a un 'paterista' menor de edad.

  • Necesidad de atajar la mayor accidentalidad en el campo La Fiscalía hace hincapié, además, en su repaso anual en el aumento de la accidentalidad en el campo. Un hecho que achaca, principalmente, a los golpes de calor, la manipulación de productos fitosanitarios o el traslado de los trabajadores en vehículos en malas condiciones y conducidos por otro trabajador tras una dura jornada laboral. Respecto a este último aspecto remarca que «no es extraño que el propio conductor también realice en el campo jornadas similares a las del resto de trabajadores y al acabar la misma, además, le corresponda conducir durante el viaje de regreso». Alude, asimismo, al estado de los equipos de trabajo.

  • La pandemia traslada la prostitución a los pisos particulares Ni una pandemia ha impedido que la prostitución y la explotación sexual sigan buscando sus escondrijos. La Fiscalía, en su última memoria, advierte de que, tras la aparición de la pandemia y el cierre de los locales de alterne, se está produciendo un traslado de la prostitución hacia los pisos particulares. En este punto, advierte de que, cuando el negocio se traslada a ámbitos más privados, la presión policial se difumina. «Sería importante un mayor control sobre estos establecimientos, que muchas veces amparados en la clandestinidad y en las dificultades de acceso a los mismos pueden estar vulnerando la legalidad», remarca la fiscal especialista en Extranjería, Silvia Benito.

  • Reticencias de los jueces para el derribo de obras ilegales La Fiscalía vuelve a lamentar, en la memoria de este año, la reticencia de los jueces a la hora de ordenar las demoliciones de construcciones ilegales. «Los jueces, por lo general, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siguen en el pensamiento de que la regla general ha de ser la no demolición», remarca el Ministerio Público. En el caso de la Comunidad, en el 90% de las sentencias los jueces no ordenan esa demolición, explica, «prefiriendo diferirla a lo que disponga la Administración en el expediente administrativo, y evitando así adentrarse en las complicaciones que les surgen en la ejecución de lo acordado, en la que en muchas ocasiones se encuentran con obstáculos de la administración municipal».

La Fiscalía también despliega una importante labor en defensa de la igualdad y contra la discriminación. En este sentido, destaca que durante el confinamiento se apreció el aumento de denuncias por delitos de amenazas, injurias y calumnias, así como por delitos de odio. Todas de ellas, explica, acabaron siendo archivadas al no apreciarse que esas conductas escondiesen un delito.

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