PP y Cs ofrecen una imagen de unidad aprobando el Presupuesto, pese al 'Vacunagate'

Mientras colea la tormenta política desatada en el seno de la coalición de Gobierno PP-Ciudadanos, debido al escándalo de las vacunaciones, ambos socios han querido ofrecer este jueves un mensaje de normalidad con la comparecencia conjunta de la consejera portavoz Ana Martínez Vidal y del titular de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, para dar cuenta del acuerdo de ambos partidos para lanzar los Presupuestos de la Comunidad. La portavoz indicó que es «compatible» su papel de coordinadora autonómica de Ciudadanos, crítico con el Gobierno regional a causa del 'Vacunagate', y con su tarea de portavoz del propio Ejecutivo. Dijo que López Miras también actúa en su doble condición de presidente del PP y del Consejo de Gobierno.

«Es evidente que los últimos acontecimientos han sido un golpe duro para los miembros del Consejo de Gobierno», señaló Martínez Vidal. «En estos momentos trabajamos para recomponer la situación. Estamos centrados en la pandemia».

El Consejo de Gobierno ordinario -que no se reunía desde hace dos semanas a causa del choque político por la dimisión de Manuel Villegas- aprobó este jueves el límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio 2021. El techo de gasto se eleva hasta los 5.378,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5% con respecto al pasado ejercicio (4.779 millones de euros). Es el paso previo a la tramitación parlamentaria, indicó el consejo de Hacienda y Presidente, Javier Celdrán, quien dijo desconocer en qué fecha quedarán aprobados en el Parlamento. Solicitó el apoyo del resto de partidos para unas cuentas que permitan recuperar la economía.

La Consejería de Hacienda estima que el PIB podría crecer el 6,4%, y alcanza incluso el 7%, mientras que el empleo aumentaría un 2,7%, hasta los 621.500 puestos de trabajo. Celdrán explicó que el crecimiento del techo de gasto permitirá contar con 599,2 millones de euros más para reforzar los servicios públicos esenciales en la lucha contra la pandemia, en particular en el ámbito sanitario, educativo y políticas sociales, e impulsar las medidas de reactivación económica.

Este techo de gasto está determinado por el cuadro macroeconómico regional y la previsión de ingresos, de los que tres cuartas partes proceden del sistema de financiación autonómica. Su cálculo se realiza a partir de la suma de tres componentes: los ingresos no financieros, el objetivo de déficit y los ajustes de contabilidad nacional.

En cuanto a la previsión de ingresos no financieros para 2021, asciende a 4.964 millones de euros, 255 millones de euros más que las previsiones presupuestarias de 2020, lo que representa a su vez un incremento del 5,4%. El consejero señaló que este crecimiento de los ingresos deriva fundamentalmente del mayor margen de déficit disponible, que se fija en un 1,1% de manera extraordinaria por la pandemia y que supondrá 350,2 millones de euros, así como por los fondos europeos y el fondo Covid, que supondrán un crecimiento de los ingresos de 254,9 millones de euros.

El tercer y último componente del cálculo del techo de gasto son los ajustes de contabilidad nacional, que serán de 63,8 millones de euros, 5,9 millones de euros menos que el pasado año.

Javier Celdrán recalcó que estos ingresos extraordinarios «aumentarán nuestra capacidad de gasto a corto plazo, pero también van a suponer un incremento de la deuda y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en 2022 y 2023 nos tendremos que enfrentar a la liquidación de las entregas a cuenta de los ejercicios 2020 y 2021 que darán lugar a saldos negativos».

«Por eso, y ahora más que nunca, la prioridad tiene que ser la urgente e inmediata reforma de un sistema de financiación autonómica injusto y arbitrario que nos condena a afrontar con menos recursos la lucha contra la pandemia, el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y la salida de la crisis», subrayó Celdrán.

«Resulta especialmente significativo el dato de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y que, conviene destacarlo, representan 7 de cada 10 euros de los presupuestos regionales. Pues bien, en plena pandemia, la Región de Murcia recibirá menos dinero del sistema de financiación autonómica que el año pasado. En concreto, 3.486 millones de euros. Esto son 92 millones de euros menos que en 2020, lo que supone una caída del 2,58%. Somos la comunidad a la que menos recursos da este Gobierno, junto con Valencia, y este año nos dan menos todavía», señaló el titular de Hacienda.

Añadió que las cifras que acompañan al techo de gasto del presupuesto para 2021 incluyen la estimación de las magnitudes macroeconómicas de la Región. En lo que se refiere a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), las estimaciones realizadas por los técnicos señalan una caída del 8,6% en 2020, con una recuperación en el presente año que oscilaría entre un 6,4% y un 7,2% en un escenario más optimista de la evolución de la pandemia.

Respecto a la evolución del empleo, este escenario macroeconómico apunta a una caída en 2020 del 1,4% frente al crecimiento del 3,6% que se registró en 2019 y que dejó el nivel precovid en los 613.700 empleos. Para 2021 se estima un crecimiento del empleo del 2,7% que permitiría alcanzar los 621.500 empleos a final de año.

Teniendo en cuenta estas previsiones del mercado de trabajo, la tasa de paro en la Región de Murcia en 2021 se situaría en el 16,9%, un punto menos que la media nacional, que sería del 17,9%.

El titular de Hacienda subrayó que se trata de unas previsiones «serias y realistas» que han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). «Atravesamos una situación inédita de una extraordinaria complejidad en la que resulta más complicado que nunca realizar previsiones sobre la evolución de la economía. A la dificultad de prever el comportamiento de la pandemia se unen los retrasos del Gobierno central para facilitarnos la información que necesitábamos para determinar el techo de gasto, pero a pesar de esas complicaciones hemos realizado unas estimaciones rigurosas, prudentes y estrictas para elaborar el presupuesto de la reactivación».

«Padecemos una infrafinanciación estructural desde hace más de una década que genera una brecha cada vez mayor con el resto de territorios, pero este techo de gasto y los presupuestos que se derivan de él son el mecanismo de que disponemos para afrontar los retos de esta pandemia e impulsar las políticas de reactivación económica y social que requiere nuestra Región para recuperar la senda de crecimiento previa a la crisis del coronavirus y volver a liderar el crecimiento económico en España».

El Consejo de Gobierno aprobó asimismo el reparto de 3 millones de euros en ayudas a fondo perdido a autónomos y pymes de la Región para el desarrollo de inversiones tecnológicas y productivas estratégicas destinadas a reducir los perjuicios causados por la crisis sanitaria, así como para proveerse de los elementos de protección necesarios para evitar posibles contagios.

El Ejecutivo también acordó la reversión al estado de los terrenos de Puerto Mayor, junto al Canal del Estacio de La Manga, dado que se anuló la concesión a la empresa para construir la dársena deportiva. A propuesta del consejero de Fomento, se creará una comisión de seguimiento para la restauración ambiental de la zona, que llevará a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica

El Consejo también recurrirá la decisión ministerial de trasvasar 17 hectómetros del Tajo al Segura para las demandas de enero, por entender que corresponden 20 hectómetros, como propuso la Comisión técnica. «Se trata de una nueva decisión arbitraria de la Ministra Teresa Ribera. El Ejecutivo regional se ve obligado una vez más a acudir a los tribunales para defender los derechos del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia, y, especialmente, del sector agrícola, gravemente atacado por estas decisiones del Gobierno de España, que no actúa en base a criterios técnicos y justos que garanticen el cumplimiento de la Ley, e ignora dichas recomendaciones para adoptar medidas partidistas».

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, dio el visto bueno a contratar un servicio para ofrecer tratamiento, en la modalidad de Comunidad Terapéutica, a mujeres con problemas de adicciones o de salud mental que sufren violencia de género. El presupuesto base de licitación es de 1.148.600 euros para un plazo de tres años.

El objetivo es complementar la cobertura de la red pública asistencial para poner a disposición del Servicio Murciano de Salud un conjunto de plazas para atender a mujeres en esta situación. En concreto, el fin del contrato es seleccionar, en el ámbito regional, una entidad titular de estos recursos y contratar 15 plazas, con un precio de 69,93 euros por plaza ocupada, que se reducirá a 62,94 euros en caso de plaza reservada.

Su entorno habitual, su patología y la violencia de género hacen que el tratamiento ambulatorio, por su intensidad, frecuencia y condiciones, sea insuficiente para estas personas y que requieran de un recurso como la Comunidad Terapéutica que permita intensificar la intervención terapéutica en un entorno de protección y cuidado que facilite su recuperación.