Crece la tensión entre el Levante y Castilla-La Mancha por el Tajo-Segura

La tensión que existe entre Castilla-La Mancha, por un lado, y la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, por el otro, a causa de la reapertura del Trasvase Tajo-Segura no cesa, hasta el punto de que ayer se sumaron otros dos ingredientes a la disputa territorial: la Cortes castellano-manchegas aprobaron una resolución -con la oposición del PP- para que se elimine el Trasvase aumentando la producción de las desaladoras y abaratando las tarifas. Desde la Región de Murcia pedirán que se trasvase más agua el mes que viene, si la cabecera sobrepasa los 645 hectómetros el día 1 de mayo. En este caso, las reglas de explotación indican que se podrán transferir hasta 38 hectómetros al mes.

El presidente del Sindicato Central de Regantes y el secretario de agua del PP, Lucas Jiménez y Jesús Cano, respectivamente, apuntaron ayer que reclamarán al Ministerio de Agricultura que se ajuste a la ley y que se autorice automáticamente la transferencia de 38 hectómetros por mes -ahora son 20- si se alcanza el nivel 2. La cabecera del Tajo almacena ahora 620 hectómetros, y necesitaría recoger 24 más en los diez próximos días. Esto añadiría más tensión territorial. «El triple trasvase cumple la ley; y es más, cuando la cabecera del Tajo llegue a nivel 2, pediremos los 18 hectómetros adicionales al mes que nos corresponden», declaró Cano, quien replicó al PSOE de Castilla-La Mancha que «nunca renunciaremos al Trasvase porque la desalación no es la solución».

Las Cortes de Castilla-La Mancha mostraron ayer su rechazo al triple Trasvase del Tajo al Segura y apoyaron al Gobierno regional en su propuesta para que las desaladoras de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana estén en uso al 100% para hacer «innecesario» dicho trasvase. La propuesta de resolución tuvo el apoyo de PSOE y Podemos, y recibió el voto en contra del PP, quien por su parte instó a los gobiernos central y regional a que continúen trabajando para lograr un pacto nacional del agua, informa Efe.

La iniciativa 'popular', que no salió adelante, estaba basada en la prioridad de la cuenca cedente y en la solidaridad interterritorial para «garantizar el derecho de todos los españoles a acceder y disponer de los recursos hídricos». El PSOE y Podemos también reclamaron un pacto nacional del agua, pero bajo otro prisma: que cada cuenca utilice sus propios recursos.

En el debate general, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, mostró su apoyo a que el Ejecutivo central apruebe bonificaciones para los regantes de la Comunitat Valenciana y Murcia por el uso de agua desalada, con el objetivo de que «todos», tanto el Levante como Castilla-La Mancha, puedan tener futuro. García Élez solicitó, asimismo, que las desaladoras, que han costado 1.289 millones de euros de fondos públicos, funcionen al 100% de su capacidad. Por su parte, la presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, aseguró que hasta que no gobernó el PP en la región no ha comenzado a defenderse el Tajo en Castilla-La Mancha. Dijo que su partido consiguió «un hito histórico» al lograr una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera. Criticó que el PSOE «jamás» haya garantizado «una gota de agua» para la región y denunció que anteriores gobiernos socialistas trasvasaran incluso por debajo de los 240 hectómetros.

El secretario ejecutivo de Agua del PP murciano, Jesús Cano, insistió en que «la desalación no es la solución». «El agua desalada no llega a todas las zonas, es muy cara y no es apta para el riego de algunos frutales ni para el arbolado por su alto contenido en boro», señaló.