La concertada alerta de que la 'ley Celaá' hace peligrar el futuro de sus colegios

Los lazos de color naranja colgados en la fachada de muchos de esos centros hicieron este jueves visible la indignación de la concertada en la Región, que planea una manifestación –en coches para evitar riesgos sanitarios– y ha constituido la Plataforma en Defensa de la Concertada, en plena campaña de recogida de firmas contra la reforma legal (en 'masplurales.es).

Son varios los aspectos de la ley que, a juicio de los afectados, pueden torpedear el porvenir de los centros concertados. El primero, la modificación del artículo 109.2 de la Lomce, del que se elimina la referencia a la «demanda social» y que permitía hasta ahora a la Administración educativa crear nuevas unidades (aulas) o sumar líneas a la red de centros. La reforma legal prohíbe expresamente el cobro de cuotas voluntarias (aportaciones mensuales de los padres) a los centros, y obligará a eliminar el sistema de distrito único para el reparto de plazas escolares en la Región, lo que implica que los alumnos que residan cerca de un centro tendrán más puntos para lograr un puesto escolar allí.

La Plataforma en Defensa de la Concertada Más Plurales, que aúna a las federaciones de colegios concertados, Ampa, sindicatos y organizaciones empresariales, alertó este jueves de que la reforma legal «vulnera la Constitución y supone una injerencia ideológica y política, ya que arremete contra el derecho a la libre elección de colegio».

La 'ley Celaá', cuyas enmiendas serán votadas mañana en el Congreso, conllevará, alertan, «el cierre de centros y el desempleo para miles de profesores. Pone en riesgo la supervivencia de centros y relegará la educación concertada a un papel subsidiario de la educación pública», alertó este jueves el portavoz y presidente de Concapa, Alberto González Costea.

La patronal de las cooperativas de enseñanza (Ucoerm), que comparte la prohibición de cuotas, alerta sobre el ataque a los centros con la prevalencia de los de educación infantil públicos de 0 a 3 años. Los padres de las cooperativas advierten sobre el «recorte a la libertad» auspiciado por la ley. También la presidenta de Escuelas Católicas, Alicia Plaza, teme por el futuro de los centros concertados con la nueva ley. «Es imposible en esas condiciones; pero me preocupa aún más el atentado contra la libertad de las familias a elegir centro, un derecho constitucional».

La Administración regional, firme en su apoyo a la concertada en la Región, arremetió este jueves contra «una ley que inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma, lo cual es absolutamente inmoral». Además, defendió el distrito único, que «ha permitido en la Región que cerca del 90% de familias escolaricen a sus hijos en el centro de su preferencia. Ahora se retrocede a un sistema donde la Administración le dicta a los padres el centro al que debe asistir su hijo».