La Comunidad busca acabar con los pagos a ACS por la desaladora de Escombreras

En concreto, a finales de 2020 se habían abonado más de 183 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma, en virtud de los «leoninos compromisos» que, en palabras de la fiscal Maribel Neira, asumieron en su día altos cargos públicos regional –con el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, a la cabeza–, y por los cuales se comprometieron a abonar a empresas del Grupo ACS ingentes cantidades de fondos públicos hasta 2030 por la explotación de la planta.

Según admite el propio Gobierno murciano, para esa fecha, si nada cambia, se habrán acabado pagando 540 millones por el aprovechamiento de una planta cuya construcción se presupuestó en poco más de 125 millones.

Todos estos datos están contenidos en el recurso de apelación que la Comunidad Autónoma ha presentado recientemente ante la Audiencia Provincial de Murcia, a cuyos magistrados reclama autorización para hacer aquello que ya pidió, meses atrás, a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, y que esta denegó: la consignación judicial de esos pagos a realizar a Hydromanagement. Esa medida, de ser autorizada, supondría que las cantidades no se entregarían a esa empresa privada, sino que quedarían bajo la custodia del juzgado hasta que haya sentencia firme. De esa forma se evitaría el riesgo de «causar un perjuicio efectivo y real a la Hacienda Pública regional», en el caso de una hipotética condena contra esa mercantil y de que se declarara insolvente para abonar las millonarias responsabilidades civiles que puedan deducirse.

En este sentido, los servicios jurídicos autonómicos advierten de que la única medida cautelar establecida hasta el momento por la juez Azuar consiste en ordenar «la prohibición de disponer» de la planta, lo que impide que pueda ser vendida o enajenada. Pero, lógicamente, señalan los representantes legales de la Comunidad, «si se paga más de lo que vale la planta –situación en la que ya se está desde octubre–, esta misma nunca puede bastar como garantía de recuperación de dicho exceso».

«Ese riesgo concreto para la Hacienda regional no solo existe –se advierte en el recurso de apelación–, sino que se concreta todos los meses a propósito del pago de cantidades millonarias (...), con la inevitable consecuencia de estar traspasando ya la línea roja del coste de la instalación».

El escrito de la Comunidad es particularmente duro con quienes en su día ejercieron como altos cargos y altos funcionarios suyos y, actualmente, se encuentran procesados por el llamado 'caso Desaladora'. Además del exconsejero Antonio Cerdá se encuentran en esa situación Amalio Garrido Escudero y José Manuel Ferrer Cánovas (exgerentes del Ente Público del Agua-EPA), Miguel Ángel Ródenas Cañada (ex director general del Agua), Diego Manuel Pardo Domínguez (ex secretario general de la Consejería de Agricultura), Juan José Beltrán Valcárcel (ex alto cargo de la Consejería de Economía y Hacienda), Diego Cola Palao (ex director general de la Administración Local) y María Antonieta Fernández Cano (exasesora de la Consejería de Agricultura).

«Es preciso distinguir la persona jurídica Desaladora de Escombreras, que hoy en día es una empresa del sector público regional e íntegramente de titularidad de la Comunidad, de quienes, como gestores de la misma o de otros entes públicos, han propiciado, con su actuación negligente o dolosa, la actual situación de la referida desaladora en una sociedad deficitaria, que no puede hacer frente a los compromisos contractuales asumidos vía subrogación y que, en definitiva, repercuten en los presupuestos de la propia Administración regional».