Ruina por goleada

La planta de Escombreras, con una capacidad modesta de 21 hectómetros, debe en parte su nacimiento a un calentón del Gobierno de Valcárcel con Rodríguez Zapatero, tras la derogación del Trasvase del Ebro. El Ejecutivo regional lanzó el Ente del Agua para favorecer los crecimientos urbanísticos –muchos resorts que naufragaron–; y argumentando que peligraba el suministro firmó 26 convenios con los ayuntamientos, que fueron incapaces de pagar una tarifa 'take or pay', por lo que aquello se derrumbó como un castillo de naipes. La herramienta fue la desaladora, y a partir de ahí todo el monte fue orégano (y lo que no parecía orégano). El entramado societario, la forma en que se hizo y los contratos leoninos de ese Ente con filiales del grupo ACS, de Florentino Pérez, eran un cúmulo de despropósitos.

Desde el primer minuto, la operación era ruinosa para la Comunidad, que sigue pagando a Hydromanagement (80% de ACS y 20% de empresarios locales) hasta haber sobrepasado ya el coste de las instalaciones, como revela mi compañero Ricardo Fernández. Una cantidad similar al préstamo del aeropuerto, curioso. Y lo que queda. La evidencia de que la operación era un desastre se supo cuando el gerente del Ente Público del Agua declaró a LA VERDAD en febrero de 2013 que la Comunidad no podía pagar la desaladora, y que su precio final será de 600 millones, cuatro veces el valor inicial de la planta (un argumento que se repite ahora, con el Gobierno regional pidiendo ayuda a la Audiencia para detener los pagos). A partir de ahí se desencadenó todo, aunque Valcárcel negó la evidencia diciendo entonces que la planta no iba a costar 600 millones de euros.

No debía creérselo ni él mismo cuando, a raíz del revuelo, contó que viajó a Madrid a reunirse con Florentino Pérez para intentar solucionar el desaguisado. El presidente del Real Madrid le dijo que le vendía la desaladora por 150 millones de euros, y hasta ahora.

El Tribunal de Cuentas advirtió en sus informes de fiscalización, de 2008 a 2011, de que la desaladora era insostenible para la Comunidad, con pérdidas anuales de 11 millones de euros. No obstante, se quedó ahí. El año pasado, el Supremo obligó al Tribunal de Cuentas a reabrir el caso por supuesto daño al erario público. Otro dictamen demoledor de la Intervención de la Comunidad detectó incluso responsabilidades contables, amén de un listado de irregularidades. Quien cumplió la ley e informó a la Fiscalía, sin seguir las instrucciones de San Esteban, fue fulminado, como le ocurrió al anterior director de los Servicios Jurídicos, Francisco Ferrer.

Para compensar algo semejante gasto, la planta podría duplicar su producción, pero el Gobierno regional no quiere ni oír hablar del asunto. La desaladora es otro invento que no iba a costar un euro a los murcianos. No hay forma de quitarse esta hipoteca de encima, y quedan otros 13 años por delante para seguir pagando.