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Los más de 25.000 profesores y miembros del personal de administración y servicios de los cerca de 600 centros educativos de la Región serán citados en sus ambulatorios de referencia para someterse al test rápido (prueba serológica) de coronavirus antes del inicio de curso, que en principio se mantiene a partir del 7 de septiembre. Las pruebas PCR se reservarán para los docentes que hayan estado en contacto con positivos o por valoración médica.
Los consejeros de Salud y Educación lo anunciaron ayer después de participar en la Conferencia Interterritorial con los ministros del ramo, en la que las comunidades respaldaron el documento de mínimos propuesto por el Gobierno central. El consejero de Salud, Manuel Villegas, defendió la idoneidad de realizar al personal educativo pruebas serológicas en lugar de PCR porque, según explicó, las PCR pueden «dar sensación de falsa seguridad en el colegio, y solo detectan si la enfermedad está activa, pero no descarta que puede estar siendo incubada. No son la panacea. El test serológico busca anticuerpos, es decir si se ha pasado la enfermedad, y con esa prueba se busca saber qué defensas van a tener los profesores de cara al inicio de curso», explicó.
Las pruebas
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Test serológico: Se realiza a partir de una muestra de sangre. Detecta la presencia de anticuerpos del virus y permite saber si se ha pasado la enfermedad.
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Prueba PCR: Se realiza introduciendo un bastoncillo en la parte posterior de la nariz para obtener la muestra. Detecta el virus. Es adecuada si se tienen síntomas de la Covid-19 o se ha estado en contacto con un positivo.
El protocolo sanitario de mínimos presentado por el Gobierno central, respaldado ayer por la Administración regional (todas las autonomías lo apoyaron, menos el País Vasco, que se abstuvo) establece 29 medidas y cinco recomendaciones, apuesta por la presencialidad, por lo menos hasta segundo de la ESO, y obliga al uso de las mascarillas a todos los niños de más de seis años.
Con el móvil a clase
Las medidas acordadas en esa hoja de ruta, que acota hasta el extremo la posibilidad de que un colegio cierre completamente si aparece un caso de coronavirus, no aportan demasiadas novedades a las guías ya elaboradas por las consejerías de Salud y de Educación de la Región. «No recoge ninguna medida que no esté ya contemplada en el protocolo que hicimos llegar a los centros a principio de verano», reivindicó ayer la consejera Esperanza Moreno. Planteó que en las instrucciones de inicio de curso se va a contemplar permitir que los alumnos que tengan teléfono móvil puedan acceder a las aulas con él, en silencio, pero operativo, para poder hacer uso de la aplicación Radar Covid. «Es de suma importancia generalizar su uso y esta medida nos ayuda a hacerlo entre la población más joven», dijo la titular de Educación, que hará llegar a las familias «un tríptico donde, de manera clara y sencilla, se exponen las medidas que se adoptarán en los centros educativos de la Región».
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El control de la temperatura a los niños, «mejor en casa»
Las familias murcianas tendrán que tomar a sus hijos la temperatura en casa. El Ministerio ha marcado en sus directrices que el control se realice «a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada, y en el caso de que se realice en el centro educativo, se eviten aglomeraciones y se asegure el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal». La Consejería de Salud estima que es mejor que se haga en casa, antes de acudir al colegio. «Puede ser un problema que todos los niños necesiten que se les tome la temperatura en el colegio, porque puede generar aglomeraciones. Se pedirá a los padres que, en la medida de lo posible, se la tomen en casa», dijo ayer Manuel Villegas.
La ministra destacó que la responsabilidad de los padres sobre llevar a sus hijos sin fiebre se podrá fijar a través de una «declaración responsable».
La vuelta a las aulas del 'curso Covid' será pues, en toda España, presencial, aunque con diferencias de calado en el planteamiento: mientras muchas comunidades han planificado una rebaja de las ratios, otras, como Murcia, se limitan a disminuir el aforo a costa de reducir los días de asistencia de los menores a clase. Ni los ministerios de Sanidad y Educación ni la Administración regional se plantean, hoy por hoy, el retraso de las fechas marcadas para la vuelta al cole, que en la Región empezará el 7 de septiembre para los más pequeños en varios municipios.
La decisión, en cualquier caso, no está cerrada, ya que dependerá de la situación epidemiológica de la Región a finales de la próxima semana. El regreso a las aulas, cerradas a cal y canto desde el pasado mes de marzo, está organizado de forma escalonada dependiendo de los municipios y niveles educativos.
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Sin criterios comunes sobre las medidas a adoptar con las familias 'insumisas'
Hubo acuerdo, pero también cuestiones de peso que quedan en el aire y a criterio, por el momento, de las comunidades autónomas. El protocolo de vuelta a las aulas planteado por los ministerios de Salud y Educación y respaldado por las comunidades deja cabos sueltos, como la ausencia de un protocolo común de absentismo escolar y de un sistema homogéneo para revisar los planes de contingencia de los centros educativos. La consejera de Educación había demandado al Gobierno central que fijara una tasa mínima de incidencia de contagios que determinara el cierre de los centros educativos, «ya que es necesaria una postura común basada en criterios estrictamente sanitarios», demandó.
Las instrucciones del Ministerio marcan que los colegios e institutos solo suspenderán las clases si hay contagios «descontrolados y generalizados», pero no fijan esa tasa mínima. «El saber, de manera consensuada, cuándo proceder a adoptar estas decisiones nos aportaría mayor seguridad y tranquilidad», dijo. La Comunidad decidirá pues el cierre de los centros educativos por zonas geográficas en función del nivel de incidencia acumulada de coronavirus.
Tampoco se ha establecido un régimen común para hacer frente al absentismo escolar, en un momento en el que cada día aumentan las familias 'insumisas' que anuncian que no llevarán a sus hijos a clase por considerar que «no es seguro». La Consejería solicitó al Ministerio que adopte un «criterio claro» a lo largo de este curso, y demandó de nuevo a que autorice a las comunidades a flexibilizar los currículos de las materias y asignaturas. «Toda la comunidad educativa y la sociedad sabe que este no es un curso normal; es una demanda del profesorado y le brindaría la herramienta normativa para ajustar la respuesta educativa a sus alumnos en un contexto como el actual».
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