La Comunidad pide que su exconsejero Cerdá pague por los daños al Mar Menor

Debido a que actúa meramente en calidad de actor civil, la Comunidad Autónoma no reclama penas de prisión, sino solo la restitución de todos los fondos que ha debido gastarse de manera extraordinaria, en estos seis últimos años, para tratar de sacar al Mar Menor de ese estado medioambiental tan cercano a su defunción.

La letrada de los servicios jurídicos regionales no se limita a ofrecer el dato de la cuantía total invertida, sino que la detalla en los casi quince millones invertidos por la Dirección General del Mar Menor en actuaciones de monitorización del estado ecológico, retirada de biomasa vegetal, actuaciones de protección y conservación de la fauna protegida, trabajos para la reducción de la entrada de nutrientes y labores de retirada de los peces y los crustáceos muertos por la anoxia de 2021.

Otros casi cinco millones los reclama por una infinidad de gastos de la Dirección General de Medio Natural, que van desde todo tipo de mediciones, observaciones, análisis e informes para realizar un seguimiento del estado de la albufera hasta el diseño de proyectos y programas para la mejora de ese ecosistema.

Por último, las inversiones de la Dirección General del Agua, por importe de algo más de 1,7 millones, se centran en la realización de obras de emergencia para la derivación de caudales desde la rambla del Albujón a la red Arco Sur-Mar Menor, para frenar el aporte continuo de agua dulce y nutrientes a través de esa vía.

En su escrito, la representante legal de la Comunidad da por buenos los argumentos legales del magistrado instructor del 'caso Topillo', Ángel Garrote, para justificar el procesamiento de todos los encausados en esta pieza principal por la contaminación del Mar Menor. Y, más concretamente, apoya la versión del juez de que la Consejería de Agricultura, durante los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y mientras estaba liderada por Antonio Cerdá, incumplió de manera flagrante su obligación de controlar y sancionar por el uso indebido de fertilizantes en las explotaciones agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena.

Concretamente, el magistrado Garrote señaló en su auto de procedimiento abreviado que «la falta de estas inspecciones pueden y deben ser imputadas al exconsejero Cerdá, pues era él la máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo. Existen en la causa indicios de que esta omisión pudo ser deliberada, en la inteligencia de que aparentemente no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del Mar Menor ni, por lo tanto, consideraba necesarias las medidas de control sobre su uso».

Pues bien, la Administración regional coincide plenamente con esas imputaciones sobre la omisión del deber de actuar desde una de sus consejerías. Y así lo afirma en el documento ahora remitido al juzgado, en el que reclama que quienes puedan resultar condenados abonen esos 21,5 millones en concepto de daños y perjuicios causados.

A la vez, el juez Ángel Garrote ordenó ayer la apertura de juicio contra todos estos encausados –los antiguos altos cargos Antonio Cerdá y Manuel Aldeguer y los responsables de 37 explotaciones agrícolas– por presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente. En el mismo auto requiere a los acusados y aparentes responsables civiles para que presten una fianza que se eleva hasta un total de 16,25 millones, «con apercibimiento de embargo de bienes».