La Comunidad pone a correr a diez municipios por la ordenación territorial del Mar Menor

Los consistorios disponen de un mes para informar a la Consejería de Medio Ambiente de «la incidencia» que el borrador de ese plan de usos elaborado por la Consejería de Fomento puede tener «en sus competencias o intereses», de «los efectos» sobre el medio ambiente y de «los aspectos que deberá recoger el estudio ambiental estratégico» de esa iniciativa.

Así se lo comunicó el 10 de agosto la Dirección General de Medio Ambiente a las entidades municipales de Alhama de Murcia, Mazarrón, Fuente Álamo, Murcia, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier. Y les informó de que deben «indicar justificadamente» sus observaciones, para que el mencionado órgano ambiental de la Comunidad Autónoma pueda elaborar el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico.

La exigencia de atender este trámite -del que no informó la semana pasada el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, a pesar de las preguntas de LA VERDAD, ni la Consejería que dirige Juan María Vázquez- llega a los ayuntamientos con sus servicios técnicos mermados por las vacaciones de los funcionarios.

Además, en los consistorios de Cartagena, San Javier y Los Alcázares (los dos primeros gobernados por el PP y el tercero por el PSOE) la respuesta a esta consulta coincide con la necesidad urgente de analizar los efectos de la moratoria urbanística en estos municipios, ante sus dudas jurídicas sobre el alcance del decreto ley que regula la moratoria. El jueves pasado, Díez de Revenga se comprometió con los gobierno municipales a revisar los efectos de esa normativa, aprobada el 3 de agosto por el Gobierno de Fernando López Miras, del PP.

Entre las incógnitas destacan si la nueva redacción de la moratoria permite o bloquea la tramitación del Plan Parcial Los Belones Este, una ampliación de esta localidad cartagenera con 700 viviendas, y la construcción de casas y hoteles en la zona norte de La Manga, entre el puerto Tomás Maestre y Veneziola (San Javier).

Los responsables municipales reclaman «seguridad jurídica» y, si es preciso, modificar el decreto. Sobre Los Belones, el consejero aseguró que el decreto impide llevar a la práctica el proyecto, porque choca con la previsiones del plan de ordenación. Pero en el consistorio cartagenero no lo ven tan claro, porque el plan no ha entrado en vigor y porque ya no se exige que, en los ensanches urbanos, el promotor dispusiera del proyecto de urbanización cuando entró en vigor la ley de la laguna.

A este escenario burocrático y político hay que añadir que la Asamblea Regional debe convalidar el decreto, en 30 días a contar desde el 3 de agosto. PSOE y Podemos quieren corregir el texto del Gobierno del PP, al entender que permite nuevos desarrollos, y Vox se opone al veto urbanístico. Además, planea la amenaza de disolución del Parlamento el 7 de septiembre si no hay acuerdo para la investidura de López Miras.

A los deberes inmediatos para los ayuntamientos hay que sumar los que impondrá el Plan de Ordenación. Según el borrador, los del Área 1 (Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar) «deberán redactar, incorporar al planeamiento y ejecutar, por sí mismos o mediante la celebración de convenios», y en cada uno de los núcleos afectados, la revisión del planeamiento. Algunos planes generales y normas subsidiarias están ya en revisión, por iniciativa municipal.

Las administraciones locales habrán de cumplir ciertos «índices de sostenibilidad territorial y urbana», para ir a un modelo compacto, que evite la dispersión; de «reducción del consumo de suelo mediante la potenciación de la regeneración urbana»; y de «potenciación de los usos turísticos.

En la cuenca, «el incremento de viviendas previstas por planeamiento se cifra en un 62,89%». Supondría pasar de 111.408 a 177.134, un «enorme crecimiento». El plan reclama buscar «un consumo racional de suelo y de recursos y la movilidad sostenible».

Entre las principales bolsas de suelo urbanizable residencial figuran Loma de Arriba (con un aumento del 2.935,90% en el volumen de viviendas) y Las Beatas, en San Pedro del Pinatar; Santa Rosalía, en Torre Pacheco; Fuente Álamo; Novo Carthago, en El Beal de Cartagena (desarrollo paralizado por el Consistorio y por la moratoria); y Baños y Mendigo y Los Martínez del Puerto, en Murcia.