La Comunidad alega que el 'pin parental' «garantiza la neutralidad»

La Comunidad Autónoma se opuso ayer a la pretensión del Ministerio de Educación de suspender la aplicación del 'pin parental' en los colegios e institutos de la Región, argumentando que esta medida no perjudica al interés público y que «garantiza la neutralidad» frente a los posicionamientos ideológicos. Indica, asimismo, que en Aragón, Cantabria y Cataluña las actividades complementarias se consideran voluntarias. Reprocha al Ministerio que no haya presentado ningún caso que demuestre la lesión de derechos fundamentales.

Así se recoge en las alegaciones formuladas ayer por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma ante el TSJ, que debe decidir si suspende o no cautelarmente las instrucciones que se impartieron a final de agosto en los centros de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. En contra del criterio de la Abogacía del Estado, la Comunidad sostiene que el recurso del Ministerio es «extemporáneo», ya que han transcurrido más de dos meses desde la aplicación de la medida hasta el requerimiento que hizo el Gobierno central. Cree que tuvo tiempo suficiente para actuar, máxime cuando otras organizaciones y entidades sí recurrieron.

Sobre el fondo de la materia, la Comunidad alega que la ley Orgánica de Educación no define el carácter obligatorio o no de las actividades complementarias en los centros. Subraya que hay tres regiones que las han definido como voluntarias, «sin que ello haya merecido reproche alguno por parte del Ministerio». «No parece digno de tutela jurídica afirmar que debe suspenderse la aplicación de un acto cuya efectividad termina en junio, cuando el mencionado acto se viene aplicando desde septiembre». Defienden los Servicios Jurídicos que no existe el pretendido perjuicio al interés público. «El recurso responde a una errónea interpretación de las instrucciones impugnadas, las cuales se limitan a indicar que las actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se comunicarán a las familias para que estas puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

Añade que la eventual no participación de un alumno en una de estas actividades «no comporta perjuicio académico ni lesión del derecho a la educación; el centro sigue siendo responsable de su atención educativa».

Sostiene, asimismo, que el Estado «no es competente para transmitir valores morales no amparados por la Constitución y, en todo caso, no es posible transmitirlos de tal manera que posicionen ideológicamente al alumno». Destaca que las instrucciones dictadas «son garantes del respeto a esa obligada neutralidad, que difícilmente puede garantizarse cuando las actividades complementarias vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, que no están sometidas al deber de neutralidad de los empleados públicos».