La plataforma de suelos contaminados volverá a movilizarse contra la «inacción» de la Comunidad en el sellado de las balsas de Zinsa

Los vecinos de la plataforma de suelos contaminados de Cartagena volverán a movilizarse contra la «inacción» de las administraciones si no se cumplen los plazos legales en el cumplimiento de la orden del Juzgado de Instrucción 5 de que la empresa Cartagena Parque selle de «inmediato» las balsas con metales pesados de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa). Si la compañía no actúa, deberá hacerlo de forma subsidiaria la Comunidad Autónoma. Los residentes también reclaman agilidad para que la Comunidad adopte las otras dos medidas cautelares exigidas por el juzgado: definir cómo se realizará la retirada de los residuos distribuidos por la finca y la contención de las escorrentías de lixiviados que contaminan las aguas con metales pesados.

Así lo explicaron este jueves en una rueda de prensa sus portavoces Fulgencio Sánchez y Pedro Gálvez, en compañía de su abogado, José Manuel Muñoz, en la asociación vecinal de Torreciega. «Estamos medio satisfechos porque ya en 2019 anunciaron que iban a descontaminar. Llevan años riéndose de los vecinos», dijo Sánchez, en presencia del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, la edil de MC, Chiru Graña, y los diputados regionales Carmina Fernández (PSOE), María Marín y Víctor Egío (Podemos).

Este martes LA VERDAD desveló que el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, que investiga la demora de dieciséis años en clausurar el vertedero, aceptó la petición de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz, apoyada por la Fiscalía, y ordenó «que se proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos» por parte de la empresa Cartagena Parque. Esto después de años de lucha vecinal, tras el cierre de la factoría en 2008 y el incumplimiento de la clausura del vertedero exigida por la Comunidad en la declaración de impacto ambiental.

Los vecinos prevén que la empresa Cartagena Parque recurrirá la decisión del juez y volverá a interrumpir el proceso, mientras que los residentes y trabajadores del barrio de Torreciega siguen conviviendo con los metales pesados y sufriendo las consecuencias en su salud, al igual que el entorno natural. Al respecto, su abogado destacó «el desprecio que tiene la Comunidad Autónoma por el Medio Ambiente» y recordó que las medidas cautelares ya se impusieron en 2008 y 2009. «En aquella época ya éramos plenamente conscientes del peligro que suponían los metales pesados. No nos vengan diciendo que fue a partir de 2018 cuando se dieron cuenta de que los metales pesados se transferían al organismo humano, que generaban un peligro y un riesgo. Desde 2008 ya existía constancia del riesgo y peligro que suponía la existencia de esos metales. Y por eso se adoptaron unas medidas cautelares que fueron incumplidas reiteradamente, y se volvieron a pedir para aparentar que se estaba haciendo algo, pero en el fondo, no había una voluntad política de resolver el problema».