ACS afirmó que «toda la carga ideológica» de la trama de la desaladora llegaba de la Comunidad

Los «vestigios» de una supuesta connivencia entre empresarios que promovieron la desaladora de Escombreras y antiguos altos cargos de la Comunidad Autónoma, «vestigios» perfectamente enumerados por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional en un informe de casi 300 folios, ofrecen ejemplos tan numerosos como sorprendentes de hasta qué extremo eran fluidas las relaciones y contactos entre unos y otros. Y también, en apariencia, de hasta qué punto podían llegar a confundirse los intereses privados y los públicos.

Cuando el Grupo ACS entró en 2005 en el accionariado de Hydro Management y asumió el control del proyecto de la planta en Escombreras, el primer objetivo que se marcó fue que ninguno de los socios tuviera que efectuar desembolsos para acometer la construcción. Para eso necesitaba obtener financiación íntegra -al menos 111 millones de euros- por parte de los bancos, y fue en ese punto donde la Comunidad prestó su apoyo sin fisuras, asumiendo íntegramente los riesgos.

Para ello, quien era gerente en esa época del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, remitió una 'comfort letter' a Banesto en la que señalaba que «la mercantil Desaladora de Escombreras está controlada indirectamente por nosotros y pertenece en un 51% a una sociedad de nuestro grupo», por lo que «les confirmamos que el EPA asume como propias todas las obligaciones de pago». Más aún, indicaba que si Hydro Management no atendía los reembolsos del préstamo, el EPA se comprometía a poner los medios «para atender a su vencimiento la totalidad de las obligaciones de pago contraídas».

Documentos intervenidos por los agentes de la UDEF en sus registros aportan datos relevantes sobre cómo se gestó ese apoyo incondicional de la Administración regional hacia la parte privada del proyecto. Así, en la sede de Hydro Management se halló un borrador, creado el 2 de febrero de 2006 presuntamente por un alto cargo de ACS, casualmente con un texto casi idéntico al que Amalio Garrido, desde el organismo público que encabezaba, remitió dos meses más tarde a Banesto.

Más todavía, la UDEF se incautó en la sede de Hydro Management de una carta dirigida a Garrido por el director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Antonio Nebrera, que deja entrever que era el EPA el que tenía más prisa en sacar adelante el asunto de la obtención del crédito para la planta desaladora e, incluso, la idea de asumir todo el riesgo de la operación bancaria fue propia. «Hemos empezado en serio con esta financiación solo a partir de primeros de diciembre (de 2005), cuando nos disteis la fórmula definitiva», le hace saber Nebrera en la misiva. Y añade que «te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la única alternativa compatible con vuestras exigencias de plazo es Banesto, el otro banco no nos garantizaba poder cumplir con vuestros plazos».

En un momento dado, Nebrera llega a recordarle a Garrido, según destaca la UDEF en su informe, que «emana del EPA toda la carga ideológica» de esa operativa. Algo que lleva a los especialistas de la Policía a «afirmar la existencia de una connivencia (entre Administración regional y empresarios privados), ya antes de la firma de los contratos entre particulares que fueron asumidos por el sector público, con todas las consecuencias» que ello acarreó. Entre ellas, la de asumir compromisos de pago de 600 millones de euros en 25 años por la explotación de la desaladora, independientemente de que se produjeran o no los caudales previstos; una obligación que la UDEF considera carente de toda lógica por lo «leonino y abusivo» de esa cláusula.

Todos estas pruebas recabadas por los investigadores se encuentran ya en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que ha asumido la coordinación del denominado 'caso La Sal', en el que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a la desaladora de Escombreras.

Los documentos reseñados apuntarían en la línea ya trazada por la Fiscalía en su denuncia original, acerca de una presunta comunión de intereses entre altos responsables de la Administración regional y los empresarios particulares promotores de esas instalaciones, que se tradujo en que todas las consecuencias negativas del proyecto repercutieron sobre las arcas públicas.