El Supremo rechaza el recurso de Puerto Mayor y cierra un litigio de casi 50 años

Esta decisión judicial cierra definitivamente todas las vías legales y administrativas para Puerto Mayor y aboca a la firma a cumplir con los requerimientos tanto del Gobierno regional como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: desmontar las enormes tablestacas de acero que parcelan el polígono marino destinado a la construcción de los pantalanes y restituir ese tramo de costa a su estado original.

El Supremo ni siquiera entra a valorar el recurso de Puerto Mayor SA; en un brevísimo texto firmado por la magistrada Ángeles Huet de Sande, se «inadmite» la petición de la empresa «por falta de fundamentación suficiente», al entender que los pronunciamientos previos –del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y del TSJ– son suficientes desde el punto de vista legal. Y además condena en costas a la parte recurrente –1.000 euros en favor de la Abogacía del Estado y 500 para cada una de las partes recurridas y personadas, como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)–.

El Consejo de Gobierno acordó en agosto de 2020 la caducidad de la concesión administrativa basándose en que la empresa había incumplido los plazos para construir las instalaciones propuestas, después de solicitar sucesivas prórrogas a partir del año 1979, a las que se sumaron modificaciones del proyecto.

El Ejecutivo regional también reclamó a la empresa en el verano de 2020 que retirara las instalaciones construidas en el plazo de dos meses, sin derecho a recibir indemnización. Puerto Mayor se resistió y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que en noviembre de 2021 dio la razón a la Comunidad Autónoma. El último alegato de la constructora, ante el Supremo, acaba de ser rechazado.

Entretanto, el Ministerio para la Transición Ecológica reclamó en otoño del año pasado la devolución al Estado de los terrenos del fallido puerto, después de que quedase anulada la concesión otorgada hace ahora casi medio siglo al promotor Tomás Maestre. El departamento que dirige Teresa Ribera insistió en que Puerto Mayor tiene que devolver la zona a su estado natural, para lo cual es necesario desmontar las estructuras a medio construir. Y criticó que la empresa aún no hubiera demolido los pantalanes que degradan el entorno marino. El Ministerio anunció entonces que ejercerá la responsabilidad de forma subsidiaria, repercutiendo los gastos a la empresa.