La carga fiscal, el juego del ratón y el gato entre las titulares y el Gobierno

En el Ministerio para la Transición Ecológica arguyen que los propietarios de Almaraz –Iberdrola, Endesa y Naturgy– no han pedido una prórroga más allá de 2027. Pero de iniciarse un acercamiento entre el Gobierno y las empresas titulares, abordar la fiscalidad puede ser un punto de partida.

Los costes regulatorios actuales con unos tributos anuales que rondan los 1.600 millones de euros no invitan a dar este paso. «De los 64-65 euros por megavatio hora (MWh), hay unas cargas fiscales de 17 euros y además una tasa de gestión de los residuos –la denominada tasa Enresa– que hace que su coste no sea competitivo», justificó en la presentación de resultados de Endesa su consejero delegado, José Bogas.

Tanto este directivo como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se han mostrado esta semana partidarios de dialogar con el Gobierno y revisar el calendario de cierre si se vincula un alargamiento de la vida útil de las centrales a la adecuación de las cargas fiscales del sector. Esta reivindicación no es nueva. Estas compañías llevan años pidiendo una revisión del marco fiscal que hace que la fiscalidad se haya incrementado más de un 70% en los últimos cinco años y que entre 2025 y 2030 supondrá más de un 40% de sus costes totales, según los cálculos de PwC.

A la tasa de gestión abonada a Enresa con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales al final de su vida útil se unen otros tres gravámenes importantes:el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto por el combustible gastado y las ecotasas establecidas por las comunidades autónomas por razones de medio ambiente. Y a estas hay que añadir otros pagos como el IBI, el IAE o el pago de servicios como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La suma de todos estos tributos eleva la factura a 28 euros MWh. Una cifra muy por encima de la de otros países europeos.

La patronal del sector considera que muchos de estos tributos son además redundantes, como el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y las Ecotasas con la Tasa Enresa, puesto que no se destinan a actividades relacionadas con el parque nuclear al que va dirigido.

«Reducir los impuestos es aumentar la cantidad que va a percibir el Estado», defiende Javier Perea, consejero delegado de EAG (Empresarios Agrupados - GHESA), uno de los firmantes del manifiesto al que se han adherido más de una veintena de empresas del sector eléctrico involucradas en la industria nuclear española a favor de extender la vida de las centrales.