La guerra de las patentes CRISPR: 57.000 millones de euros y el futuro de la humanidad, en juego

CRISPR es la patente de patentes; la llave maestra de la biotecnología: una herramienta capaz de reescribir el código genético con la misma facilidad con la que editamos un texto en el ordenador. Su impacto potencial, valorado en más de 57.000 millones de euros, va mucho más allá de las terapias génicas: determinará cómo combatiremos el hambre con cultivos resistentes a la sequía, cómo produciremos combustibles limpios con microorganismos modificados, cómo curaremos enfermedades intratables.

La decisión de las premios Nobel, que ha sacudido al mundo de la biomedicina, llega después de que una junta técnica europea dictaminara en agosto que su primera solicitud de patente era defectuosa: según el tribunal, las científicas no explicaron su invención lo suficiente como para que otros investigadores pudieran utilizarla. Es como si hubieran patentado unas tijeras sin explicar que solo pueden cortar por las líneas de puntos.

La respuesta del equipo legal de las premios Nobel ha sido drástica: cancelar voluntariamente dos de sus patentes europeas más importantes antes de que un tribunal las invalide. Y no, la generosidad no tiene nada que ver en esta decisión. Doudna y Charpentier no le están regalando su invento a la humanidad. De hecho, es solo la última maniobra en una guerra que se prolonga ya una década y que enfrenta a dos bandos: por un lado, las premios Nobel y sus instituciones (Doudna por la Universidad de California en Berkeley y Charpentier por la de Viena) y, por otro, el potentísimo Broad Institute, que no es un laboratorio cualquiera. Es el mayor centro de investigación genética de América, una colaboración entre el MIT y Harvard.

El Broad Institute está liderado científicamente por Feng Zhang, el tercero en discordia en esta guerra, aunque su nombre no aparezca en el diploma del Nobel. En 2012, mientras Doudna y Charpentier publicaban su descubrimiento sobre cómo CRISPR podía utilizarse para editar ADN, Zhang –un joven investigador del MIT que emigró desde China– trabajaba a toda velocidad en su laboratorio. Seis meses después, Zhang anunció que había logrado algo que las galardonadas aún no habían conseguido: hacer funcionar CRISPR en células humanas. Un logro que le permitió, en 2014, conseguir la primera patente de la tecnología en Estados Unidos, el mercado más importante.

Lo que está en juego ahora es el control comercial de una tecnología que está transformando la medicina y que mueve miles de millones de dólares en licencias. Solo el año pasado, cuando Vertex Pharmaceuticals logró aprobar el primer tratamiento médico basado en CRISPR (un fármaco llamado Casgevy para la anemia falciforme, una enfermedad hereditaria), tuvo que pagar 50 millones de dólares de entrada para poder usar la tecnología, y se comprometió a pagar más millones en el futuro.

Pero el movimiento legal es tan inusual que los abogados de Doudna y Charpentier han enviado una carta de 76 páginas para explicar su decisión. Su argumento: el dictamen del organismo técnico es «erróneo e injusto», así que prefieren sacrificar algunas de sus propias patentes antes que aceptarlo. Es una jugada táctica: mejor retirar voluntariamente estas dos patentes que arriesgarse a sentar un precedente peligroso. Si un tribunal declarase que las patentes son inválidas por una explicación deficiente, este dictamen podría usarse para cuestionar otras patentes de las científicas, y no solo en Europa.

No es una decisión menor. El panorama de las licencias relacionadas con CRISPR es vasto y complejo: más de 11.000 familias de patentes protegen diferentes aspectos de esta tecnología y sus derivados. Y esto es solo el principio. Porque el invento de Doudna y Charpentier, aunque revolucionario, no para de crecer. En 2016, David Liu –un biólogo molecular también del Broad Institute– desarrolló los llamados 'editores de base', una versión más avanzada que funciona como un lápiz con goma, capaz de borrar y reescribir letras individuales en el código genético. Y, en 2019, el mismo Liu dio otro salto cualitativo con la 'edición mejorada', una herramienta que actúa como un procesador de textos, permitiendo reemplazar secuencias genéticas completas con una precisión sin precedentes. Esta última tecnología tiene el potencial de corregir el 89 por ciento de los más de 75.000 errores genéticos que causan enfermedades en los seres humanos.

El sistema actual de patentes tiene lo que algunos expertos llaman un 'pecado original'. En lugar de vender licencias no exclusivas a cualquier empresa interesada en desarrollar tratamientos –lo que hubiera permitido una mayor competencia y precios más bajos–, las universidades optaron por vender derechos exclusivos a compañías fundadas por sus propios investigadores, conocidas como spin-offs. Es decir, el Broad Institute le dio la exclusividad a Editas Medicine (fundada por Zhang), mientras que Berkeley se la dio a Caribou Biosciences (instituida por Doudna). Estas spin-offs a su vez licencian sus tecnologías a otras compañías a cambio de acuerdos financieros, lo que les asegura un flujo constante de ingresos. Esta batalla legal está creando una inseguridad jurídica global que puede paralizar la innovación. Muchas empresas e instituciones, temerosas de los agresivos bufetes estadounidenses, dudan antes de desarrollar nuevas aplicaciones.

Las cifras pueden ser astronómicas. Solo en Estados Unidos hay 20.000 pacientes con anemia falciforme que podrían beneficiarse de esta técnica, con un precio estimado de 3 millones de dólares por paciente. Y solo es la punta del iceberg. Los precios de las licencias varían según el tamaño de la empresa. Mientras las grandes farmacéuticas pagan millones, las pequeñas start-ups pueden acceder a la tecnología por unos 15.000 dólares anuales. El precio también depende de la nacionalidad de la compañía, la potencial competencia futura o las alianzas estratégicas que se establezcan.

Este modelo de exclusividad, según defienden las universidades, es necesario porque ninguna empresa invertiría cientos de millones en desarrollar un tratamiento si otras pueden copiarlo libremente. Pero esto ha tenido un efecto perverso: las empresas están gastando una fortuna en minutas de abogados (Editas invierte unos 10 millones de dólares anuales en proteger sus patentes) porque cada nuevo fármaco o tratamiento desata una guerra legal sin cuartel. Pero CRISPR es especial. Las aplicaciones se extienden mucho más allá de la medicina: desde cultivos modificados para resistir el cambio climático hasta microorganismos diseñados para producir biocombustibles, pasando por animales editados genéticamente para trasplantes.

Y aquí es donde la historia da un giro inquietante: CRISPR, junto con la inteligencia artificial y los implantes neuronales, forma parte de una triada tecnológica que está desdibujando los límites de lo que significa ser humano. Por primera vez en la historia tenemos herramientas para reescribir el código de la vida misma. La capacidad de editar el ADN abre la puerta a algo que hasta ahora solo existía en la ciencia ficción: la posibilidad de modificar la esencia biológica de nuestra especie. Las patentes que se están disputando hoy no son solo documentos legales: son las escrituras del futuro de la humanidad.

Pero la carrera no se detiene. Si CRISPR es revolucionario, las técnicas que se inspiran en él son transformadoras. Y los tribunales deberán dilucidar si estas nuevas terapias deberán pagar licencias por el CRISPR original. Para algunos es obvio que se trata de una tecnología derivada que debe pagar royalties; para otros sería como si cada nuevo modelo de automóvil tuviera que pagar derechos por la invención de la rueda.

La batalla legal está lejos de terminar. Una apelación sigue pendiente en Estados Unidos, donde el Broad Institute mantiene el control de las principales licencias. Mientras tanto, los primeros tratamientos ya están llegando a los pacientes y decenas de ensayos clínicos están en marcha. Quien controle las patentes tendrá en sus manos el poder de decidir quién accede a esta revolución y quién se queda fuera. El desafío es garantizar que beneficie a toda la humanidad, y no solo a quienes puedan permitírsela.