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María Ramírez
Lunes, 2 de septiembre 2024, 12:40
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula el alquiler de viviendas en España. En esta normativa, se incluyen todos los derechos y obligaciones tanto del propietario como del inquilino. De este modo, a la hora de firmar un contrato, ambas partes deben estar al tanto de cuáles son sus responsabilidades. Uno de los puntos que se recomienda reflejar en dicho documento es el tema de las reparaciones y revisiones, ya que suele generar conflicto.
El uso cotidiano y el desgaste pueden provocar diversas averías a lo largo del tiempo. Por ejemplo, suele ser habitual que un electrodoméstico falle, que haya un problema con la fontanería o que una bombilla se haya fundido. En estos casos, es fundamental consultar en la normativa quién debe asumir los costos del arreglo.
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Por lo general, el pago recaerá en una u otra parte en función de la naturaleza del daño. En concreto, según el artículo 21.1 de la LAU, «el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido». Sin embargo, establece que no deberá hacerse cargo de aquello que sea consecuencia del uso negligente del inquilino.
De este modo, el dueño del inmueble deberá ocuparse de aspectos como la rotura de persianas o la caldera, los desperfectos ocasionados por humedades, los problemas derivados de tuberías o la sustitución de electrodomésticos que se hayan quedado obsoletos, entre otros. En definitiva, todo aquello que garantice que el domicilio se encuentra en las condiciones adecuadas para su uso.
Es posible que el propietario se niegue a asumir un gasto, a pesar de que esté incluido en el listado de sus responsabilidades y se le haya comunicado debidamente. Si esto ocurre, el arrendatario tiene tres opciones para resolver la situación. La primera es interponer una reclamación judicial para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones.
En segundo lugar, se puede optar por solicitar la resolución del contrato de alquiler, ya sea de mutuo acuerdo o instando la resolución en los tribunales. Si no se quiere poner el caso en manos de la justicia, la tercera opción es que el propio inquilino realice las reparaciones necesarias y reclame posteriormente al dueño el importe. Esta última alternativa se suele hacer cuando la avería es muy urgente.
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