La gestión de la zona azul de Orihuela seguirá en manos de la empresa municipal Ildo

La zona azul vuelve a la palestra municipal. Dentro de cuatro meses acabará la última prórroga de la encomienda que la empresa municipal Ildo tiene de la gestión de la zona de estacionamiento regulado. El servicio fue asimilado por la mercantil pública después de que el equipo de gobierno del exalcalde Emilio Bascuñana asumiera la gestión directa tras estar el servicio cuatro meses interrumpido al no poder el Ayuntamiento sacar a tiempo la licitación del mismo. Ahora que Ildo parece llamada por el actual ejecutivo local a sumar los jardines de la costa a su lista de tareas, el PSOE ha presentado una moción al próximo pleno para que el gobierno local se manifieste de forma clara sobre cuál su modelo de gestión para la zona azul y que, de paso, implemente algunas mejoras que entienden necesarias.

El ejecutivo, sin embargo, no se ha hecho de rogar. El portavoz popular y actual edil de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha despejado dudas antes de la sesión plenaria de la semana que viene y, en declaraciones a LA VERDAD, manifiesta que la gestión de la zona azul seguirá siendo directa y, por tanto, asumida por Ildo. Valverde también ha compartido opinión con la portavoz socialista y exalcaldesa, Carolina Gracia, sobre que la labor que está realizando la empresa municipal al frente del servicio está siendo «impecable».

Los socialistas proponen, aun así, abordar una actualización e implementación de mejoras. Piden modificar las tarifas y establecer bonificaciones para colectivos como comerciantes, estudiantes, familias numerosas, mayores y aquellas personas que, por su trabajo, se ven obligados a aparcar su coche en zona azul durante largos periodos de tiempo. Asimismo, pide que se establezcan nuevas formas de facturación, que se acabe el límite de pago de dos horas y que se valore quitar la zona azul en las tardes de verano, cuando la ciudad se vacía de vecinos porque la mayoría se desplazan a sus destinos vacacionales.

Gracia manifestó asimismo que esta batería de medidas urge porque se están dando casos de equipos médicos del hospital o efectivos de Protección Civil que deben echar mano de pedir permisos a la Policía Local para poder estacionar sin riesgo de encontrar una multa a la vuelta. Para consensuar todo ello, la portavoz socialista llamó a convocar la mesa local de comercio y la de movilidad y que estas cuenten con la presencia de todos los grupos políticos municipales

Valverde, en este sentido, ha manifestado que, desde el equipo de gobierno, se abren a estudiar todas estas medidas y avanza que, de cara a la nueva prórroga de la encomienda a Ildo que asegura que van a aprobar, esperan contemplar una inversión para la renovación de la señalética que esté deteriorada y de los propios parquímetros, algunos de ellos con defectos en sus pantallas táctiles. Aun así, el edil del PP no pudo evitar reprochar a Gracia que ella, como alcaldesa, dijo, no abordara estas cuestiones mientras estuvo al frente del Consistorio.

Carolina Gracia, asimismo, ha recordado al equipo de gobierno PP-Vox que el Ayuntamiento invirtió 18.000 euros de las arcas municipales en el encargo de un estudio en el que, entre otras cuestiones, se valoraba la ampliación de la zona azul en la costa. La líder de los socialistas oriolanos pidió que se rescate dicho documento y se vuelva a estudiar su viabilidad. Del mismo modo, descartó que en el casco urbano, para mejorar el servicio, sea preciso incrementar las tarifas o ampliar la extensión de la zona de aparcamiento regulado y, en ese sentido, reprochó al gobierno de Bascuñana de haberla expandido «sin límites».

Valverde dijo desconocer donde se encuentra dicho documento y manifestó que tratará de buscarlo. Aun así, se mostró receloso de que la expansión de la zona azul a la costa no vaya a generar más perjuicios que beneficios a los vecinos del litoral. El portavoz popular señaló en esa línea que la falta de aparcamiento en la costa es un fenómeno estacional y que se da fundamentalmente en verano, cuando cientos de visitantes acuden a pasar sus vacaciones en sus segundas residencias. Por esto, señaló que esa realidad compromete la rentabilidad de la decisión, así como, se teme, podría despertar una firme oposición vecinal.

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