Valoran pedir un préstamo de 1,3 millones para el puente sobre la AP-7 en la costa de Orihuela

Más de una década llevan los vecinos de Lomas de Cabo Roig reclamando el puente peatonal sobre la AP-7. En la actualidad, peatones, carritos, sillas, patines y bicis comparten el mismo espacio para transitar: la calzada. Todo con el riesgo que conlleva y más cuando se sabe que es la única manera de atravesar esa barrera que separa la urbanización de la primera línea de costa. El alcalde, Pepe Vegara, entiende que es hora de cerrar este capítulo y lo contempla como una de las dos obras prioritarias junto al nuevo depósito de agua en la costa oriolana. Según ha podido saber este periódico de fuentes del ejecutivo local, en la mente del regidor está pedir un préstamo de 1,37 millones para ejecutar el proyecto.

La historia de esta infraestructura se remonta a enero de 2002. El Pleno aprobó ese año el convenio urbanístico con la mercantil Urbana San Miguel SL para el desarrollo del sector Lomas de Cabo Roig. En aquel documento, se estipuló un aval de 1,2 millones que la mercantil ingresó en Bancaja (ahora CaixaBank) en diciembre de 2004. En aquel acuerdo, figuraba entre las obligaciones de la constructora la ejecución de este puente. En los años siguientes, la mercantil, que empezó a atravesar apuros económicos con el estallido de la burbuja inmobiliaria, nunca estuvo por la labor de cumplir con ese compromiso.

El asunto se precipitó cuando, en 2018, el Ayuntamiento consiguió el permiso de Carreteras del Estado. Una autorización necesaria y hasta entonces no obtenida, en la que Urbana San Miguel se escudaba para no proceder a iniciar los trabajos. Pero, una vez más y pese a contar con los papeles en regla, el urbanizador hizo caso omiso de los requerimientos del Consistorio.

En el Pleno ordinario de julio de 2021, el equipo de gobierno del alcalde Emilio Bascuñana, ya exasperado, declaró la caducidad del convenio por el incumplimiento del agente urbanizador y se aprobó incautar la garantía depositada por el promotor en 2004. Sin embargo, el banco se negó también a entregar el dinero.

El caso acabó en el Contencioso-Administrativo. Al frente de la operación estaba el entonces edil de Urbanismo, José Aix (Cs). Se hizo una modificación presupuestaria con cargo a los remanentes de tesorería de 86.515 euros y se prepararon los pliegos para licitar la redacción del proyecto.

El secretario municipal comunicó entonces un error en los pliegos que no fue subsanado a tiempo, por lo que, al final, la partida aprobada se perdió.

El actual equipo de gobierno asume que el préstamo dará para acometer todo el proyecto. Aseguran que el aval del banco, el cual permitiría amortizar la obra, no está todavía disponible y que, con ese crédito, podrán afrontar los trabajos a la mayor celeridad. Todo mientras el Ayuntamiento continúa litigando por ingresar ese dinero que hace tantos años depositó el promotor.