Era una obsesión del alcalde, Eduardo Dolón, y hasta el último minuto de la campaña electoral le costó el enfrentamiento directo con el anterior Gobierno valenciano. El Botánico intentó emprender, justo antes de la contienda en las urnas, la reforma del Delfina Viudes como centro para menores tutelados contra la voluntad de Dolón, que buscaba blindar su uso como residencia para personas con diversidad funcional. En plena trifulca interinstitucional, Dolón incluso llegó a ordenar la paralización de las obras por carecer de licencia municipal. Este martes el regidor escenificaba tras la Junta de Gobierno que Valencia, actual concesionaria del inmueble construido por el Ayuntamiento, ya no contravendrá los designios del Consistorio tras el cambio de gobierno en la Generalitat.
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Precisamente en esa línea, el máximo órgano ejecutivo local ha aprobado la modificación de la cesión por parte del Ayuntamiento a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Con esta modificación, recalcan, se desvanece ese fantasma de que pudiera albergar algún día un centro de acogida de menores y que, en su lugar, se destine íntegramente a residencia y centro de atención para personas con diversidad funcional. También conservará su función secundaria como punto de encuentro familiar, o lo que es lo mismo, como lugar de intercambio neutral para padres con hijos en custodia compartida.
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El alcalde ha defendido que el criterio lógico era «destinar dicho edificio a los usos previstos en el proyecto inicial, es decir, que el total de la residencia se destine exclusivamente a dar cabida a personas con discapacidad, ya que existe una demanda enorme de plazas en la Comunidad Valenciana, particularmente en la comarca de la Vega Baja». Además, el alcalde ha considerado que estas personas necesitan atención, autonomía y dotación de medios públicos que sean «suficientes», y que el planteamiento efectuado en 2019 de manera conjunta por el gobierno local de izquierdas y la Generalitat «promovía justamente lo contrario».
Una vez aprobada la modificación del cambio de usos de la residencia, ha informado Dolón, el acuerdo se remitirá a la Generalitat para su aceptación y el comienzo de los trámites administrativos necesarios para que puedan comenzar las obras de adaptación del edificio «lo antes posible». O lo que es lo mismo, una contrarreforma las obras emprendidas por el anterior ejecutivo valenciano, que quedaron a medias. Lo que, por otra parte, supondrá a la Generalitat una indemnización a la empresa adjudicataria de estas obras que fueron contratadas por el ejecutivo del expresident Ximo Puig y que estaban valoradas en algo más de un millón de euros.
Eduardo Dolón ha manifestado que también ha mantenido antes de su comparecencia este martes una reunión con los responsables de las asociaciones locales AFA, ALPE, APANEE y ADIEM y AMFA, para darles a conocer los detalles de la aprobación hoy en Junta de Gobierno Local de esta modificación.
El alcalde ha recordado que con fecha 4 de enero de 2019, gobernando el pentapartito, la Junta de Gobierno acordó la cesión por medio de mutación demanial del inmueble destinado a residencia para personas con diversidad funcional, ubicado en la avenida Delfina Viudes, cuyo uso, entonces, se condicionaba a que fuera destinado también a la acogida de menores tutelados. Es decir, el Ayuntamiento, de común acuerdo con la entonces Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, «acordó esa cesión que ambos gobiernos de izquierdas consideraron oportuno para esta ciudad y su entorno inmediato».
Con fecha 6 de marzo de 2019 se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat la resolución de 19 de febrero de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la que se acuerda aceptar la cesión de dicho inmueble.
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El 31 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno, ha recordado Dolón, adoptaba la toma en consideración de un moción conjunta de PP, Ciudadanos y Vox, que contenía como acuerdo principal instar a la Conselleria a que se siguieran manteniendo los usos para los que fue proyectado el centro en 2011. Eduardo Dolón ha explicado que, frente a esta petición, «nos topamos con el 'no' de nuevo por parte de la Conselleria de Mónica Oltra y el Consell de Ximo Puig, que decidió, incluso, iniciar las obras sin modificar un documento de carácter esencial como es la Licencia Ambiental. El trámite de control ambiental es siempre previo a la licencia de obras, y, por este motivo, se decretó por parte del Ayuntamiento la suspensión inmediata de las obras y la paralización de éstas hasta tanto en cuanto no se modificara la Licencia Ambiental».
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Eduardo Dolón señala que es «una muestra definitiva de que este asunto era una cuestión de la que el Botánico solo quería hacer bandera política, sin importarle lo más mínimo la opinión de este Ayuntamiento y, sobre todo y principal, sin la más intención de ser sensible a lo que los colectivos y familias estaban trasladando». Así, ha recordado, el 26 de mayo de 2023 –dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo– se acordó por parte del Pleno del Consell que dichas obras fueran declaradas de «utilidad pública» con la intención de burlar el decreto de paralización de obras.
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Tras las elecciones y con el cambio de gobierno, el actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, prometió ante los medios en el curso del último Certamen de Habaneras un cambio de rumbo de la administración autonómica respecto al centro Delfina Viudes. «Desde el mismo instante que el president ocupó su cargo, el Ayuntamiento se puso a trabajar codo con codo con la Conselleria de Servicios Sociales para tratar de reconducir esta situación a la que nunca se tendría que haber llegado», ha suscrito este martes Dolón.
Así, el pasado septiembre, se desplazó a Torrevieja la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, para escuchar de boca de todos los colectivos afectados qué necesitaban y que estos les trasladaran la preocupación que tenían respecto a este asunto. Para finalizar, el alcalde de Torrevieja ha indicado que, desde ese momento, «nos hemos puesto a trabajar en resolver este asunto con el gobierno autonómico para dar pasos firmes en la resolución de un problema que ya está solucionándose».
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El PP de Torrevieja nunca se ha declarado en contra del centro de menores en términos antiinmigratorios. En este sentido, siempre ha denunciado que la intención del Botánico contravenía el espíritu inicial con el que construyó el edificio en tiempos del exalcalde Pedro Hernández Mateo y que la decisión se tomó a espaldas del Ayuntamiento y, sobre todo, de las principales asociaciones que prestan atención a la diversidad funcional en el municipio y que, además, perciben ayudas del Consistorio precisamente para el desempeño de esta y otras labores sociales.
Cuando Dolón ordenó paralizar las obras de reforma emprendidas antes de las elecciones por el Botánico, advirtió además de que, junto al Defina Viudes, se encuentran ubicados un centro escolar, viviendas y numerosas empresas del polígono Casa Grande, y que cualquier cambio de actividad implicaba la consulta a todos los propietarios del entorno.
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Otro asunto relacionado es que, si bien es cierto que la demanda de plazas para residencia de personas con diversidad funcional existe, este proyecto del Delfina Viudes sería de características muy similares al que el mismo gobierno del actual president, Carlos Mazón, pretende emprender en el antiguo asilo de Orihuela. Cabe recordar que el actual ejecutivo valenciano se ha comprometido a construir lo que llaman la Ciudad Sociosanitaria de la Vega Baja en este inmueble comprado en 2022 por el gobierno de Ximo Puig.
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Por lo pronto, la adecuación de un ala de este edificio para repatriar a la capital de la Vega Baja a los usuarios del Centro Oriol costaría unos dos millones, según explicó en una visita al antiguo asilo del secretario autonómico Emilio Argüeso. Los usuarios del Oriol, a su vez, permanecen alojados en el Delfina Viudes desde que la Dana de 2019 destrozó sus instalaciones y les obligó a abandonar Orihuela.
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Una de las primeras decisiones del actual alcalde oriolano, Pepe Vegara, fue precisamente visitar junto a Dolón el Delfina Viudes y, de ese modo, testar de primera mano que las instalaciones, con las obras emprendidas por el gobierno Puig a medio terminar, han dejado en malas condiciones a los usuarios del Centro Oriol, con poca intimidad e incluso sin aire acondicionado, contaban los dos regidores.
Por otra parte, la presión migratoria obliga a la Generalitat a disponer de más recursos para prestar atención socioeducativa a la gran cantidad de menores no acompañados que llegan a la Comunidad Valenciana. En la Vega Baja no existe ningún recurso de este tipo que sirva de referente para el sur de la provincia de Alicante.
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