El PSOE de Torrevieja denuncia «amiguismo» y «fraude» en la gestión de dos contratos municipales

Pleno de plenos. El Ayuntamiento de Torrevieja acogía este viernes dos sesiones plenarias seguidas. La primera de ellas para aprobar la segunda modificación de los vigentes presupuestos municipales y la segunda era un pleno de fiscalización, el segundo de la legislatura a petición del PSOE. El anterior se produjo el año pasado y tuvo como tema central la gestión del contrato de las basuras y las penalidades impuestas por su incumplimiento a la adjudicataria Acciona.

En este caso, los socialistas solicitaban explicaciones al equipo de gobierno en torno a cuatro expedientes diferentes. El primero de ellos era el de la contratación de las obras de remodelación del dique de Levante. El Ayuntamiento tuvo que sacar por segunda vez a concurso las obras tras un error de los técnicos que no entraron a valorar la oferta presentada por una de las empresas que se presentó. Los funcionarios, según ha explicado el Ayuntamiento, se dieron cuenta del error una vez que ya se había abierto el sobre con la oferta económica, lo que obliga a devolver el concurso al inicio, sacarlo del Acuerdo Marco para tramitarlo por un concurso abierto a todas las empresas e indemnizar a las que mercantiles que se presentaron a la anterior licitación con 30.000 euros.

La portavoz socialista, Bárbara Soler, solicitó responsabilidades habida cuenta que durante toda la tramitación del procedimiento estuvieron presentes directores generales, puestos de designación política, recalcó, que cobran unos 100.000 euros anuales y que habrían demostrado una «total falta de diligencia». Soler aseguró que el alcalde, Eduardo Dolón, manifestó en la anterior sesión plenaria que las responsabilidades las asumiría él, pero que solo lo dice de palabra. «Que empiece por poner los 30.000 euros», exigió Soler, que desconfía de la versión ofrecida por el Ayuntamiento y los técnicos no encontraron en un primer momento la plica de mercantil afectada. Por contra, Soler insinuó que pudo ser deliberadamente omitida.

El alcalde defendió que en el concurso no solo intervinieron los directores generales, sino también otros funcionarios del Ayuntamiento e incluso habilitados nacionales. Asimismo, Dolón justificó que la decisión se tomó en base a un informe técnico que desaconsejaba seguir con el concurso, pues de lo contrario, advirtió, hubiera supuesto haber pagado en los tribunales una indemnización mucho mayor por vulnerar los derechos de la empresa cuya oferta no se entró a valorar. Incluso tuvo tiempo el regidor torrevejense para reprochar al PSOE que el gobierno pentapartito -del que los socialistas formaban parte- prometió las obras del dique de Levante para 2019.

Otro de los contratos fiscalizados es una tasación de suelo rústico no urbanizable que «ha costado más de 16.000 euros a todos los torrevejenses». Para comprobar lo presuntamente «excesivo» que resulta el precio, el grupo municipal socialista mostró tres presupuestos actualizados cuyo importe oscilaba entre los 600 y los 1200 euros. «Hemos pagado 15 veces por encima del precio de mercado y, además, la tasación no presenta toda la documentación que el contrato pide como contenido mínimo; ni hay planimetría ni se rellenan los anexos», denunciaba Bárbara Soler.

Mismo procedimiento siguió la edil de Vox, Yolanda Cabezuelo, la cual, dijo, tiene experiencia en el sector inmobiliario y aseguró que consultó con varias fuentes especilizadas sobre cuánto podría costar la tasación. En este sentido, indicó que, a su juicio, el precio pagado era muy superior al de mercado y pidió más mecanismos de control sobre este tipo de gastos.

Los socialistas insistieron en que, además, las tasaciones son tareas que «podrían realizarse por los propios técnicos del Ayuntamiento de forma gratuita», rechazando la decisión del director general de Urbanismo de licitar la realización de este contrato alegando que el Ayuntamiento no disponía de medios humanos suficientes para hacer una valoración de un suelo rústico, «cuando lo cierto es que la tramitación del expediente de valoración conlleva mucho más tiempo para los funcionarios del Ayuntamiento que el hecho de tener que hacer una valoración de un terreno».

Asimismo, Bárbara Soler analizó lo que está ocurriendo con los acuerdos marco, que si bien fueron pensados inicialmente para agilizar la contratación y que resultasen más favorables para el Ayuntamiento, lo cierto es que en Torrevieja «deben estar mal hechos», sostuvo, «porque siempre resultan más lentos y gravosos, no contienen precios de mercado tal y como establece la ley y dejan fuera de la posibilidad de licitar a la mayoría de empresas de Torrevieja». Por último, la portavoz socialista indicó que «es una vergüenza que hayamos pagado 540 euros por página y estoy contando hasta la portada, el índice y la foto del final».

Antes las acusaciones de «amiguismo» en la tramitación de este contrato, Dolón invitó a Soler a que denuncie este caso en los tribunales. Para el regidor las empresas a las que solicitó presupuesto el PSOE no disponen de la homologación del Banco de España. Asimismo, el alcalde explicó que en el Acuerdo Marco las tasaciones se calculan por el número de metros cuadrados de la parcela a valorar y que el solar en cuestión era de grandes dimensiones. En este sentido, expresó que su compra responde a la intención del equipo de gobierno de blindar contra la urbanización un espacio cercano a la laguna y generar con ello en San Luis una nueva zona verde.

Para finalizar, el pleno fiscalizó de manera conjunta dos expedientes estrechamente ligados. El primero era un contrato cuyo objeto era presentar un estudio con distintas soluciones para llevar a cabo la reurbanización en el área de Punta La Víbora, de las cuales habría que escoger una para después llevar a cabo otro contrato de redacción de dicho proyecto.

Soler indicó que llamaba la atención que se calificara como urgente el contrato menor y se estableciera un plazo de ejecución de dos meses para presentar el estudio, cuando finalmente se presentó al Ayuntamiento un año y dos meses después. Además, fue muy crítica con que la memoria del informe de soluciones, «consta de 10 páginas, 5 de antecedentes que son datos proporcionados por el Ayuntamiento y un artículo de internet copiado palabra por palabra, hasta la foto. 17.000 euros».

No obstante, «lo más grave», según la portavoz socialista, es que en toda la documentación presentada figure el nombre del Director General de Urbanismo designado por el alcalde, que además es el que dio el visto bueno al contrato a pesar de que se presentase un año después de haber finalizado el plazo. «¿Quién ha elaborado los documentos? Es un hecho muy grave».

Por si fuera poco, indican los socialistas, el contrato de redacción del proyecto que debía desarrollar la alternativa elegida en el contrato del estudio, se adjudicó y se entregó antes de que la documentación del estudio entrase en el Ayuntamiento, por lo que «el contrato de estudio previo habría quedado sin causa y podríamos estar hablando de fraude, de simulación de contrato, de malversación de fondos públicos y directamente de corrupción, todo ello con conocimiento y consentimiento del alcalde, que es, además, el concejal de Urbanismo».

Tanto el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, como la concejal de Vox, Yolanda Cabezuelo, coincidieron con los socialistas en que les resultaba mucho dinero el invertido por el informe entregado. Cabezuelo incluso llegó a tildar el estudio como propio del trabajo hecho por un alumno de primer ciclo de Secundaria y que plagiaba en parte un artículo de una revista de viajes. Samper asimismo exigió saber porque en los presupuestos no se contempla partida alguna para la reurbanización de Las Torretas.

El alcalde, por su parte, recriminó a Soler que pusiera en duda la profesionalidad de la arquitecta redactora del estudio previo y aseguró que el hecho de que, en la documentación inicial, figure el nombre del director general de Urbanismo responde a que todo el proceso ha estado supervisado por el funcionario.

Dolón reconoció que no quiso esperar a que la arquitecta entregara su informe y que por eso encargó antes la redacción del proyecto de reurbanización incluyendo, subrayó, las indicaciones que le dieron los colectivos vecinales. Señaló que, en esas reuniones, se llegó a la conclusión de que la nueva zona verde era lo más urgente de un proyecto que, solo en La Torreta III, el alcalde cifró que podría suponer un gasto de 14 millones. Asimismo, recordó que una sentencia obliga a los vecinos a costear el arreglo de los viales interiores de la urbanización.

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