Aprobada la subida de la tasa de basuras. El PP ha hecho valer este lunes su mayoría absoluta y ha rechazado que el asunto quedara sobre la mesa tal y como había solicitado la oposición. Los tres grupos políticos fuera del gobierno (PSOE, Vox y Sueña Torrevieja) habían presentado sendas enmiendas al texto presentado por los populares para dar cumplimiento a la normativa estatal y europea que obliga a que este impuesto empiece a costear la totalidad del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos a partir de este próximo año.
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La oposición apenas ha contado con unos días, fin de semana de por medio, para presentar sus propuestas de modificación de la ordenanza reguladora de este tributo. Algo que los portavoces de las tres formaciones han criticado duramente después de que el equipo de gobierno del alcalde, Eduardo Dolón, se negara a votar a favor de ninguna de ellas por, según explicaron, carecer de los pertinentes informes de secretaría, intervención, tesorería o de la asesoría jurídica, entre otros.
Los populares, asimismo, pidieron a la oposición que presentarán sus enmiendas como alegaciones cuando se abra el periodo de exposición pública e incidieron en que, de votar a favor de aplazar la votación de la subida de la tasa, se ponía en peligro su entrada en vigor y, con ello, el cobro efectivo de la nueva tasa con la entrada del nuevo año. En este sentido, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados especifica que, de no cumplir con la misma, los ayuntamientos se exponen a ser penalizados a la hora de recibir transferencias del Estado.
El contenido de las enmiendas de la oposición giraron en torno a diferentes aspectos de la ordenanza. Por parte del PSOE, su portavoz, Bárbara Soler, propuso que la ordenanza dejase abierta la posible inclusión futura de nuevas actividades económicas actualmente no contempladas en la ordenanza, así como introducir una serie de bonificaciones en la misma sintonía que las aprobadas recientemente en Orihuela gracias a un acuerdo inédito entre PP y PSOE. Si bien el PP defendía que su texto mantenía las bonificaciones ya existentes en la vigente ordenanza, los socialistas pedían incluir a más colectivos.
Actualmente pueden tener un 20% de 'descuento' en la tasa las personas residentes un mínimo de dos años que perciban menos del salario mínimo. También pensionistas con familiares a cargo y desempleados de larga duración hasta el 50%. A estos el PSOE proponía una bonificación hasta el 20% para aquellos que más aporten a la recogida separada en los ecoparques. También una reducción del 20% para colectivos con bajos ingresos económicos probados y de hasta el 50% para quienes, aparte de justificar bajos ingresos, sean familias numerosas, con algún miembro con discapacidad, víctimas de la violencia de género o beneficiarios de cualquier prestación social.
Vox, por su parte, expuso dos enmiendas. La primera de ellas proponía vincular la aplicación de la tasa al consumo de agua. Este dato, exponía el portavoz de la formación, Salvador Ruso, se toma a menudo para conocer la población real en una ciudad con una elevada estacionalidad y cientos de segundas residencias. A juicio de Ruso, el consumo de agua, en tanto que indica durante cuánto tiempo se reside al año, podía ser un buen indicador de si, en esa viviendas, se hace más o menos uso del servicio de basuras.
Asimismo, Vox solicitaba que las viviendas turísticas computasen a la hora de calcular la tasa como residentes no censados que también hacen un consumo del servicio que deben pagar los propietarios de estos alojamientos. Del mismo modo, se pedía que los servicios de temporada, como pueden ser los chiringuitos, se les cobre de forma proporcional al número de meses que están abiertos al cabo del año.
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La formación encabezada por Salvador Ruso, en una segunda enmienda, también propuso bonificaciones al igual que hicieron los socialistas. Vox proponía reducir la tasa en un 20% a las familias con rentas bajas y en un 40% a colectivos vulnerables entre los que incluían a familias numerosas, familias monoparentales, familias con un miembro con discapacidad, personas dependientes y víctimas de la violencia de género. También pedían una reducción del 70% para todas aquellas personas cuya situación económica se entienda crítica por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento.
Sueña Torrevieja, que también presentó enmienda, fue más a desmontar el espíritu de la norma. El PP ha propuesto zonificar el término municipal de tal forma que, si bien todos los ciudadanos pagarán más, las subidas más acusadas se darán en las urbanizaciones de la periferia, siendo el centro de casco urbano donde menos se notará la subida. Contra este criterio, el portavoz de la formación local, Pablo Samper, abogó por instalar un tasa fija para todas las viviendas por valor de 36,68 euros y una tasa variable en función del consumo de agua de cada semestre, en una propuesta similar a la de Vox.
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Para Samper la propuesta de los populares era «injusta» y veía tras ella una intención del equipo de gobierno de cargar la subida en aquellas personas residentes temporales y no empadronadas. «Las personas que no tienen derecho a voto y no les pueden castigar», resumía Samper.
Ante todas estas propuestas, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, insistió en que el PP no iba a votar ninguna enmienda que no tuviera los informes favorables preceptivos. «No vamos a votar algo que no sabemos si se puede hacer». En este sentido, el edil invitó a las tres formaciones políticas de la oposición a esperar a que, tras la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abra el periodo de información pública y así pudieran presentar esas mismas enmiendas en forma de alegación y que estas pudieran ser debidamente informadas por los servicios técnicos municipales. Con todo, se prevé que la ordenanza vuelva a pasar por pleno para su aprobación definitiva este próximo mes de noviembre, estando así lista para su entrada en vigor con la llegada de 2025.
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La oposición, sin embargo, fue unánime en criticar que no se permitiera posponer el pleno para que las enmiendas fueran debidamente informadas por los técnicos y así el PP pudiera entrar a valorar cada una de ellas. Samper valoró este hecho como «una vulneración de nuestros derechos como concejales». Algo que rubricó también Salvador Ruso y Bárbara Soler, que además criticó que desde el PP se dieran dos únicos turnos de intervención para explicar enmienda, contestar a las del resto de grupos políticos y después manifestarse sobre la propia modificación de la ordenanza elevada por los populares.
Soler, en declaraciones posteriores al pleno, quiso además valorar que la tasa será complicada de bajar 'a posteriori'. Recordó que, pese a que viene contemplado en el actual contrato de basuras, Acciona sigue sin implantar el contenedor marrón para la reutilización como compost de los residuos orgánicos, así como se acusa la falta de contenedores de reciclaje en las urbanizaciones dle extrarradio. En este sentido, exigió al equipo de gobierno que tome medidas para facilitar la separación en origen como única alternativa para reducir el coste del servicio y, con ello, el impuesto.
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