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Los conflictos que vinieron marcando la primera mitad de este año en el hospital de Torrevieja podrían volver a encenderse. Al nuevo Consell de Carlos Mazón no le convencen las condiciones que el anterior gobierno del Botánico pactó con el fin de esquivar una inminente huelga, que habría sumido el departamento de salud en el caos. El Comité de Empresa ha salido este viernes a exigir al ejecutivo valenciano de PP y Vox que no esquive sus compromisos y cumpla con lo pactado.
El acuerdo al que se llegó pretendía equiparar y mejorar las condiciones del personal laboral que el departamento de salud de Torrevieja heredó de la concesión privada que ostentó Ribera Salud hasta el 2021. Desde que se produjo la reversión a la gestión pública, los conflictos han sido constantes. Hasta el punto de que los trabajadores salieron a protestar a la calle e incluso refrendaron en una votación de toda la plantilla ir a la huelga. El Consell de Ximo Puig, entonces, consiguió 'in extremis' desactivarla con el compromiso de aplicar un calendario de mejoras anuales.
Después de cinco reuniones, relata el Comité de Empresa, el 3 de mayo se firmó ante el Tribunal de Arbitraje Laboral un acuerdo progresivo de derechos laborales que hacía que la huelga convocada por el Comité de Empresa se suspendiera. El acuerdo de mínimos tenía como objetivo último que en 2028 se consiguieran las 35 horas semanales y que también se irían consiguiendo derechos sociales hasta terminar equiparados el personal estatutario y el laboral.
«Seis meses después de la firma nos encontramos nuevamente en la casilla de salida, desde la Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad nos comunican que están pidiendo informes a la Abogacía de la Generalitat por qué creen que estos acuerdos son nulos de pleno derecho, cuando cabe recordar que un acuerdo de salida de huelga firmado y registrado es equiparable a Convenio Colectivo», asegura el Comité de Empresa.
Con la llegada del nuevo gobierno incluso se especuló que el pacto con Vox obligaría a explorar una reversión de la reversión, es decir, que el departamento volviera a ser público de gestión privada. Algo que, tras recaer la cartera en el PP, el nuevo conseller, Marciano Gómez, se encargó de desmentir.
Portavoces autorizados de la Conselleria refieren que la principal reivindicación del personal, la jornada semanal de 35 horas, ya ha sido propuesta por el conseller en la mesa sectorial del pasado jueves. El ofrecimiento, abundan, consiste en establecer ese horario para el turno fijo diurno, que comprenderá desde las 8 de la mañana del lunes hasta el viernes a las 15 horas, de manera que se pueda conciliar la vida familiar y laboral y respete el descanso de 48 horas a la semana.
Esto, defienden desde Conselleria, «supone una mejora sustancial con respecto a lo pactado por el Gobierno anterior, ya que la realidad es que lo que se acordó fue reducir la jornada anual en 11 días pero manteniendo la semanal en 37,5 horas, sin respetar la conciliación familiar y laboral».
El compromiso del conseller, trasladan, es iniciar la aplicación de esta jornada a partir de enero de 2025, «que es cuando se podrá hacer con el soporte presupuestario necesario y tras haber negociado con los representantes sindicales». El acuerdo del anterior Consell, dicen, «carecía de presupuesto al no contar con el informe preceptivo y vinculante de la Conselleria de Hacienda».
Desde el Comité de Empresa, por su parte, reiteran su exigencia de que se cumpla el acuerdo «ya que de no cumplirse nos arriesgamos a una fuga de profesionales, con años de experiencia en el departamento, fundamentales para su buen funcionamiento y sobre todo se perdería facultativos, que sería muy difícil sustituir».
Una fuga de talento ya denunciada, por ejemplo, en el área de Digestivo, que, según el Comité, se debería a la desigualdad salarial y a la gran diferencia que existe en la jornada entre el personal laboral y el estatuario asumiendo el mismo trabajo.
El alcalde, Eduardo Dolón, mientras estuvo activo el conflicto con el Botánico, siempre se puso del lado de los trabajadores en sus reivindicaciones y ahora el Comité le exige que intermedie ante el actual Gobierno valenciano, de su mismo partido.
La parte social, concluye el Comité de Empresa, ha realizado una asamblea con los profesionales para informar de la situación en la que nos encontramos y donde se ha tomado la decisión de organizar acciones para reivindicar el cumplimiento de dicho acuerdo.
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