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Alejandro Hernández y Jesús Nicolás
Jueves, 7 de diciembre 2023, 17:57
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha desestimado el recurso de la madre de una alumna del IES Torrevigía (Torrevieja) contra la obligación de estudiar un 25,8% de las horas lectivas en valenciano. El juez entiende que cumple el mínimo legal en una zona castellanohablante establecido por el art. 6.3 de la Ley autonómica valenciana 4/2018 y que, en el caso de las zonas castellanoparlantes, «es un máximo». El actual Consell de PP y Vox ha iniciado ya el trámite para suprimir ese porcentaje mínimo en las comarcas castellanohablantes y sustituir la vigente ley impulsado en la pasada legislatura por Compromís por una de «libertad lingüística» que deje en los padres la elección de la lengua en la que matricular a sus hijos.
La demanda venía a denunciar la «imposición de la lengua valenciana» a través de la aprobación por parte del Consejo Escolar del IES del Proyecto Lingüístico del Centro (PLC), señalando la «falta de respeto por parte de la Administración autonómica» de la voluntad de los padres de los alumnos en relación con la lengua vehicular de preferencia para la enseñanza de sus hijos.
El juez, aunque reconoce que el plan de estudios es legal, también pone reparos a la forma de actuar de la Conselleria en tiempos del Botànic. De hecho, reconoce que, «materialmente, la Administración se ha encargado de eliminar la forma de solicitar» la exención del valenciano a todas las familias con residencia temporal en zonas castellanoparlantes, caso de Torrevieja y de la Vega Baja en general.
El único límite mínimo que recoge la Ley de inmersión lingüística del Botànic es que las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana (el castellano y el valenciano) deben ser vehiculares en un porcentaje mínimo del 25%; el cual resulta aplicable también en zonas de predominio castellanohablante. El juez recoge sentencias del TSJ en las que se admite que «desde el prisma del derecho de los padres o tutores a elegir que sus hijos tengan como lengua vehicular el castellano es manifiestamente insuficiente, a lo que se une la práctica imposibilidad de elegir centro al no ser la lengua vehicular criterio de preferencia».
La previsión del plan lingüístico autorizado contempla un 64% en valenciano, un 26 % en castellano y un 11% en inglés. «Estamos ante un Instituto de Educación Secundaria (IES) donde los porcentajes de valenciano en ESO (donde se encuentra matriculada la hija de la recurrente) superan en muy poco (25,8%) el mínimo legal del 25% establecido por el art. 6.3 de la Ley autonómica valenciana 4/2018», reza la sentencia hecha pública este viernes.
Como señala la abogacía de la Generalitat en su contestación a la demanda, desde la aprobación de la Ley autonómica 4/1983 de Ús i Ensenyament del Valencià hasta el año 2012 tan solo se había introducido a la asignatura de lengua valenciana en las zonas castellanohablantes, con posibilidad de solicitar la exención (cuya eficacia real ha sido desactivada por la propia Administración autonómica).
El decreto autonómico 127/2012 aprobado por el Botànic, con el conseller de Educación de Compromís Vicent Marzà al frente, «quiso establecer un programa de educación plurilingüe que en lo que respecta a los territorios de predominio lingüístico castellano». Esta norma ha supuesto, además de la impartición de la asignatura de lengua valenciana, impartir otra área en valenciano.
La Ley autonómica 4/2018 continúa ese proceso de introducción forzada del valenciano estableciendo un porcentaje del 25% como mínimo, «en una zona castellanohablante como es Torrevieja se convierte en máximo». Tal y como recoge el escrito, en el caso del IES Torrevigía, este porcentaje mínimo supone que los centros impartan 160 horas de docencia anual (3 horas semanales, aproximadamente).
Este pasado martes, durante una visita a un colegio en la pedanía oriolana de Hurchillo por el día de la Constitución, el actual conseller de Educación, José Antonio Rovira, aseguró que «en los próximos días» se aprobará la derogación de la actual Ley de Plurilingüismo en las Cortes Valencianas.
El mandatario autonómico señaló que «no tiene sentido que, si la ley permite que en estas zonas los alumnos puedan estar exentos de examinarse en valenciano, se les impongan asignaturas en valenciano». Su prioridad, explicó, es garantizar la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización. «Esto no quita –incidió Rovira– que creo que es bueno que los niños de Orihuela y la Vega Baja conozcan el valenciano y que, además, se examinen porque tendrán una titulación que les puede venir muy bien en el mundo laboral».
En el caso torrevejense, la cuestión del valenciano se vuelve especialmente peliaguda. El alumnado extranjero, con matrículas sobrevenidas (que ya era antes elevado), se ha disparado desde el estallido de la guerra de Ucrania. En este sentido, algunos docentes alertan de que el valenciano, para aquellos que incluso desconocen el castellano, se ha convertido en otro handicap extra para que sigan las clases con las mismas capacidades que el resto de sus compañeros de pupitre.
A esto se suma, además, que las ratios en la ciudad salinera están disparadas y superan en algunos casos, como Secundaria, los 30 alumnos por aula. Urge la construcción de un nuevo colegio y un nuevo instituto. Sin ir más lejos, en el caso concreto del IES Torrevigía, parte del alumnado está dando clases en unas aulas habilitadas en el Auditorio Internacional, donde está una sección delegada de este centro. El concejal de Educación, Ricardo Recuero, ya alertó de que las plazas en este lugar ya están también cubiertas y que es necesario que la Generalitat edifique un instituto número 6 para la ciudad.
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