El Gobierno quiere construir un centro de acogida de migrantes en Torrevieja

Torrevieja ha sido el lugar escogido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para albergar un nuevo centro de acogida de migrantes en la provincia de Alicante. Las nuevas instalaciones se ubicarán en la actual sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Urbano Arregui del barrio del Acequión.

Las intenciones del Gobierno de España quedan plasmadas en un contrato que la empresa estatal Tragsa ha estado tramitando en el último mes y que tiene por objeto la contratación del servicio de alimentación de dicho centro, según refleja el Portal de Contratación del Estado.

El Catastro recoge que la parcela sobre la que se erige la Tesorería de la Seguridad Social, entre las calles Urbano Arregui y Santomera, consta de 13.453 metros cuadrados, de los que 10.055 metros cuadrados es superficie construida. El edificio fue terminado en 2011 con la finalidad de evitar desplazamientos a los torrevejenses, que hasta entonces debían desplazarse a Orihuela para cualquier gestión. La obra ya fue entonces criticada por sus dimensiones (sobraba espacio) y, sobre todo, por su coste en plena crisis económica, más de 9 millones de euros.

Dentro de los pliegos del contrato, se adjuntan como documentos unos planos. Los mismos reflejan que, dentro de la parcela donde se ubica el moderno edificio de la Seguridad Social, se levantarían hasta siete bloques distintos tanto en el parking como en los jardines anexos. Dos de los mismos albergarían las habitaciones. En otro se instalarían comedores y cocinas, y uno más sería de enfermería y contaría con aseos, oficina y sala de espera. Los otros tres bloques restantes serían de control de acceso, lavaderos y seguridad.

Por otra parte, el recinto, separado del edificio de la Seguridad Social, contaría con dos accesos para el servicio, uno junto al bloque de habitaciones y otro junto al bloque de comedores. El acceso para los usuarios estarían ubicado en la calle Santomera, junto al bloque de oficinas y recepción.

El caso se asemeja al campamento del Naval en Cartagena. En este caso, el Ayuntamiento cartagenero ha tratado de evitar por todas las vías que el Ministerio ampliará la capacidad del centro de las 600 a las 900 personas. Todo ello con sucesivos intentos de ampliación a espaldas del Consistorio de la ciudad portuaria y que se han saldado con los servicios municipales paralizando las obras y precintándolas. En estos momentos, el Gobierno trata de sortear las zancadillas del ejecutivo de la alcaldesa cartagenera, Noelia Arroyo (PP), declarando las obras de emergencia, lo que les salvaría de necesitar cualquier permiso municipal.

Sea como sea, la acogida de los migrantes está siendo un verdadero quebradero de cabeza para el Ministerio desde que se desatara la crisis actual con el incremento de desembarcos en las costas españolas, sobre todo a través de la ruta canaria. En el marco de la Vega Baja, Guardamar ya tuvo que asumir a un numeroso grupos de personas indocumentadas en un hotel de la localidad. La convivencia entre estos y los vecinos se tensó de tal manera que finalmente tuvieron que ser reubicados después de que una empleada del establecimiento denunciara haber sufrido una agresión sexual a manos de uno de los acogidos.

En cualquier caso, el proyecto en Torrevieja todavía está en un estadio muy previo respecto al caso cartagenero, por ejemplo. El contrato de alimentación, de hecho, se encuentra todavía en fase de valoración de ofertas. A la licitación se han presentado seis empresas y ya se ha publicado un primer informe de valoración de las plicas, con lo cual la adjudicación podría resolverse en cualquier momento. El importe del contrato, calculan los técnicos de Tragsa, asciende a 2.997.802,50 euros (IVA incluido).

La empresa estatal, en sus pliegos, justifica la necesidad del contrato «ante la situación de crisis humanitaria y migratoria«. Y señalan que la Secretaría de Estado de Migraciones declaró mediante resolución de 14 de octubre de 2023, la emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas.

Torrevieja ya cuenta actualmente, en el mismo edificio de la Seguridad Social con un Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) para desplazados ucranianos. Un servicio del Ministerio con el que solo cuentan, aparte de Torrevieja, otras tres ciudades en España: Pozuelo de Alarcón, Barcelona y Málaga. Su función es la recepción y asistencia inicial (para lo que cuentan con plazas de alojamiento), la gestión para la obtención de Protección Temporal y la derivación a espacios de la red de acogida.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Torrevieja se ha convertido en una de las ciudades refugio para las ciudadanos de ambos países en conflicto. En una ciudad que estaba acostumbrada hasta el Brexit a que la comunidad extranjera más numerosa fuera la británica, el estallido de la guerra el este de Europa ha puesto a la cabeza del listado a los ucranianos, con 7.650 empadronados, a los que les siguen los rusos, con 5.837 empadronados. Así lo refleja el último censo publicado el pasado enero, que elevó la población de la ciudad a los 100.000 habitantes, la mitad de ellos de nacionalidades distintas a la española.

El Ayuntamiento, en un comunicado, ya ha expresado su firme oposición a que se establezca este recurso en la ciudad de la sal. Señalan que la primera constancia que tuvieron fue una solicitud de obras por Declaración Responsable promovida por parte del CREADE en abril de 2024. En la misma, según afirma el Consistorio torrevejense, se solicita la instalación de 7 edificaciones modulares prefabricadas con carácter temporal para albergar a unas 280 personas migrantes, con todos sus servicios.

Con posterioridad, representantes del CREADE, continúan, mantuvieron una reunión con el concejal de Bienestar Social, Óscar Urtasun, y personal municipal, «y se les informa que, lo que pretenden realizar, no puede tramitarse por Declaración Responsable, en virtud de la legislación urbanística vigente y se les indica de que tendrían que hacerlo a través de una nueva licencia. Tras solicitar la licencia, como se les indicó por parte del Ayuntamiento y desde abril se les ha ido informando de todo los requerimientos necesarios y subsanaciones de la documentación, la última notificación fechada en fue en el día de ayer».

El Ayuntamiento valora que la actividad solicitada implica la modificación de la licencia ambiental, «ya que la actual es la de la Tesorería General de la Seguridad social, y nada tiene que ver con el uso que ahora le pretende dar».

«Una vez más nos encontramos con una actuación totalmente unilateral del Gobierno de España, dado que nadie del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha dirigido a la Alcaldía. Tan sólo la mencionada reunión del CREADE con el concejal», denuncian.

El Consistorio, en su comunicado, afirma que desconoce cómo se va a poner en marcha el centro de acogida de inmigrantes, ni los pertinentes protocolos a seguir, «ni tenemos información alguna de previsiones de alojamientos de inmigrantes, ni por parte del Ministerio, ni de la Delegación del Gobierno».

Insisten en que no han concedido licencia, que están en contra de que un centro de estas características se implante en pleno casco urbano de la ciudad, junto al Centro de Salud Acequión y la Tesorería General de la Seguridad Social. Añaden que no descartan «llevar a cabo todas las acciones que correspondan para defender los intereses de los ciudadanos de Torrevieja». Un anuncio del Gobierno central que comparan, por otra parte, con el intento del anterior Consell del Botánico de establecer en el centro Delfina Viudes un centro de acogida para menores tutelados.

A preguntas de este periódico, desde la Subdelegación del Gobierno manifiestan que ya solicitaron licencia de obra al Ayuntamiento y que permanecen a la espera de recibir una notificación oficial de esa negativa por parte del Consistorio. Las mismas fuentes indican que, en vista de la oposición municipal y la carencia de ese permiso, «el Ministerio ha descartado en el corto plazo la ampliación del CREADE».

Temas

• Refugiados
• Torrevieja