Globo sonda para testar si Orihuela está a favor de más sanciones a los propietarios de viviendas ruinosas

Desde que llegó el nuevo ejecutivo local PP-Vox, casi como si fuera un deja-vù, la búsqueda de la fórmula para revertir la decadencia del casco histórico de Orihuela se ha convertido en mantra. Con sus propuestas en esta materia iniciaron los populares la precampaña del 28-M y desde que el alcalde, Pepe Vegara, ocupa el sillón de la Esquina del Pavo, el asunto está en boca constantemente de su persona de confianza en la materia, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Matías Ruiz. Para empezar, tras años con cierto recelo municipal a sacar la libreta de poner multas, el Gobierno local ahora busca el respaldo ciudadano y esa mayor actividad sancionadora vía encuesta.

El cuestionario, una suerte de globo sonda, fue publicado ayer en la web municipal y permanecerá colgado hasta el 9 de abril. Las preguntas que se formulan no dejan lugar a dudas. Tan solo unos ejemplos bastan. «¿Cree que el Ayuntamiento debe ser meticuloso en la llevanza de un adecuado Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (REMSER) para exigir a sus propietarios el deber de edificar los solares y el deber de conservar las edificaciones? ¿Cree que el Ayuntamiento debería incluso utilizar los mecanismos de la expropiación o de la venta forzosa previstos en la legislación urbanística valenciana en caso de incumplimiento de los deberes de los propietarios? ¿Cree que el Ayuntamiento debe ser muy meticuloso en la imposición de fuertes sanciones a los propietarios de solares que estén sucios, insalubres y/o no vallados?»

Con estas cuestiones es bien seguro que no pocos propietarios, pequeños y grandes, se dan por aludidos, pues no son pocas las zonas del casco urbano que padecen un elevado deterioro, empezando por el mismo corazón del casco histórico: la calle Mayor. Ruiz ya ha ido avisando en varias comparecencias públicas y hasta en el pleno que ese catálogo REMSER está en su hoja de ruta inmediata y es el paso previo a la redacción de una nueva ordenanza que castigue el abandono.

En el pasado, los anteriores ejecutivos nunca estuvieron convencidos de lo que consideraban meter mano con dinero público a edificaciones que no dejan de ser propiedad privada. Para encontrar un ejemplo de persecución de las edificaciones en ruina lo más cercano en el tiempo estuvo en la campaña extraordinaria de inspección técnica de edificios que impulso sin demasiado éxito el exedil socialista, Antonio Zapata, durante el tripartito de izquierdas (2011-2015).

El actual gobierno municipal está convencido de que solo así se conseguirá dinamizar el comercio y encontrar en el casco histórico de Orihuela el principal atractivo turístico del municipio. Un valor que, por otra parte, en otros casos como Ubeda y Baeza, sí se logra gestionar de una manera más diligente. También en ciudades como Cartagena y Toledo, que cuentan con sendos patronatos que reciben ingentes cantidades de dinero público.

Matías Ruiz, en paralelo a esta iniciativa, ya ha empezado una ronda de contactos para adquirir suelo en la zona más monumental de Orihuela. Cuatro opciones iniciales -todavía pendientes de valoración- son las que el edil puso sobre la mesa de la Generalitat Valenciana, algunas de ellas en manos de grupos inmobiliarios y pequeños propietarios. El objetivo es edificar vivienda de alquiler público para jóvenes, unas cincuenta en concreto de las cientas que el Consell del nuevo president, Carlos Mazón, quiere elevar a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.

Fuera de esas parcelas, en la misma encuesta incluso se señala a un espacio muy concreto. Se trata de un solar ubicado en la manzana conformada por las calles San Juan, Barberos, Cantareros y Pintor Agrasot y que hoy por hoy constituye la mayor bolsa de suelo sin edificar en pleno casco histórico. Un solar que el ejecutivo Vegara quiere desbloquear al igual que los otros suelos ofrecidos a Valencia en las calles López Pozas, Doctor Sarget, Barrio Nuevo y Adolfo Clavarana.

A todo esto se suma un detalle nada baladí. Según reconoce el propio concejal en su escrito, no inventariar esa gran cantidad de solares sucios y viviendas ruinosas que jalonan los pasos de los turistas que visitan Orihuela tiene un inconveniente legal no pequeño. Tal y como ha recordado el propio concejal de Urbanismo, la legislación «impide el desarrollo de nuevos suelos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no tengan elaborado y en vigor el registro de solares».

Por otra parte, esa misma legislación obliga a los propietarios de edificaciones de más de 50 años de antigüedad a elaborar un Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que diagnostique su estado de conservación y las obras necesarias para su mantenimiento, garantizando las condiciones de seguridad, salubridad y ornato. De lo contrario, tal y como se advierte en la encuesta, el Ayuntamiento estaría habilitado para imponer sanciones que abarcan desde los 600 a 6000 euros a todos aquellos propietarios que no colaboren en la salvaguarda del ornato público mínimo que se exige de un conjunto monumental como el casco histórico oriolano, que es Bien de Interés Cultural.

Durante el pasado pregón de Semana Santa, el alcalde, asimismo, volvió a insistir sobre la idea de crear una entidad conjunta que implique al Ayuntamiento, pero también a la Diputación, la Generalitat y el Obispado. De este modo, confía que, de la colaboración económica entre todos ellos, se pueda mantener en un estado digno los principales monumentos de la ciudad, en su gran mayoría de propiedad eclesiástica.

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