Denuncian coacciones para adjudicar el contrato de diez millones para los jardines de la costa de Orihuela

El nuevo contrato de diez millones para el mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa toma una nueva dimensión: la judicial. Según ha podido saber LA VERDAD, varios miembros de la Mesa de Contratación han denunciado ante la Fiscalía un supuesto intento de coacción por parte de una de las empresas que se ha presentado al concurso, Evocivil, hacia un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) al que se le encargó una valoración externa de las tres ofertas que han concurrido a esta jugosa contrata. La denuncia, presentada el pasado 22 de junio, fue seguida el lunes de otra querella, esta ante la Agencia Valenciana Antifraude, del arquitecto técnico redactor de los pliegos del contrato contra el secretario municipal y el presidente de la Mesa de Contratación, a los que acusa de «buscar un informe a favor de alguno de los licitadores».

La primera de las denuncias la suscriben el secretario municipal, la interventora, el presidente de la Mesa de Contratación y una de las vocales del órgano. En ella se relata cómo, después de que un profesor de la UPCT se negara a hacer la valoración y esta se encargara a continuación a un docente de la UPV, los jefes de este último habrían recibido el pasado 13 de junio un correo de un directivo de Evocivil en el que acusa al secretario de «buscar un informe a medida» y le insta a dirigirse al técnico redactor de los pliegos. «Tenemos respeto por el trabajo de la universidad, pero esto no es un trabajo de investigación ni colaboración técnica, se trata de adjudicar un contrato de 10 millones de euros y nuestras denuncias han sido aceptadas y demostradas», rubricaba.

Días más tarde, el profesor comunicaba su desestimiento del encargo al secretario vía correo personal y vía comunicación oficial. En esta última, el docente de la UPV reconoce abiertamente que su desestimiento responde «a la influencia que Evocivil intenta ejercer al enviar a mi universidad correos en los que argumenta que no está de acuerdo con que el que suscribe elabore un informe de juicio de valor, afirmando que no cumplo con el perfil y sugiriéndome que tengo algún tipo de interés personal que pueda afectarles». Unas afirmaciones con las que está «totalmente en contra» y, afirma, «rotundamente, que por mi parte no existe conflicto de interés alguno».

Por todo esto, los miembros de la Mesa de Contratación denunciantes estiman los hechos como «una presión intolerable al ejercicio de nuestras funciones públicas y un intento de coacción para que la Mesa no pueda solicitar cuantos informes técnicos estime procedentes para efectuar la adecuada valoración de las ofertas». Así como recriminan «la directa imputación de una presunta conducta delictiva tanto a los integrantes de la Mesa como al secretario».

Esta denuncia rubricada el pasado 21 fue seguida, seis días más tarde, por una querella presentada de forma anónima en Antifraude por un arquitecto técnico del Ayuntamiento, que asegura ser el redactor de los pliegos y que acusa al presidente de la Mesa de Contratación y al secretario municipal de «haber adoptado acuerdos y resoluciones que destilan un tufo fraudulento».

El funcionario dice que, en su condición de haber «participado en la redacción de multitud de pliegos y emitido informes en materia de contratación administrativa, no he sufrido tacha o recusación alguna. Pero, en la actualidad, he padecido una actuación que probablemente pueda ser inducida u ordenada por alguno de los miembros de la Mesa de Contratación. Actuación que excede lo meramente administrativo, para creer que estamos en la antesala de la posible comisión de un fraude en la contratación».

En su escrito, añade que el primer profesor encargado, el de la UPCT, mantiene vínculos con la empresa Actúa y asegura que, gracias a su denuncia, este desistió de emitir su informe. «Ahora al señor secretario se le ocurre contratar a la UPV, a un profesor que es economista y no ingeniero para la elaboración del informe, que seguramente le hace el profesor de la UPCT. Ya hemos denunciado el asunto a la UPV y parece que el rector fue engañado», sostiene poniendo bajo la sombra de la duda la imparcialidad del profesor de la universidad valenciana.

En su escrito ante Antifraude, recuerda que le fue solicitado a él y a otros dos compañeros informe de valoración conjunto de las tres ofertas presentadas y que él fue el único en emitir dicha valoración, mientras sus otros dos compañeros se negaron. Según la única ponderación emitida, la mercantil mejor valorada, como adelantó este diario, fue la de la UTE formada por STV y Evocivil. Ambas mercantiles fueron valoradas con 44 puntos, 11 por encima de su competidora directa y anterior concesionaria, Actúa, y 17 más que la tercera oferta presentada por la UTE Doalco-AVV.

«Se asignó a tres técnicos municipales la emisión del informe de valoración, dos de ellos rechazan el encargo, el tercero (que suscribe este escrito) realiza el informe y es criticado en acta de la Mesa de Contratación por subirlo al expediente sin avisar, supuestamente a los responsables del Área de Contratación que culmina en la Secretaría General que tiene asumida la condición de titular del Órgano de Asesoría Jurídica». Según su versión, «no hay ningún escrito, resolución ni oficio ni acuerdo donde se solicite a este técnico que no realice el informe encargado o se abstenga de su emisión».

En ese sentido, defiende los pliegos que redactó, «que fueron aceptados por el servicio de contratación y supervisados e informados por el secretario municipal, tras realizar las modificaciones solicitadas por el mismo para emitir su informe favorable».

A juicio del denunciante, «se emite un acta por parte de la Mesa de Contratación que menosprecia el informe y al propio técnico por considerarlo persona no capacitada para valorar las ofertas, aunque él mismo es el redactor de las condiciones del pliego y así queda reflejado en el expediente. De lo que se puede inferir la intención de buscar un informe de valoración 'ad hoc', que se acomode a los intereses espurios de los miembros de la Mesa de Contratación», concluye.

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