La creación de nuevos cargos directivos y la ausencia de la interventora ponen en peligro los presupuestos de Orihuela

La falta de presupuestos municipales en Orihuela va camino de convertirse en una enfermedad crónica, un mal endémico que, hoy por hoy y para desgracia de la ciudad, mantiene atenazada la acción de gobierno en la capital de la Vega Baja. Seis años van camino de cumplirse desde que se aprobaran las vigentes cuentas. El anterior equipo de gobierno PSOE-Cs vino con la aprobación de las mismas por bandera y se marchó sin verlas en vigor, todo y que hasta contrataron a una empresa externa para elaborarlas. El nuevo ejecutivo PP-Vox, por contra, ha puesto todo en manos de sus asesores y entró diciendo incluso que podrían tener esos presupuestos listos en 2023. A continuación, ya reconoció que serían en 2024 y, ahora, en febrero, esas ansiadas y muy necesarias cuentas penden de un hilo.

Los motivos principales son dos. Por un lado, las cuentas requieren el visto bueno previo de la interventora municipal, pero esta se muestra en desacuerdo con la creación de tres nuevos altos cargos directivos, los llamados -en su versión oriolana- «coordinadores generales», así como el puesto de la asesoría jurídica municipal. La funcionaria considera que el método de cálculo de sus sueldos no es el adecuado. Se ha hecho por asimilación a lo que se entiende que percibirían otros funcionarios con la misma carga de responsabilidad. En este sentido, la habilitada nacional ha solicitado para sí un aumento de sueldo hasta llevarlo a términos que se acerquen al del secretario municipal, que es el funcionario que más cobra del Consistorio. Su nómina, de hecho, es incluso más elevada que la del propio alcalde y se incrementará más todavía gracias a las responsabilidades de las que el alto funcionario se ha hecho cargo como nuevo secretario municipal del pleno de Torrevieja.

Pues bien, a todo esto se ha sumado esta semana una nueva vicisitud, esta sí bastante inesperada. La interventora municipal, que debería estar cerrando sus conclusiones en torno al proyecto de presupuestos del alcalde, Pepe Vegara, se ha cogido la baja por motivos de salud. Se desconocen cuáles son en concreto y, también, cuánto extenderán su ausencia precisamente cuando su presencia se antoja más imprescindible. Fuentes consultadas estiman que no deberá ser demasiado tiempo. El plazo que tiene para contestar al equipo de gobierno sobre ese proyecto de presupuestos es de 10 días a partir de su reincorporación.

Con todo, lo que en un principio se preveía para el pasado año va camino de eternizarse y, sin cuentas, tampoco habrá inversiones. Y esto no es por otro motivo que que con las cuentas de 2018 no se debe seguir, puesto que no responden a la realidad y necesidades actuales del Consistorio. Los contratos han incrementado su precio sobremanera. También los precios de la luz y los suministros. Todas las partidas así están infradotadas, mientras los ahorros del Ayuntamiento crecen y crecen sin posibilidad de disponer a placer de ellos. Hasta las nóminas de muchos funcionarios y trabajadores de empresas municipales se han llegado a ver en la recta final del año pasado en un brete muy serio que finalmente se ha esquivado sacando esos ahorros, esos conocidos remanentes de tesorería, cuyo uso este año se prevé más restringido por el posible regreso de las estrictas reglas de gasto impuestas desde el Estado para garantizar la estabilidad presupuestaria de las haciendas locales.

En medio de este espectáculo, dantesco para algunos, los sindicatos del Consistorio asisten atónitos. Esos nuevos cargos directivos han generado entre las centrales sindicales opiniones dispares. El documento, llamado Catálogo de Puestos de Trabajo, les fue presentado por el ejecutivo en una reunión informativa el 9 de febrero donde todos los sindicatos tienen voz y voto, aunque este último no sea vinculante. O lo que es lo mismo, el ejecutivo puede generar, a través de la Junta de Gobierno, los puestos que estime oportunos sin contar con el plácet de la parte sindical. El problema es que la creación de estos va dentro del proyecto de presupuestos, que, recordemos, sí requiere de la anuencia de la interventora municipal.

La generación de esos «coordinadores generales», avanzada por el propio alcalde en una entrevista a LA VERDAD, no convence a los sindicatos pese a ser figuras ya extendidas en otros municipios que, como Orihuela, están considerados como de Gran Población. Tal es el caso de, por ejemplo, Torrevieja. Para el gobierno contar con estas piezas en el organigrama interno del Ayuntamiento permitirá agilizar la gestión y aplicar su agenda con mayor eficiencia y diligencia en tres grandes áreas como son Desarrollo de la Ciudad, Servicios a la Ciudadanía y Servicios Básicos. Para los sindicatos esto solo genera suspicacias y agravios comparativos entre trabajadores públicos.

En aquella mesa informativa gobierno-sindicatos, el resultado de la votación fue el siguiente: CCOO y CSIF votaron a favor y UGT (sindicato mayoritario tras las últimas elecciones) se abstuvo. Este miércoles precisamente UGT expresaba en un comunicado los motivos de su postura. Desde la central sindical manifiestan que se abstuvieron «por sentido de la responsabilidad». Para ganarse el favor de la parte sindical, Recursos Humanos ha incluido en su proyecto de presupuestos una mejora en los tipos mínimos de los llamados complementos de destino, que suponen una parte sustancial del sueldo de los funcionarios municipales y que pasarían a adaptarse a la nueva normativa estatal vigente. Así como también pasarían a ser funcionarios de plantilla aquellos trabajadores de Servicios Sociales incorporados en última instancia a través del llamado «contrato programa» impulsado por la Generalitat.

Esto, sin embargo, no ha sido óbice para que, desde UGT, manifiesten su «malestar» por esos nuevos cargos que busca introducir el equipo de gobierno PP-Vox. «Somos conscientes que no incurren en ninguna ilegalidad, pero sí entendemos que es una inmoralidad su dotación económica absolutamente desproporcionada». Dicen que el momento es «inoportuno» y que ese dinero se podría emplear en mejoras para una plantilla actual «mal pagada, con muchas carencias de efectivos y mal estructurada».

Otra central sindical más minoritaria, Fesep, se ha mostrado abiertamente en contra de la propuesta del Gobierno local. «La proposición no aborda de manera efectiva las disparidades salariales existentes», defienden al tiempo que tildan la actual situación de «discriminatoria». Asimismo, consideran que el catálogo elaborado por el ejecutivo de Pepe Vegara no da pie a introducir cambio alguno y que se ha elaborado en un proceso que «no ha sido lo suficientemente transparente ni participativo».

Desde Fesep van incluso más allá y observan un cambio de criterio no justificado. Manifiestan que, antes y con otros gobiernos, no se permitió la generación de esos «coordinadores generales» y, sin embargo y desde la llegada del alcalde Vegara, sí. En ese sentido, cabe recordar que la anterior edil de Recursos Humanos, Luisa Boné (Cs), ya manifestó en alguna ocasión su queja porque no se le permitiera crear nuevos puestos que, por imperativo legal, corresponden a los municipios considerados de Gran Población. Todos sus intentos, decía la edil naranja, se vieron frustrados por informes en contra del secretario municipal, que argumentaba para ello la necesidad de contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento mucho más específico y desarrollado que el mencionado catálogo y en el que los sindicatos sí tienen mucho que decir, pues su voto es preceptivo al ser éste objeto necesario de negociación colectiva.

En otro orden de cosas, el nerviosismo entre la oposición por conocer los pormenores de esos presupuestos tan anunciados por el alcalde va 'in crescendo'. Tanto Cs como PSOE habrían solicitado sin éxito el acceso al expediente. El equipo de gobierno defiende que, según la normativa municipal vigente, el presupuesto no debe ser tratado como un expediente más, sino de forma aislada. Por tanto, se mantienen en que los grupos políticos de la oposición solo podrán tener acceso una vez las cuentas tengan, primero, el visto bueno de la interventora y, a continuación, hayan pasado por la Junta de Gobierno. Solo entonces se podría abrir el periodo de enmiendas al documento como escala o paso previo a su aterrizaje en el pleno.

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