El Ayuntamiento de Torrevieja ordena paralizar la obra del centro de menores por carecer de licencia

El alcalde, Eduardo Dolón, está dispuesto a llegar hasta donde haga falta con tal de que el centro de menores proyectado en la avenida Delfina Viudes no sea una realidad. Justo antes de las pasadas elecciones autonómicas, el Consell de Ximo Puig aprobaba el presupuesto para adaptar el centro construido a iniciativa del exalcalde Pedro Hernández Mateo y que fue en origen pensado para dar servicio a personas con diversidad funcional. Una decisión que airó los ánimos del ejecutivo municipal, que exige a la Generalitat que se respete el fin para el fue concebido el edificio en un principio.

Torrevieja se suma a así a otras ciudades que rechazan de pleno la instalación de centros de menores en sus municipios, proyectos que levantan la animadversión de vecinos y alcaldes ante posibles problemas de convivencia. Por su parte, Dolón se excusa en que la conversión del centro Delfina Viudes reducirá el número de plazas disponibles para aquellas familias con miembros que tengan algún tipo de discapacidad. Una función que actualmente cumple, aunque de manera provisional, puesto que allí continúan alojados los usuarios del Centro Ocupacional Oriol, cuyas instalaciones en el Palmeral de Orihuela quedaron arrasadas tras la Dana de 2019.

El resquicio para paralizar esta polémica reforma al que ahora se agarraría el regidor torrevejense, según ha anunciado este viernes, es que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas carecería del preceptivo permiso de obras de menores. Motivo por el cual, el Ayuntamiento, a través de un decreto de alcaldía, ha ordenado la suspensión inmediata de las obras. Según entiende Dolón, los trabajos que se están ejecutando «suponen la modificación de las condiciones bajo las que se otorgó la licencia concedida el 30 de enero de 2015 y carece de licencia a la modificación o documento de inversión».

El incumplimiento de esta orden, advierte, «dará lugar a la imposición de multas coercitivas que se impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente procedimiento sancionador». Asimismo, continúa, se dará cuenta del incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder, «pudiendo ser constitutivo del delito de desobediencia grave a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal, que prevé pena de prisión».

El alcalde ha informado que se ordena al responsable de las obras que, en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la presente notificación, proceda a retirar los elementos, materiales o maquinaria preparados para ser utilizados, advirtiéndole que no hacerlo así, podrán ser retirados o precintados, a su costa.

Además, Dolón requiere al promotor de las obras, para que en el plazo máximo de dos meses, desde el recibo de esta notificación, solicite la oportuna licencia municipal (en el caso de que las mismas fueran susceptibles de legalización) o ajuste las obras a las determinaciones de la misma si existiera o presente alegaciones.

«En el supuesto de que las obras fuesen incompatibles con la ordenación vigente y previa tramitación del procedimiento legal, se decretará su demolición, a costa del interesado. Asimismo, se acordará el cese del suministro de agua, de energía eléctrica, gas y telefonía, e inhabilitación de accesos, cuando ello resulte procedente, que sólo se podrá levantar una vez que se haya procedido a la legalización de las obras», abunda el alcalde en su decreto.

Eduardo Dolón ya advirtió en noviembre de 2022 a la Generalitat que no podían iniciar esas obras en la residencia para personas con diversidad funcional por ser ilegales, aunque finalmente han hecho caso omiso a las advertencias del Ayuntamiento. El Consell aprobó destinar a la obra 1.012.987 euros, 628.052 para las obras de la residencia para personas con diversidad funcional y 384.935 euros para el centro de acogimiento de niños y adolescentes.

Junto a esta residencia se encuentran ubicados un centro escolar, así como numerosas empresas del Parque Empresarial Casa Grande, así como viviendas residenciales, entre otros. Anteriormente, el alcalde ya advirtió que cualquier modificación de la licencia de apertura «implica la consulta a los propietarios del entorno, tanto de viviendas residenciales como de las empresas y negocios de la zona, así como al CEIP Habaneras».

Por último, el alcalde ha reiterado que su gobierno continuará luchando para que la residencia se destine, exclusivamente a las funciones para la que fue creada y no a otros usos totalmente distintos. Una reivindicación que, además, hace extensiva a las asociaciones locales ALPE, APANEE, AFA, ADIEM y AMFA.

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