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El nuevo colegio de Orihuela Costa, que tendría que estar en marcha este mismo mes, no estará operativo hasta inicios del año que viene. Esta es la previsión que ha lanzado este martes el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz. El Ayuntamiento continúa todavía trabajando en un contrato para acondicionar la parcela finalmente escogida tras el último y tercer cambio de criterio por parte del Consistorio adoptado a la llegada del nuevo equipo de gobierno PP-Vox.
El concejal de área ha manifestado que se encuentra en permanente contacto con la empresa designada por Conselleria para el traslado y montaje de las aulas prefabricadas sobre el solar próximo a la carretera de Villamartín y que ya alojó en el pasado, también en barracones, al CEIP Playas de Orihuela. «Estamos elaborando la memoria técnica para el acondicionamiento de la parcela», subrayó Ruiz sin aclarar si las obras podrán sacarse adelante a través de un contrato menor o por medio de una licitación que, eso sí, señaló se llevará a cabo «por la vía de urgencia».
Desde la entrada del actual equipo de gobierno, el mismo ha achacado a la gestión y continuos cambios de criterio del anterior ejecutivo municipal los retrasos que han impedido que el colegio número 20 haya podido a echar a andar en esta vuelta al cole. Preguntada por este asunto la concejal y anterior edil de Educación, María García (PSOE), ha justificado los cambios de ubicación en su voluntad de seguir el criterio de los técnicos en una gestión que llevó de forma conjunta con el entonces edil de Urbanismo, José Aix (Cs)
La primera opción que García y Aix barajaron ha sido precisamente la finalmente escogida por el gobierno PP-Vox. Entonces esta ubicación, explicó García, se descartó porque las aulas modulares eran de dos plantas y la parcela presentaba un elevado desnivel. Más tarde, se optó por el parking de la Zenia Boulevard, pero, según García, ningún técnico se prestó a dar su visto bueno a las obras en un espacio que suponía perder más plazas de aparcamiento de las que exigía como mínimo el Plan General. Por último, se optó por otra parcela entre las calles Madreperla y Lapislázuli, donde, defiende, no existía tampoco pendiente y solo hacía faltar asfaltar y meter la acometida de luz y agua.
Las explicaciones se han ofrecido en el marco de una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos que se llevan el pleno de este jueves. El ejecutivo del alcalde, Pepe Vegara, ha presentado su intención de aprobar una nueva modificación de crédito para el pago de facturas por un importe de 808.146,63 euros y un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1.508.278 euros de los que 1.143.726,73 euros irán destinados a saldar la deuda del Ayuntamiento con el Consorcio de Residuos.
«Estamos pagando deudas y solucionando problemas que nos han dejado porque creemos que no podemos trabajar de otra manera», insistió el regidor oriolano. En el pasado pleno de julio Vegara ya aprobó otra modificación de crédito de 12.557.771 euros destinados también para «tapar agujeros», calificó.
El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Orihuela continúa todavía en «una situación económica caótica» por lo que «estamos trabajando sin descanso para revertir esta situación« con la mira puesta, avanzó, en generar los ingresos suficientes para atender con tranquilidad todos los pagos y, en consecuencia, bajar el periodo medio de pago a proveedores.
En este Pleno también se espera aprobar la Cuenta General del año 2022. Con ese capítulo cerrado, el alcalde asegura que no renuncia a aprobar el presupuesto de 2023, mientras trabaja de forma paralela en el de 2024.
El PSOE ha denunciado este martes que el proyecto para la reapertura del paseo marítimo entre Cabo Roig y Aguamarina presentado al próximo pleno por el actual equipo de gobierno realmente se trataría, según aseguran, de un mero proyecto de obras que no se podría llevar a término, al menos en el corto plazo. La edil socialista María García ha comentado que en la comisión informativa de ayer, a escasos diez minutos de iniciar el debate del punto, recibieron un nuevo informe que variaba la propuesta inicial. «En la nueva propuesta se elimina la petición a Consellería para que se declare la urgencia de la expropiación de los terrenos para la ejecución del Proyecto Básico, una solicitud necesaria para poder ejecutar de inmediato las obras sin tener que esperar a resolver la expropiación que es un procedimiento bastante lento y largo a no ser que se llegue a un acuerdo inmediato con los vecinos».
Esta situación, según la edil, tuvo que modificarse porque el expediente estaba incompleto «no existe retención de crédito por parte del ayuntamiento ni para acometer las obras (38.305€) ni para lo que ha valorado el ayuntamiento para expropiar la zona (69.113.03€) un total de 107.318€, de hecho, el gobierno no sabe si quiera si tiene dinero en la concejalía de infraestructuras y Patrimonio para afrontar estos gastos o debe hacer una modificación de crédito que debe pasar por pleno. Tampoco existe la argumentación que motive la urgencia de ocupación de esos terrenos y esto evidencia que han trabajado muy poco».
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