Hubo irregularidades en la concesión de la ayuda a la asociación de comerciantes Apymeco en sus labores de intermediación con el Ayuntamiento de Torrevieja para organizar el bono consumo. Así lo sostiene la Agencia Valenciana Antifraude en su documento de conclusión de actuaciones de investigación tras una denuncia anónima que señalaba que el Ayuntamiento habría presuntamente modificado las bases 'ad hoc' para que esta entidad fuera la única que pudiera concurrir y optar a la subvención.
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El informe al que ha tenido acceso LA VERDAD señala que tras el estudio de la totalidad de la documentación requerida y obtenida por la Agencia Valenciana tanto del Ayuntamiento como a la asociación de comerciantes, se entiende por acreditado «un fraude de ley» en la actividad subvencional llevada a cabo por el Ayuntamiento en los años mencionados.
Según la Agencia Valenciana Antifraude la aprobación de las bases y, como consecuencia, la concesión de la ayuda a Apymeco estaría «viciada de nulidad de pleno derecho» en tanto y en cuanto, sostienen, se constata que la asociación de comerciantes, desde la condición formal de beneficiaria, habría efectuado contrataciones con terceros vinculados a la misma y sin previa autorización incumpliendo la Ley de Subvenciones.
Asimismo, la Agencia Valenciana da por probado un presunto fraude en la justificación efectuada por Apymeco al Ayuntamiento correspondiente a la facturas de este tercero contratado al no existir correlato con la factura justificadas y las declaradas fiscalmente hasta un importe de 37.691 euros correspondiente a las tres ediciones del programa bono consumo 2022 y de 70.179 euros correspondiente a las ediciones del programa durante el 2022. Un asunto que, abunda, puede derivar en la exigencia de reintegro de estas cantidades al Ayuntamiento que fue el perceptor a su vez de una ayuda de la Diputación de Alicante para la organización de estas campañas de dinamización del comercio local.
La entidad que persigue la corrupción en la Comunidad Valenciana dice también constatar un incumplimiento de las condiciones requeridas por la Diputación para el acceso a la financiación de las ayudas para la realización del bono consumo en Torrevieja y que, con ello, privó al Consistorio de las garantías y requisitos derivados de la concurrencia competitiva, «que debe estar presente con carácter general en la compra de servicios públicos en un intento de conseguir una aparente eficacia, que no eficiencia en la gestión de los fondos públicos».
La Agencia insiste de nuevo en que concurre, según la ley, la causa de reintegro de las cantidades contratadas por Apymeco a terceros y que, por todo ello, Antifraude, como organismo no de carácter judicial, lanza las siguientes recomendaciones al Ayuntamiento de Torrevieja. La primera es que revise la resoluciones de concesión de la organización del bono consumo a Apymeco y se le exija el reintegro por otorgamiento indebido de la subvención por importe de 283.218 euros. Instal al Consistorio a promover la revisión de las bases reguladoras y el procedimiento de aprobación de las bases y de la convocatoria al programa.
En el caso de optarse por la gestión del bono consumo mediante entidad colaboradora como hasta ahora, Antifraude avisa de que se deben exigir criterios objetivos de eficacia y solvencia. Y en caso de que el Ayuntamiento no quiera acudir a la gestión por entidad colaboradora, debe reconducir el procedimiento para un cumplimiento efectivo de los principios de concurrencia que exige la normativa de contratación del sector público. «Deberá reforzarse el control interno municipal», añade.
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La segunda recomendación es instruir por la Diputación de Alicante el oportuno procedimiento de reintegro por importe de 619.331 euros correspondientes a las cantidades financieras del programa de Bono Consumo del Ayuntamiento en 2022 por el incumplimiento del objeto de las convocatorias.
La Agencia ha concedido un plazo de tres meses para que Apymeco informe al director de la agencia sobre la iniciación de las actuaciones recomendadas o en su caso sólo los motivos que pudieran impedir actuar de acuerdo con tales recomendaciones. También pide al Ayuntamiento y a la Diputación que den prueba de que han cursado la petición de reintegro.
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