La alcaldesa de Orihuela destituye al concejal de Infraestructuras, investigado por prevaricación

Fin a la trayectoria de Ángel Noguera como edil de Infraestructuras. Apenas 48 horas han pasado desde que saltara la bomba en forma de citación judicial y la respuesta no puede ser más contundente. La alcaldesa, Carolina Gracia, ha ordenado este sábado la revocación de todas sus funciones de gobierno. Han sido horas frenéticas en la sede de los socialistas. Reunidos en multitud de ocasiones, llevaban barruntándolo desde el mismo miércoles que se tuvo conocimiento de la noticia. Y esperando, pues, a que Ciudadanos diera el primer paso. Ayer la formación naranja, sin embargo, hacía en un comunicado una férrea defensa de la gestión del edil, a juicio de ellos, en plena persecución. Inmerso, describen, en una caza de brujas.

Pero lo cierto es que la situación cada vez se hacía más difícil de sostener desde el ala socialista del Ejecutivo municipal. La cuerda se había tensado mucho con dos miembros del gobierno, los dos de Ciudadanos, investigados ya formalmente: la concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné, y el edil de Infraestructuras, Ángel Noguera. En el caso de este último, además, por dos causas distintas. Una de ellas por la gestión del contrato de mantenimiento de parques y jardines, y otra, por el de reparación de viales, ambos en la costa, donde por todos era sabido que Noguera no era bien recibido por las asociaciones vecinales.

En octubre, cuando Boné y Noguera, fueron citados a declarar para el pasado mes de marzo, ambos se libraron carear con el juez gracias a que la huelga de letrados aplazó su declaración en los juzgados de la plaza Santa Lucía. Todo nació tras una denuncia de Cambiemos ante la Fiscalía por un delito de prevaricación administrativa tras, presuntamente, haber consentido que prestara sin contrato el servicio de mantenimiento de zonas verdes de la costa. Y todo pese a contar con informes en contra de Intervención municipal a las facturas que presentaba la empresa.

El segundo caso afectaría, por contra, al mantenimiento de viales. Prestado hasta ahora por la empresa Zaplana Caselles, Noguera en exclusiva estaría acusado presuntamente de guardar en un cajón las facturas por servicios ya prestados y presionar a la mercantil a través de un subordinado para que ejecutará servicios fuera de los pliegos del contrato. En este caso, además, la denuncia de la empresa (a la que se unió más tarde el PP) va con grabaciones de un técnico designado por Noguera en las que insistía a Zaplana Caselles a que accediera a las peticiones del edil de Infraestructuras a cambio de «agilizar» el pago de las facturas pendientes de abono. Y, a sabiendas, añadía el funcionario en el audio, de que eso «no está bien».

Tras los dos escándalos, la respuesta ayer desde Ciudadanos fue exclusivamente la petición de Noguera a la alcaldesa de ser apartado de la gestión de este último contrato hasta que no se diera por zanjado este procedimiento judicial. Una respuesta que, a la vista está, no ha satisfecho a Gracia que, más bien, esperaba su dimisión.

Para los naranjas la denuncia interpuesta por el PP es «meramente electoralista y revanchista» y responde a una venganza personal por la moción de censura. En este sentido, reprochan el portavoz popular, Rafael Almagro, que ordenara, dicen, el pago de las facturas obviando los informes técnicos, así como alegan que la empresa Zaplana Caselles no cumplió con el pliego a no tener unas instalaciones fijas en la costa.

Se desconoce qué consecuencias puede tener esta decisión personal de la alcaldesa en el futuro del Gobierno municipal y si, finalmente, Ciudadanos decidirá romper el pacto que les une a los socialistas desde hace casi un año.

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