El alcalde de Orihuela manifiesta a Antifraude su «absoluta confianza» en la gestión de las zonas verdes

El equipo de gobierno cierra filas en el caso del contrato de las zonas verdes de la costa. El mantenimiento que salió a licitación en el pasado mandato está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza lleno de obstáculos que están impidiendo su adjudicación y, con ella, poner fin a la irregularidad de mantener el servicio. Este funciona sin contrato desde hace casi seis años. LA VERDAD ya avanzó que una empresa, la que resultó mejor valorada, ha trasladado un escrito de recusación contra buena parte de los miembros de la Mesa de Contratación. Pero la posición, al menos por parte del alcalde, Pepe Vegara, ya estaba tomada de antemano.

En un escrito de respuesta a la Agencia Valenciana Antifraude, al que ha tenido acceso este periódico y fechado el 18 de julio, el regidor expresa su «absoluta confianza» en el secretario y el presidente de la Mesa de Contratación ante las acusaciones del técnico municipal redactor del único informe de valoración de ofertas existente, que acusa a estos de buscar «un informe a medida». «Como alcalde le manifiesto el convencimiento de que su labor (la de la Mesa) en la valoración de las ofertas ha sido absolutamente escrupulosa e independiente, dirigida a obtener la mejor oferta para el Ayuntamiento».

Así, el regidor oriolano informa a la agencia autonómica de la existencia de la otra denuncia, avanzada también por este periódico, de parte de la Mesa contra la mercantil que resultó la mejor valorada. «Consideramos inaceptables las conductas de determinados actores del procedimiento de contratación tendentes a intentar condicionar el resultado del proceso de licitación pública, dificultando las labores de la mesa de contratación, y consideramos que precisamente son esas conductas las que deberían ser investigadas, y no las actuaciones de la Mesa», recalca Vegara.

En el mismo documento el Ayuntamiento responde a los requerimientos de Antifraude sobre la motivación que llevó al Consistorio a solicitar un informe de valoración a un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y el currículo del docente.

El Ayuntamiento ha aportado el acuerdo de la Mesa en el que se decide hacer el encargo a dicho profesor como integrante del equipo de investigación en Economía Agraria de la universidad. A continuación, el contrato menor que se inició para costear el encargo. Y aporta también varios correos personales entre el secretario y el docente a fin de recabar tanto el currículo como la declaración de ausencia de conflicto de interés.

También se adjunta el escrito en el que este profesor confiesa que desiste del encargo por «la influencia que una de las empresas que participa en este concurso intenta ejercer, al enviar a mi Universidad correos en los que dice que no está de acuerdo con que haga el informe».

Más allá de las acusaciones mutuas de un lado y otro por supuestos intereses en la adjudicación del contrato, la resolución de esta investigación en curso en Antifraude pasa por corroborar si, como sostiene el técnico municipal denunciante, el profesor no tenía la formación necesaria para valorar el contrato; y, por otro lado, que no haya tacha alguna en la motivación que llevó a escoger a este profesor en concreto y no a otro con similar cualificación.