«La maternidad nos expulsa del mercado laboral». La afirmación de Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres, pone en el centro del debate público la ... incidencia negativa de la maternidad sobre la participación de la mujer en el mercado laboral.

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«Cuando llega la maternidad –argumentaba a LA VERDAD la también promotora de la asociación Yo no renuncio– se espera de nosotras que trabajemos como si no fuéramos madres y seamos madres como si no trabajáramos».

Esa encrucijada a la hora de elegir entre ser madre o trabajadora o de conciliar ambas facetas, aun a sabiendas de la repercusión negativa que la maternidad puede tener en su trayectoria profesional, es, a mi modo de ver, la principal desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y pone en cuestión que la mujer sea realmente libre a la hora de decidir sobre su maternidad, al toparse con unos problemas que condicionan esa decisión y le llevan desde la renuncia a la maternidad a su retraso; la adaptación de su situación laboral a su nueva condición mediante excedencias, reducciones de jornadas o empleos a tiempo parcial, e incluso a salir definitivamente del mercado.

España es uno de los países con mayor porcentaje de mujeres que dice no trabajar por razones familiares, y en el que las mujeres son las que mayoritariamente se acogen a las medidas legales destinadas a conciliar vida laboral y familiar, como permisos retribuidos por cuidado de menores o reducciones de jornadas y excedencia por hijos; también las que concentran las tres cuartas partes del empleo parcial o posponen su promoción profesional cuando son madres. Según la Encuesta de Fecundidad de 2018, casi la mitad de las mujeres entre los 18 y los 55 años retrasan la edad de tener hijos o no tienen los que desean por cuestiones laborales, de conciliación y económicas. Como consecuencia de todo ello se dan mayores problemas de infertilidad, mayores índices de prematuriedad o menor número de hijos, hasta el punto de que la natalidad sigue cayendo en picado en España, que ya es el segundo país de Europa con menos nacimientos, un 21,9% menos que en 2016.

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A pesar de los grandes avances conseguidos, sorprende negativamente que estas dificultades persistan en nuestro país en pleno siglo XXI, cuando las mujeres llevamos décadas en el mundo del trabajo, demostrando las mismas capacidades que los hombres, sin abandonar la responsabilidad del ámbito doméstico.

La adaptación de la mujer a un mercado de trabajo dominado por los hombres y diseñado para trabajadores con plena disponibilidad laboral, no ha tenido su correlato en la prestación de servicios públicos, de manera que la atención a lo doméstico o al mundo de los cuidados sigue recayendo sobre la mujer, considerada responsable última y en muchos casos única del ámbito familiar, a costa de su propia renuncia personal y gracias a un apoyo familiar, prestado casi siempre por mujeres.

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Las consecuencias trascienden el ámbito de lo particular y afectan a lo colectivo. La mujer que opta por la maternidad y se ve obligada a renunciar al trabajo o a reducir su participación, sufre un empobrecimiento, una merma de recursos económicos, y una pérdida de autonomía. La dependencia absoluta del varón se convierte en una cadena difícil de romper aun cuando existan malos tratos. Y esas situaciones empobrecen a su vez a una sociedad que se permite el lujo de despreciar las aportaciones y el talento de la mitad de su población.

Abruma el silencio de sindicatos y de los movimientos que dicen defender a la mujer respecto a esta realidad palpable que sufren miles de mujeres, así como la lenta y deslavazada respuesta de las instituciones públicas a una realidad insoslayable que precisa de medidas decididas y urgentes para que la conciliación familiar y laboral sea real y no exclusiva de quienes puedan pagarla: desde mayores recursos públicos para lograr la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mayor número de residencias de la tercera edad, servicios extraescolares o de apoyo a la dependencia; hasta iniciativas tendentes a racionalizar los horarios y las condiciones de trabajo, sancionar a las empresas o instituciones que no faciliten la conciliación o a educar en la corresponsabilidad.

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Porque mientras la maternidad continúe estando penalizada en el ámbito laboral y condicionada por las exigencias e imposiciones de la sociedad y del mercado, ninguna mujer será enteramente libre para ejercer su derecho a decidir y no habrá verdadera igualdad.

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