¿Se imaginan una institución cuya jefa de Personal responda despreciativamente al empleado que viene a presentarle una iniciativa que «a ti no te pagan ... por pensar»? ¿De qué manera afrontan su día a día los funcionarios de un parlamento que, pese a ser el templo de la palabra y elaborar leyes, rehúye el diálogo social y no respeta la normativa?

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La institución que describo es la Asamblea Regional de Murcia, con servicios en precario por falta de personal, cuya plantilla formada otrora por profesionales entusiastas, se ha transmutado en un reducido grupo de empleados, sin más horizonte que una anhelada jubilación por la falta de promoción interna y la toxicidad del ambiente imperante.

Nadie habla, sin embargo, de esta realidad que subyace bajo el oropel de la escena parlamentaria, y lo que es más grave, a nadie parece importarle. Ni siquiera a los propios diputados, aun siendo conscientes de que el trabajo del funcionariado es clave para que ellos puedan realizar el suyo.

La situación no es baladí y se ha cobrado distintas víctimas: bajas por ansiedad o depresión en número suficiente como para preguntarse qué está pasando, y una continua fuga de profesionales cualificados; la última, la jefa de los Servicios de Gestión Parlamentaria, Publicaciones y Archivo, la sala de máquinas de la Asamblea, en excedencia voluntaria, sin derecho a contraprestación económica, para preservar su estabilidad emocional.

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Resulta curioso que en la legislatura pasada se firmara un protocolo contra el acoso sexual, aun cuando en mis 33 años en la Asamblea no he conocido ningún episodio de este tipo, y sin embargo no se haya firmado uno contra el 'mobbing', del que me constan varios casos, en uno de los cuales, bajo el mandato de Rosa Peñalver, la víctima fui yo.

Las vacantes que por una u otra razón se producen no se cubren con agilidad por la ausencia de convocatorias y la inexistencia de una bolsa de trabajo. La solución 'marca de la casa' es el reparto de las tareas de los ausentes entre los que permanecen, aunque sean de superior categoría o la situación de provisionalidad dure meses e incluso años, sin contraprestación económica alguna, como normativamente está estipulado, ni por supuesto un apunte en su expediente, al que no tienen acceso directo.

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El desinterés de sus señorías por los asuntos 'domésticos' de la Asamblea, empezando por distintos presidentes y siguiendo por la mayoría de los diputados, no tiene justificación. Por más que la letrada-secretaria general y jefa de Personal, Encarna Fernández de Simón, haya cortocircuitado los posibles encuentros entre diputados y funcionarios, existe una cercanía física que permitiría sondear el estado de ánimo y de opinión del personal, y actuar en consecuencia.

Presumo, sin embargo, que esa indiferencia obedece a un afán por no complicar sus relaciones con quien autoriza y canaliza todas las concesiones que se hacen a los grupos parlamentarios y a los propios diputados, desde las relacionadas con la tramitación y organización parlamentaria a la simple disponibilidad de un móvil o un iPad. O, lo que es peor, que compartan con ella su modo de dirigir la Asamblea y prioricen la disponibilidad de una plantilla desarbolada a los daños personales que colateralmente puedan derivarse de su gestión.

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La situación se agrava si comparamos el considerable aumento del número de cargos de confianza desde 2011, que ha subido de 18 a 36, con el decrecimiento de la plantilla de funcionarios que, a pesar de la mayor carga de trabajo, ha pasado en el mismo período de tiempo de 63 a 47, 46 en junio, tras una nueva jubilación.

En una segunda derivada, la cicatería con que se responde a cualquier petición de mejora en los distintos servicios se troca en pólvora de rey cuando se trata de los grupos parlamentarios, y el control enfermizo, que se ejerce sobre el funcionariado, desaparece respecto a los trabajadores de los grupos, con distinta disponibilidad, condiciones, privilegios y horarios.

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Se constituyen así dos plantillas paralelas, pagadas de un mismo fondo común, los presupuestos de la Asamblea: la de los funcionarios de carrera, cada vez más exigua, y la de los cargos de confianza, cada vez mayor, hasta el punto que si en 2011 representaban el 22,89% de la plantilla, alcanzan hoy el 43,90%.

Esta es a grandes rasgos la otra cara de la Asamblea Regional. Un parlamento precursor de numerosas iniciativas, que pudo alcanzar la excelencia, con buena parte de su plantilla sumida hoy en la decepción y en el desánimo. Algo que, a mi modo de ver, es fiel exponente de la forma de actuar de nuestros gestores, que, teniendo junto a ellos el problema y la posible solución, hacen oídos sordos, aunque lo que esté en juego sea la estabilidad física y emocional de quienes trabajan para ellos y junto a ellos.

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