El Tribunal Supremo se ha estrenado tras su difícil renovación con algunas decisiones importantes que rectifican acuerdos políticos polémicos y, sobre todo, avisa que las negociaciones entre los partidos y sus conveniencias parlamentarias y electorales están sometidas a un dictamen superior del que no deben ... olvidarse. Para empezar, ha revisado la sentencia del 'procés' después de los indultos y de la supresión de las leyes de sedición y malversación, pactadas previamente entre el Gobierno y los independentistas, y las ha rectificado de manera clara.

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Ha invalidado el recorte del plazo y los líderes del intento del golpe de Estado de 2017 permanecerán incapacitados para volver a desempeñar cargos públicos o competir en elecciones para alcanzarlos. La sonrisa con que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras abandonó indultado la prisión, acortada la incapacitación sin disculparse de nada y anticipando que volvería a intentarlo, aún tendrá bastantes años que hacerse esperar. Y lo mismo les ocurre a otros tres compañeros, beneficiados por el indulto y comprometidos con la reincidencia en el delito. Nunca es deseable que alguien sufra castigos que limiten su libertad en la vida, pero observar que la justicia, a pesar de su crisis institucional, continúa funcionando, no puede menos que tranquilizar.

Analizando la sentencia desde el desconocimiento de sus matices jurídicos, la primera conclusión es que desaparece esa sensación que los últimos acontecimientos habían dejado de que uno de los tres poderes del Estado había perdido su autoridad, además de la de organizarse, frente a los otros dos a la hora de elaborar leyes a su conveniencia política y en función de su trapicheo para aprobarlas. Esta sentencia deberá recordarles a los partidos y sus dirigentes que no solo hay que cuidar su contenido, sino también respetar los trámites a seguir como el de la consulta, en algún caso olvidada, al Consejo de Estado.

Lo que ocurre con la ley tan paradigmática del 'solo sí es sí', que en la demora de su reforma estará haciendo que más violadores de los ya beneficiados están deseando que se retrase, es otro ejemplo de que la justicia ordinaria, ajustándose al instrumento legal que el Parlamento puso en sus manos, actúa en consecuencia dejando ante la opinión pública otro ejemplo de que semejante aberración no se debería haber producido. Mientras esperaremos que el nuevo Tribunal Supremo se pronuncie sobre otras leyes polémicas viviremos en la incertidumbre sobre su futuro legal y las consecuencias que puedan derivarse.

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